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Empleados denuncian “arreglos” en polémica subastaOfertas en “autolote” legislativoUna subasta de acceso sólo para empleados de la Asamblea y diputados pone en duda la transparencia del proceso. Bernardo Valiente
La directiva de la Asamblea Legislativa acordó subastar un lote de 12 automóviles en una venta cerrada en la que ellos mismos decidirán, en secreto, quiénes fueron los mejores postores. El jueves 9 de agosto aparecieron diversos avisos en el palacio legislativo, anunciando la subasta. Los rótulos, sin embargo, no dicen que es “privada”, como sí lo aclara el instructivo emitido para tal efecto. LA PRENSA GRÁFICA consultó con algunos empleados. Varios denunciaron que ya todo está arreglado y que la subasta no es tal. Un directivo, Aristides Alvarenga, admitió que el proceso podría carecer de plena transparencia, y se comprometió a buscar que se haga pública. Ésta sería la primera vez que la Asamblea hace subasta “privada”. Los empleados explicaron que en ocasiones anteriores fueron públicas y desconfían, además, de que en la comisión que decidirá a los ganadores habrá tres directivos. “Tenemos conocimiento de que los tres carros Nissan Sentra año 1994 ya están reservados para igual número de diputados”, dijo el asistente de una de las fracciones, quien por temor a represalias pidió se guardara su identidad. Entre éstos se encuentra el placas P-259-767, color blanco, con precio base de mil 936 dólares, asignado en las vacaciones de agosto al diputado de ARENA Rafael Arévalo. Quizás los más llamativos son varias camionetas todoterreno modelo Musso con sólo 5 años de uso y con precios entre 3 mil 277 y 6 mil 286 dólares. También está en venta una camioneta Pathfinder año 1991, con precio base de 3 mil 875 dólares. Un motorista que la tuvo a su cargo por algún tiempo reveló que justo antes de la subasta la repararon y que está “apartada” para un directivo. “Ahora está nítida, con todo funcionando, hasta casetera y aire acondicionado nuevos”. El 31 de julio pasado, el presidente de la Asamblea, Walter Araujo, anunció que la subasta sería pública. Alvarenga aceptó que el mecanismo de subasta privada deja en desventaja a los empleados. Proceso cuestionadoSubasta “privada”
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