La Iglesia Católica lanzó ayer una fuerte condena contra los secuestradores
del sacerdote Rogelio Esquivel, de 59 años de edad, al tiempo que demandó a
los plagiarios respetar la integridad física de la víctima. La Asamblea Legislativa,
la feligresía del sacerdote y varios funcionarios públicos se unieron a la condena.
Autoridades eclesiásticas sospechan que en el plagio de Esquivel está involucrado
un empleado de la parroquia de la Inmaculada Concepción, de Santa Tecla.
Los feligreses que van todos los días a la misa de 7:00 a.m. se sorprendieron
al no ver al padre Rogelio Esquivel. Al principio creyeron que el sacerdote
estaba enfermo. La noticia, para muchos, llegó desde el púlpito: el cura que
ofició la misa pidió una plegaria por el pronto retorno del padre Esquivel,
quien había sido secuestrado la noche anterior.
El ex alcalde de San Salvador Mario Valiente advirtió ayer que el contrato
firmado para la ejecución de la incineradora de basura fue legal y quedó vigente
cuando él dejó la alcaldía. “Ése es un tema eminentemente mercantil y así debería
quedar”, dijo el ex funcionario. El ex jefe municipal cree que la actual administración,
presidida por Héctor Silva, “aparentemente ignoró” el contrato.
La Fiscalía pidió, ayer, la instrucción formal sin detención en contra del
propietario de un agroservicio donde se decomisaron 107 sacos de abono japonés.
Mario Alvarenga, dueño del agroservicio “El Agricultor”, ubicado en Cara Sucia,
Ahuachapán, fue detenido el pasado viernes, luego de un operativo policial para
detectar el abono robado de las bodegas del Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
de Acajutla.
La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo,
aseguró que el expediente que esa institución abrió para investigar la muerte
de Gerardo Villeda se encuentra en su etapa final. Gerardo Villeda fue secuestrado
el pasado 21 de junio y posteriormente fue asesinado por sus plagiarios. De
Carrillo aseguró a LA PRENSA GRÁFICA que el informe final y la resolución abarcará
el procedimiento policial y la situación actual de los reos que guardan prisión
por el homicidio del niño Villeda.
El padre de
un cadete de la Escuela de la Fuerza Aérea Salvadoreña denunció, dos meses antes
de la muerte del estudiante Erick Peña Carmona, los maltratos físicos que
existían en la institución. Peña Carmona fue asesinado a golpes el 31 de mayo
pasado. Los exámenes forenses practicados indican que murió a causa de varias
hemorragias provocadas por la golpiza.
Los asaltos ocurrieron con un intervalo de una hora. La Policía
presume que los mismos sujetos cometieron los dos robos. Los ladrones se
llevaron 9 mil colones de las dos gasolineras. El dinero correspondía a la venta
de combustible de la mañana. El primer asalto ocurrió a las 9:30 de la mañana en
una gasolinera de la ciudad de San Marcos, situada en el kilómetro 4 de la
carretera antigua a Zacatecoluca.
La cerveza se puede vender las
24 horas. No hay regulación para ella. La ordenanza capitalina está atada de
manos. El problema es que existe una ley que le impide abarcarla. Ésta es la Ley
Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y las Bebidas
Embriagantes, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 1996, la cual
permite la venta “libre” de bebidas con volumen hasta de un 6 por ciento.
El presidente de la Corporación
de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y alcalde de Santa
Tecla, Óscar Ortiz, reconoció que existe una gran limitante con la ley de
licores, emitida en 1996 por la Asamblea Legislativa. A su juicio, ése es un
punto que se tiene que discutir en la Asamblea Legislativa.
“Bienvenidos. Lotes disponibles.”
Con este rótulo a la orilla de la calle son recibidos visitantes y pobladores
del lugar. Sin embargo, las numerosas casas abandonadas y en venta hablan por
los habitantes. La aparente tranquilidad de la zona contradice los rostros
preocupados de las personas que temen ser víctimas de la delincuencia. Las
denuncias no son muchas. Poco o nada pueden hacer policías y vecinos frente a la
delincuencia que encuentra su trinchera en el temor de las personas a
represalias.
Camiones cisterna de los
bomberos, patrullas policiales y la sirena de una ambulancia de la Cruz Verde
eran parte del desconcierto vivido anoche en la comunidad El Éxito, en el
kilómetro 3 de la carretera que conduce a Los Planes de Renderos. Tres
viviendas de bahareque se incendiaron en cuestión de minutos. La mayoría de
personas logró evacuar las casas. Sin embargo, dos niños perdieron sus vidas en
el desastre.
Una menor de tres meses perdió su mano izquierda el sábado pasado, luego de
sufrir severas quemaduras en todo el cuerpo. Según uno de los cirujanos plásticos
del Hospital Bloom, José Guevara Ríos, la niña presentaba quemaduras en el 70
por ciento de su cuerpo. “La mano de la menor no tenía buena irrigación, es
decir, que los vasos sanguíneos que dan vida estaban quemados y el riesgo a
engangrenarse el resto del cuerpo era grande”, manifestó el profesional.
El Salvador no ha logrado incrementar el índice de lactancia materna. En 1990,
en la cumbre Mundial para la Infancia celebrada en Washington, se comprometió
a que en 2000 por lo menos un 80 por ciento de madres daría leche materna exclusiva
a sus hijos durante los primeros seis meses de vida. Sin embargo, a la fecha,
apenas alcanzó un 21.2 por ciento y en niños de 0 a 3 meses.
La directiva de la Asamblea Legislativa acordó subastar un lote de 12 automóviles
en una venta cerrada en la que ellos mismos decidirán, en secreto, quiénes fueron
los mejores postores. El jueves 9 de agosto aparecieron diversos avisos en el
palacio legislativo, anunciando la subasta. Los rótulos, sin embargo, no dicen
que es “privada”, como sí lo aclara el instructivo emitido para tal efecto.
Sólo un diputado cumplió ayer el deber de presentarse a la Comisión de Defensa
a las 9:00 a.m. El pecenista José Almendáriz, presidente de la comisión, vio
cómo la cita se frustraba por segunda vez en el mes debido a las inasistencias.
Otro legislador, el arenero Jesús Grande, le hizo un poco de compañía, pero
con 25 minutos de atraso.
Un grupo de jueces, que incluye a quienes supuestamente obtuvieron sus títulos
de abogados sin respaldo legal, quiere que el tema quede en el olvido. Para
eso pidieron ayer la ayuda de los diputados. La Fiscalía investiga el caso,
por la posibilidad de comisión de delito, pero los jueces creen que sólo ha
habido algunos inconvenientes administrativos.
Pidió la cabeza de un asesor legislativo. No le tiene confianza y nunca más
se la tendrá. Así lo dijo el presidente de la Comisión Legislativa que investiga
el problema del abastecimiento del agua, el pecenista Dagoberto Marroquín, quien
pedirá a la junta directiva que retire del grupo de trabajo al asesor Antonio
Núñez. Dicen que la tercera es la vencida, pero Marroquín sólo le permitió dos
yerros.
