Tras las rejas de un sistema ineficiente

Las leyes penales vigentes desde 1998 no cumplieron su cometido: acelerar el proceso legal de los reos sin condena, aplicar penas alternativas a la prisión e implementar beneficios penitenciarios para reducir el uso generalizado de la cárcel como castigo. Tres años después, la población reclusa, lejos de disminuir, aumentó.

Metzi Rosales
enfoques@laprensa.com.sv

La trifulca en el Centro Penal de Apanteos el 19 de febrero, con un saldo de dos muertos y 49 heridos, encendió otra vez la alarma.

Planteó de nuevo el problema del hacinamiento en las cárceles; pero, sobre todo, deja en evidencia la poca funcionalidad de las leyes penales.

Según la Dirección de Centros Penales, el sistema penitenciario tiene capacidad para internar a 7 mil 125 personas, pero actualmente alberga a 9 mil 656 reos; es decir, tiene un excedente de 35 por ciento.

De las 19 cárceles del país, 12 alojan a más reos de los que pueden atender. Apanteos es una de ellos.

Entre 1996 y 1997 se aprobaron los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal, y la Ley Penitenciaria.

La finalidad era acelerar el proceso legal de los 6 mil 453 procesados (el 70 por ciento del total de la población reclusa), aplicar medidas alternativas a la prisión y humanizar el trato en los penales, es decir, readaptar y resocializar a los internos.

Ni la sobrepoblación ni la mora judicial fueron superadas. Actualmente, hay un 5 por ciento más de reos, y el porcentaje de reclusos procesados aún es elevado: 57 por ciento.

La reforma

Para agilizar el proceso legal de los procesados se creó el Departamento de Reos sin Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). De abril de 1998 a febrero de 2002, la mora judicial disminuyó en un 14%. Pero el número de procesados sigue siendo alto, ya que cada año aumenta el total de la población reclusa y con ella el de reos sin condena.

Walter Aquino, jefe de esta oficina, reconoce que la mora judicial “es una grave vulneración de los derechos de las personas sometidas a prisión”. Y aunque desconoce cuál es el número de procesados con la antigua y la nueva normativa, asegura que de las 5 mil causas (delitos que se le imputan a los procesados) que recibió en 1998 han “hecho un esfuerzo muy grande y logrado llegar a 55 causas ” casi listas para sentencia.

Pero esto no se puede ver como un logro cuando hay 5 mil 171 procesados. A esta conclusión llegó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en un estudio publicado en julio de 2001.

“El Departamento de Reos sin Sentencia de la CSJ no ha cumplido con los objetivos ni con las expectativas con las que surgió, ya que a tres años de la entrada en vigencia de la nueva legislación penal, procesal penal y penitenciaria se mantiene el alto índice de personas privadas de libertad sin sentencia”, señala el documento.

Una libertad poco asistida

Las leyes penales de 1998 crearon también varias medidas tendientes a reducir el uso de las cárceles como castigo. Asimismo, garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Esto serviría para disminuir el hacinamiento y las condiciones infrahumanas en que guardaban prisión los reclusos. Las medidas alternativas a la prisión también contribuirían a la capacitación y reinserción.

El Código Procesal Penal estableció las medidas sustitutivas de la detención provisional: trabajos de utilidad pública; arrestos de fin de semana y domiciliarios; prohibiciones de salir del país, de concurrir ciertos lugares y de consumir drogas.

En el Código Penal quedaron plasmados los beneficios penitenciarios: la suspensión condicional de la ejecución de la pena y del procedimiento penal para sanciones que no exceden de tres años; la libertad condicional (para quienes cumplieron las dos terceras partes de la condena) y la libertad condicional anticipada (para quienes cumplieron la mitad de la pena).

Para dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas se crearon el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA) y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.

El DEPLA reporta que desde la entrada en vigor de las nuevas leyes penales 5 mil 693 personas son sujeto de las medidas alternativas a la prisión.

Esta unidad, que pertenece a la CSJ, tiene por ley la obligación de dar seguimiento al cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas a las personas en período de prueba.

Sin embargo, Douglas Moreno, jefe del DEPLA, no quiso dar a conocer cuántas personas han reincidido o violado las condiciones de libertad.

“Un porcentaje no se lo podría dar”, contestó.

Al repreguntarle si era porque no tenía las estadísticas de reincidentes, respondió: “No, no le podría decir que tengo 20 ó 30 por ciento, sería mentirle”.

Tres jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena —de los 10 asignados— informaron que de 580 personas sujetas de medidas alternativas a la prisión, sólo 37 incumplieron las condiciones.

Por reincidencia en la comisión del delito se encarceló nuevamente a siete personas. La mayoría cometió robos, hurtos y comercialización de drogas.

Las otras 30 irrespetaron prohibiciones como consumir alcohol, drogas, portar armas, violencia intrafamiliar y asistir a lugares que riñen con su readaptación.

Las contrareformas

Aunque desde 1998 cerca de 5 mil personas cumplen con medidas alternativas a la prisión, el hacinamiento no ha dejado de ser el principal problema del sistema penitenciario.

En un principio las leyes penales parecieron surtir efecto. De hecho, el 17 de abril de 1998, la población reclusa era de 9 mil 219; para diciembre del mismo año, se redujo a 6 mil 969 (un 24%). Y en marzo de 2000, disminuyó a 6 mil 892 (un 25%).

Pero este problema lejos de seguir a la baja se incrementó. Para el 13 de junio de 2001, la población reclusa era de 8 mil 913. Al 11 de febrero de 2002, de 9 mil 688.

Francisco Bertrand Galindo, ministro de Gobernación, explica que la Ley Penitenciaria de 1998 “fue un fenómeno de péndulo, que nos movió de un lado (inquisitivo) al otro (garantista)”.

Esto lo llevó a proponer la pena máxima de 75 años y eliminar los beneficios penitenciarios para quienes cometan delitos de mayor peligrosidad.

“Para la sociedad es más barato tenerlos (presos) los 75 años”, argumenta Bertrand.

Rodolfo Garay, director de Centros Penales, augura que las nuevas reformas penales implican volver al régimen inquisitivo y “aceptar una mayor cantidad de población para la cual no (nos) habíamos programado”.

La solución diseñada durante los 90 para enfrentar el problema penitenciario, simplemente, se descartó.

El Presidente de la República, Francisco Flores, lo confirmó después del motín de Apanteos. “Nunca habíamos capturado tantos ladrones, delincuentes, secuestradores. Eso plantea un problema de espacios y de organización en los penales”, afirmó.

El régimen que nunca progresó

La palabra hacinamiento se queda corta cuando se ingresa al sector de dormitorios de la Penitenciaría de Ilobasco. Cuatro hileras de camarotes y nada más, no hay espacio para otra cosa. Allí duermen 45 reos.

En el pequeño patio, que más parece un pasillo, dos internos escriben poemas; la mayoría conversa y otros hacen manualidades en el patio o lavan su ropa.

La pared del fondo, que algún día tuvo pintura blanca, luce las figuras de esbeltas modelos que han sido recortadas de algunas revistas y de los periódicos.

En río revuelto

En una mesa, tres internos apagan la radiograbadora, y comienzan a contar sus historias.

Recuerdan que mientras estuvieron detenidos provisionalmente fueron compañeros de personas condenadas por diferentes delitos. Nunca pusieron un pie en un Centro Preventivo, tal como lo establece la Ley Penitenciaria. Tampoco fueron separados por edad o por problemas de convivencia.

Luego de ser condenados fueron trasladados a distintas cárceles. Nunca fueron a un Centro de Admisión en el que los Consejos Criminológicos Regionales debían hacer un diagnóstico para determinar el régimen, tratamiento y el centro en el que debían cumplir su pena.

La Ley Penitenciaria establece que deben funcionar cuatro centros de cumplimientos de penas: los ordinarios, los abiertos, los de detención menor y los de seguridad.

El perfil criminológico y el delito cometido sirven para clasificar y ubicar al reo en uno de éstos.

El proceso de readaptación y reinserción se hace a través de cuatro fases: adaptación, ordinaria, de confianza y de semilibertad. Y aunque los delitos que cometieron estos dos internos son distintos (asociaciones ilícitas, robo agravado y homicidio doloso), permanecen en Ilobasco hacinados en un mismo sector.

La separación de reos no ha llegado aún a este penal. Ni a los otros 18 que existen en todo el país. Las fases de readaptación y reinserción, menos.

Rodolfo Garay Pineda, director de Centros Penales, asegura que las evaluaciones para clasificar a los reos están listas. Y que la separación física se hará el 30 de marzo.

Esto contrasta con lo expresado por cinco jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, quienes solicitaron desde enero los dictámenes de 329 penados que pueden aplicar a los beneficios penitenciarios; no han recibido una respuesta a la fecha.

Francisco Bertrand Galindo, ministro de Gobernación, justifica el retraso en “el cuidado que los consejos están queriendo tener para que los que se beneficien de la política (no) terminen siendo reincidentes o violen la misma regla”.

Acumulación de muertes y enfermedades

Los amotinamientos, las enfermedades comunes y el sida son las principales causas de fallecimiento tras las rejas.

Entre los años 1997 y 2001, la Dirección de Centros Penales registró la muerte de 130 reos (ver gráfico).

La sobrepoblación y la deteriorada infraestructura de los centros penales provocan también el padecimiento de enfermedades infectocontagiosas y, en algunos casos, la muerte de los internos.

Las infecciones respiratorias agudas, gastrointestinales y dermatitis (hongos) son las más comunes. El año pasado, 9 mil 147 internos consultaron por enfermedades respiratorias; mil 601 por problemas de gastritis y mil 212 en la dermis.

Ana Guandique, jefa del departamento de Servicios Médicos y Odontológicos de la DGCP, explica que es difícil dar un tratamiento en el caso de la tuberculosis y el sida, porque la mayoría de personas padece éstas desde antes de ser recluida. Además el presupuesto que tienen asignado, 4 millones 303 mil 939 colones, es sólo para medicamento básico.

Entre la marginación y la exclusión social

El director general de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, sostiene que no tiene los recursos para crear el Centro de Coordinación Poscarcelario, que debe ayudar a la reinserción social de los reclusos.

La primera vez que estuvo preso tenía 21 años. “Luis” disparó dos veces en la sien a uno de sus “compa”. Le dieron la orden de eliminarlo por soplón.

Ambos eran miembros del Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Pero “Luis” no cumplió su cometido; el sujeto sobrevivió y posteriormente lo denunció.

A los dos meses, en junio de 1987, fue detenido provisionalmente en el Centro Penal La Esperanza, Mariona. Y aunque dice que nunca fue víctima de los demás reos, por su “estatus político”, recuerda que ahí vivió las experiencias más crudas de su vida.

Vio cómo los internos se mataban, violaban y robaban entre sí. “A mí me daba miedo. Me di cuenta de que era un infierno”, enfatiza.

La soledad y la desesperación le invadieron durante los tres años que estuvo recluido. Pero nunca se arrepintió de lo que hizo. Todo lo contrario.

“Me arrepentí de que no se murió”, afirma.

De regreso a... Mariona

La libertad le duró casi lo mismo que el tiempo en prisión. Al salir de Mariona en 1990, terminó el bachillerato, se casó y buscó trabajo. No le fue fácil. Los antecedentes penales le cerraban las puertas.

Comenzó a trabajar en bienes raíces con su esposa. Pero la falta de un sueldo fijo y sus ex compañeros lo metieron en una red de traficantes.

Ganaba 6 mil colones por cada carga de coca que pasara de El Salvador a Guatemala.

“Una cantidad así, nunca la había tenido en mis manos. Compré dos carros, casa y electrodomésticos”, recuerda.

Después se dedicó a vender droga en el país. Eso bastó para que en marzo de 1994 regresara a Mariona.

Al año de estar procesado le notificaron que estaba condenado a 12 años. En ese momento, “se me vino el mundo abajo”, dice.

La tarea de reinsertarse

Su segundo paso por la cárcel le sirvió para acercarse a Dios, tallar letras en madera y asociarse con otros reclusos para exigir un trato digno al interior del penal.

En mayo del 98, recobró su libertad.

Las nuevas leyes penales y sus 12 diplomas de buena conducta le valieron para dejar Mariona nuevamente.

Al salir del penal se encontró nuevamente con la marginación y exclusión social.

“Me volví a topar con el mismo problema: todo mundo cree que soy delincuente”, lamenta.

A los meses consiguió trabajo como guardaespaldas de un diputado. Después regresó al negocio de las hipotecas. Hasta que consiguió trabajo en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Renunció porque no le gustaron algunas acciones como el desalojo de vendedores.

Desde hace un año es auxiliar en la Asociación de Ex Internos Penitenciarios de El Salvador (AEIPES) que está integrada por 16 personas. Ninguno recibe remuneración.

De los 16, siete tienen empleo fijo y los demás son comerciantes en pequeño o vendedores ambulantes. “Luis” es el único desempleado, pero recibe una ayuda mensual (900 colones) de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Una reinserción tímida

En Mariona, Confraternidad Carcelaria ha capacitado en computación a 800 reclusos.

El año pasado, esta ONG contrató a siete ex internos, quienes trabajan en el procesamiento y comercialización de café y ubicó a ocho en otras empresas.

Esta función de reinserción social es competencia del Centro de Coordinación Poscarcelario, que debió ser creado en 1998 por la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

Rodolfo Garay Pineda, director de la DGCP, justifica que el centro no se ha formado por falta de presupuesto.

“No han existido recursos financieros para crear las plazas. En los próximos meses vamos a comenzar con los pocos andrajos de recursos que tenemos”, explica.

El concreto de“máxima seguridad”

Para las autoridades el problema carcelario es de espacio y seguridad; por eso se está construyendo una nueva casa para los reos considerados más peligrosos.

El concreto se volvió el aliado perfecto de la Dirección General de Centros Penales. Y el compañero inevitable de los 450 internos que serán confinados en el Penal de Máxima Seguridad que se edifica en Zacatecoluca.

Paredes, techos, literas, mesas, bancas, inodoros y lavamanos serán de concreto.

Las lámparas serán especiales, “contra actos vandálicos”, tal como informó Rodolfo Garay Pineda, director de Centros Penales.

Y habrá un circuito cerrado de televisión y, en el perímetro, rejas con 18 mil voltios. Cuatro muros impedirán el contacto de los reos con el exterior. Además habrá 15 casetas de vigilancia ubicadas alrededor del recinto.

El Penal, que se construye en un terreno de 4 manzanas a un costo de 95 millones de colones, será de dos plantas.

En la primera, habrá dos edificios. En el izquierdo estarán las oficinas administrativas, los dormitorios y el comedor de los empleados del recinto, cuatro clínicas para el chequeo de los reos, la enfermería y el área de visita.

Ciento por ciento aislados

Los reos no tendrán contacto físico con los familiares que los visiten. Una especie de vidrio blindado servirá como división y se comunicarán por teléfono.

En el ala derecha estarán ubicados cinco pabellones. Cuatro de celdas comunes y uno para celdas de castigo. Serán independientes, separados por un muro de concreto. Y cada uno tendrá su propio comedor. Así se evitará el contacto entre ellos.

Además, tendrán restringida la libertad ambulatoria. Y prohibida la visita íntima.

Las 23 celdas comunes de cada pabellón tendrán una medida de 2.9 metros de ancho por 3.5 metros de largo. La cama estará empotrada al lado izquierdo o al derecho; atrás, una mesita de lectura y, frente a ésta, el inodoro y el lavamanos. Al final del pasillo estarán las regaderas.

Las 32 habitaciones de castigo son un poco más angostas.

La segunda planta tendrá cinco pabellones distribuidos de la misma forma y un helipuerto de 226 metros cuadrados.

Los pabellones tendrán un sólo pasillo que los comunique con el área administrativa.

Allí llegarán los internos considerados de alta agresividad; pero tipificados así no por un estudio del perfil psicológico, sino por el delito que cometieron. Los que participaron en narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado, violación, secuestro o reincidentes.

No tendrán programas de rehabilitación, pues los funcionarios consideran que son casos perdidos. “A un ladrón que ya lleva diez veces entrando no lo vamos a cambiar, tendría que pasar algo místico; sus valores están bien arraigados, es bien difícil que podamos asumir que lo vamos a cambiar”, dice el ministro de Seguridad Francisco Bertrand Galindo.q