Inmigrantes y antiterrorismo en Estados Unidos

Enarbolando la bandera de la lucha antiterrorista, Estados Unidos ha promulgado leyes que violan los derechos fundamentales que tanto ha protegido esa nación.

Carlos Toledo
departamento15@laprensa.com.sv

Lilian G. es una salvadoreña que sufrió los excesos policiales en Las Vegas, Nevada, por ser inmigrante y no hablar inglés.

Mayo 2. Los Ángeles. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 endurecieron las leyes en Estados Unidos. Ahora los inmigrantes están desprotegidos sin los derechos constitucionales y los más vulnerables son los indocumentados. El siguiente relato es una muestra de ello. Es real y sucedió a una compatriota de San Salvador, cuyo nombre no revelaremos. El lugar es Las Vegas, Nevada, estado de casinos, pero donde no es un juego no portar documentos.

“Me llamo Lilian G. y vivo en las Vegas con mi hermano. Él es mecánico y se gana la vida con esto. Una noche salí de su casa en mi carro con mi mami y mi cuñada. La plática era amena y recordábamos lo que vivimos en nuestro país. Íbamos a comprar algo de comer, eran como las 10 de la noche. Por la prisa olvidé mis documentos, aparte de que el supermercado quedaba cerca. Gran error.

El semáforo se disponía a ponerse en rojo, yo aceleré un poco más y pasamos. Seguimos manejando, de repente, mi cuñada me preguntó si las luces de atrás nos las estaban poniendo a nosotros. Era la Policía de Las Vegas que me hacía señales para que me detuviera. Pronto el tipo estaba en mi puerta pidiendo mis papeles.

El oficial era un hombre de raza blanca, grande, de unos 42 años y vestía impecablemente. ‘License and registration’, dijo. Yo no hablo inglés, ¿qué dice?, le preguntaba yo a mi cuñada. El oficial se irritó porque pensaba que lo ignoraba y empezó a gritarme. Al no obtener respuesta el oficial abrió la puerta, me sacó y me puso las esposas. Luego habló con mi cuñada y yo asustada corrí y otra patrulla me interceptó. Segundo gran error.

En la delegación nos detuvieron, nos tomaron huellas y nos metieron en un cuarto. Un detective llegó y nos interrogó. Nos tuvieron así tres horas sin derecho a llamada y sin darnos la oportunidad de tener un abogado. Yo sé que eso es irrenunciable aquí. A mí me hablaban fuerte y me decían que no hablara español. Semejante hijo de... pensaba.

‘Shut up! Shut up!’ (cállate) me decía, me salían lágrimas de los ojos y me mandaron a sentar a un sillón aparte.

Me llevaron esposada con grilletes en manos y piernas a otra estación, no sé cuál, allí nos pusieron a todas en línea y vi que se quitaron la ropa, bueno, me quedo en ropa interior, pero no, nos quitamos todo, hasta lo último. Yo como no entendía hacía lo mismo que las demás. Todas éramos mujeres, pero quien estaba enfrente era un hombre. Estando desnudas, completamente, el oficial hombre nos dijo que nos inclináramos hacia el frente, que abriéramos nuestras partes íntimas y que tosiéramos. ¡Qué humillante, ni en mi país!

Niños portan pancartas alusivas a una campaña contra las redadas del Servicio de Inmigración.

El agua era helada, así como es aquí. Nos metieron a todas juntas en un cuarto, yo miraba hacia arriba y sólo se veía las duchas, en eso el agua empezó a caer. Gran susto. Lo peor pasó, pensé, pero no. Me llevaron a una celda como con 30 personas, pero ahí sólo cabían 10 personas máximo. La taza del baño estaba al fondo, al centro. Allí todas fuimos testigos de todo. Pasé 24 horas allí. Cero dormir. Para descansar lo que hicimos fue tomar turnos de cinco minutos, acurrucarnos, mientras las otras se quedaban de pie. Otra pesadilla fue la ropa de presa que me dieron. Era inmensa, me tocaron unos calzones grandísimos, yo los usé al revés y pedí una toalla femenina. No quería contagiarme de nada.

A mí, todas y todos los oficiales me miraban de reojo, porque no tenía identificación.

Me puyaban con el bastón que usan. Me recluyeron en una celda de aislamiento. Creo que a las afroamericanas no les caía bien. A todo esto, luego de dos días, hablé con mi hermano, inmediatamente se dieron cuenta de mi nombre, pues ellos escuchan todo lo que hablas por el teléfono y te avisan que puede ser usado en tu contra. Mira, los policías de las películas, buenos y respetuosos, por lo menos en mi experiencia, son una ficción de Hollywood. Yo la pasé mal, por no tener documentos.

Cuando mi hermano consiguió mi pasaporte, salí bajo fianza de cinco mil dólares. Pero sabes, la oficial que me sacó le dijo a todas las presas que yo a saber qué contactos tenía, y que quizás tenía dinero y por eso salía libre. ¡Bárbara!, alimentando el resentimiento contra mí. Bueno, justo antes de salir una oficial mexicana, buena gente, me dijo: ‘Mire hijita, tuvo suerte, ayer migración estuvo aquí, pero como no estaba en la lista, no se la llevaron. Dios la quiere’. Eso es ilegal pensé. Pero tiene razón, Dios me ama. Él no sabe de documentos.”

La nueva lucha por los derechos civiles

Las conquistas sociales de los años 60 en Estados Unidos dieron como resultado que a los afroamericanos no se les considerara más “boy” o muchacho, como se les llamaba, sino “men” u hombres, adultos, con todos los derechos y responsabilidades de cualquier ciudadano. Según organizaciones defensoras de los inmigrantes, algunas de esas conquistas sociales peligran tras la promulgación de la Ley Acta Patriótica de Estados Unidos firmada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001.

Angélica Salas, de la Coalición pro Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), dice que “ser inmigrante no es lo mismo que ser terrorista y aquí en este momento existe una táctica para hacer lucir al inmigrante como un criminal”. La Ley Acta Patriótica “elimina derechos civiles, especialmente a los inmigrantes”. Salas considera que no debería ser legal el que agencias del Gobierno compartan información. Esta ley faculta a cualquier agencia policiaca a actuar a discreción como agente del servicio de migración.

¿Pero no es esto una medida para proteger al país de ataques terroristas? “Sí lo sería, si esta ley fuera aplicada parejo.Pero no lo es”, dice Luis Hernández, encargado de Relaciones Comunitarias para la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL).

Los entretelones de la ley

Luis Hernández, director de relaciones comunitarias de ASOSAL, critica las campañas contra los indocumentados emprendidas por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

Según el informe de 2002 de la organización internacional Human Rights Watch, en Estados Unidos se ha detenido a más de 1 mil 100 personas tras los ataques del 11 de septiembre, 548 de ellas bajos violaciones a leyes migratorias.

Oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) han reconocido que sólo un pequeño número de los detenidos está relacionado con el terrorismo.

“La ley es demasiado vaga”, asevera el informe, otorga poderes ilimitados al fiscal general John Ashcroft y no otorga la posibilidad de revisión del caso, lo que abre la posibilidad para que alguien sea detenido por tiempo indefinido, aunque no se le presenten cargos.

Hasta el momento la mayoría de los investigados es de origen musulmán e hispano. “Esto es discriminación”, confirma Salas.

Otto Peña, abogado experto en temas migratorios y director de ASOSAL, afirma que en nombre de la seguridad de la nación se han tomado medidas que pisotean los derechos constitucionales de los ciudadanos. En el caso de Lilian G. se violó su derecho a la privacidad, cuando un oficial hombre revisó sus parte íntimas; y su derecho a consejo legal cuando se le mantuvo tres horas en interrogatorio sin la presencia de un abogado.

Según Peña, “vivir en paz, circular libremente, y que no te detengan sólo porque luces latino” son derechos en este país. “Bajo la bandera del antiterrorismo se están aprovechando para discriminar a nuestra gente”, agrega Hernández.

Según CHIRLA y ASOSAL, el problema se agrava ante la intención del estado de California de crear una identificación para indocumentados. “Planean darnos licencias con una I de indocumentado”, prosigue Salas, y “esto abre las puertas a más abusos”.

En los Ángeles, esto no es posible debido a la Orden Especial 40, una normativa que impide a la Policía de la ciudad compartir información con migración, pero según Hernández, de ASOSAL, “sí se ha hecho; no abiertamente, lo sabemopor las noticias, pero no tenemos pruebas”.

¿Y la seguridad nacional?

Angélica Salas, directora de la Coalición pro Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles, California.

“No estamos en contra de proteger al país, pero sí de aprovechar esta situación y hacernos pagar a los que venimos a trabajar”, finaliza Hernández.

Existe precedente para la preocupación de estas organizaciones. Según el estudio sociológico de Jeanette Covington editado por la Carolina Academic Press, “Redando a los sospechosos usuales: perfil racial en la lucha antidrogas”, existe parcialidad dentro del sistema judicial, y cita como ejemplo el que un mismo fiscal pide que a un hombre afroamericano se le condene a años de prisión por la misma falta por la que a un hombre blanco pidió se le dieran meses de cárcel.

Human Rights Watch confirma esto al reportar que el 62.6 por ciento de los prisioneros en cárceles estadounidenses son hispanos y afroamericanos a pesar de sólo representar el 24 por ciento de la población del país.

“Todos somos inmigrantes,” dice Salas.