Sólo ocho de 200 buses tienen edad legal

Yesenia Acevedo
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Si el Viceministerio de Transporte aplicara fielmente la ley, el servicio de buses hacia Santa Ana y Ahuachapán apenas sería prestado por ocho unidades.

Actualmente, hay 102 buses en las rutas 202 y afines, que viajan hacia Ahuachapán y municipios cercanos, y 98 vehículos de la 201, que va a Santa Ana.

Pero el 96 por ciento de toda esa flota está obsoleta.

El artículo 34 de la Ley de Transporte establece la edad máxima de 15 años de fabricación de los buses.

De acuerdo con Aragón, la ruta 202 y sus afines sólo tienen dos automotores con menos de 15 años de antigüedad. Es decir, los restantes 100 deberían estar ya fuera de circulación.

Y el caso de la 201 no es tan distinto: 92 de los 98 buses sobrepasan la edad límite.

“Estamos esperando la seguridad de la ley para realizar el cambio de la flota”, se excusó el presidente de la ruta 202, Julio Arriaza.

Entre tanto, los santanecos señalan que ya han avanzado en la modernización del servicio, y el primer paso fue convertirse en asociación.

Aseguraron que están negociando la sustitución de 15 unidades por modelos 2002, lo que les significará una inversión de 11.7 millones de colones.

202 transgrede ley

Para el viceministro de Transporte, Felipe Aragón, es claro que quienes transgreden la ley son los empresarios de la ruta 202.

“Por gloria y sapiencia de no sé quién, autorizó que esta ruta pasara por todos los pueblos aledaños”, comentó.

Aseguró que no hay razón técnica ni legal para permitir el recorrido de la 202 por la ciudad de Santa Ana.

Y que en todo caso, los recorridos que antes tenían estaban contra la Ley de Transporte.

Por eso señaló que cuando sean citados por la Corte Suprema de Justicia explicarán que la suspensión de la prohibición del ingreso de dicha ruta a Santa Ana está afectando los derechos de otras rutas interdepartamentales.

“La Corte Suprema de Justicia no nos puede decir que vayamos en contra de la ley”, dijo.

De hecho, señaló que la misma Corte ha pedido los nombres y direcciones de los empresarios que también salen afectados.