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Por las obras los conocerán

Las alcaldías reciben desde 1998 un 6 por ciento de los ingresos corrientes netos del Estado. En teoría, el 80 por ciento de estos fondos debe ser utilizado en obras de infraestructura social y un 20 por ciento en gastos de funcionamiento. Pero en la práctica nadie garantiza que las comunas inviertan el dinero como la ley lo establece.

Metzi Rosales/Tania Membreño
enfoques@laprensa.com.sv

CONSTRUYEN PUENTE La alcaldía de San Martín construye un puente sobre el río Changüiste, en el cantón San José II. El costo de la obra asciende a 1 millón y medio de colones.

Los alcaldes tienen a su disposición toda una minita de oro. Cada año reciben el 6 por ciento de los ingresos corrientes netos del Estado. Deben invertirlo en su mayoría en obras de infraestructura para el desarrollo local y social.

La Ley del Fondo para el Desarrollo Local y Social de los Municipios (FODES) se los permite. Pueden utilizar un 80 por ciento para cualquier obra de infraestructura. Hasta para las que son autofinanciables, como mercados o recolección de basura.

Cuentan además con un 20 por ciento para su funcionamiento. Es decir, para pagar salarios, dietas, aguinaldos, viáticos, servicio de teléfono, agua, energía eléctrica, repuestos y accesorios de maquinaria y equipo.

La ley, entonces, les permite a las alcaldías utilizar el dinero recaudado por el gobierno central para pagar su planilla. ¿Y los impuestos que cobran? Les permite además “invertir” en los pagos de prestación de servicios. ¿Y las tasas y arbitrios que cobran?

Esa permisividad legal es una tentación demasiado difícil de resistir que puede provocar que mucho alcaldes se desentiendan de la siempre difícil e impopular tarea de cobrar impuestos y tasas, sin llegar al colapso financiero.

Eso no es todo. En el año 2000, según un informe del ISDEM titulado: “Tendencias de la inversión del FODES”, sólo el 63.36 por ciento del dinero del Fondo fue destinado a obras de infraestructura de desarrollo.

Los alcaldes destinaron 97 millones 926 mil 389 colones para el pago de servicios públicos, “proyectos menores” y reparación de edificios municipales. Esto aparte del 20 por ciento que es para gastos de funcionamiento, que para ese año ascendió a los 144.8 millones de colones.

La ley, además, tampoco exige a los alcaldes un mecanismo técnico y político que permita el mejor uso del dinero en consonancia con los deseos de la población.

Los alcaldes insisten en que invierten en proyectos que pide la población. Realizan concejos abiertos para esto. Pero eso no garantiza que los representantes de todos los sectores estén presentes y expongan sus necesidades.

Sin autonomía municipal

Miguel Ángel Simán, presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), opina que el FODES “desincentiva” a las alcaldías a ejercer su labor fiscal.

“Muchos municipios pueden tomar una actitud de confiarse que están recibiendo sus recursos sin ningún esfuerzo y eso los lleva a no recaudar impuestos. Los proyectos productivos son autofinanciables y lo único que requieren es un cobro de tarifas y tasas adecuadas”, explicó. (Ver entrevista en página 7C.)

“Enfoques” visitó cuatro alcaldías del interior del país. Jefes edilicios y síndicos coincidieron en que la recaudación de impuestos es mínima. Aseguran que hacen intentos para recobrar la mora, pero que el pago de planillas sale del FODES.

Utilizar “sólo (el 20%) no alcanza porque es mucho personal y hay tantas necesidades”, asegura María Inés de Ayala, alcaldesa de San Juan Nonualco.

Las auditorías

En teoría, la Corte de Cuentas es la institución encargada de contarle las costillas a los 262 municipios.

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) también puede realizar auditorías para verificar el uso que se dio al FODES. Pero hasta la fecha no la han considerado “conveniente”. (Ver entrevista en página 4C.)

En los últimos tres años, la Corte de Cuentas realizó auditorías en algunos municipios del país. Los hallazgos concluyen en que 89 millones 574 mil 993 colones fueron usados de forma irregular por los concejos municipales, según publicaciones de sus informes de labores de 1999 a 2001.