Editorial
Presupuesto a tiempo
EL AÑO está por concluir, y el Presupuesto General del Estado tiene que estar
aprobado antes del primero de enero de 2003, según mandato constitucional. Pero
dicha aprobación le compete a la Asamblea Legislativa, en la que se suman votos
de distintas fracciones partidarias que tienen, desde luego, posiciones diferentes
en muchos asuntos de interés. Cuando llega la hora de aprobar un documento como
éste, los intereses afloran, y eso puede trabar el proceso de aprobación, como
ha ocurrido en ocasiones anteriores. Esta vez, sin embargo, es de esperarse
que el acuerdo se produzca antes de que concluya este año.
El problema mayor no está en la aprobación escueta del Presupuesto General,
pues para ello sólo se requiere una mayoría simple de votos. La cuestión se
complica cuando se llega al punto del financiamiento de dicho Presupuesto, porque,
como ya se está volviendo viciosa costumbre, hay que apuntalar los ingresos
esperados con créditos internos y externos, y para aprobar empréstitos la Constitución
exige mayoría calificada de dos tercios. En ese momento los forcejeos tienden
a volverse vertiginosos, pues, así como están las relaciones entre las fuerzas
más antagónicas en la Asamblea, sólo en casos de necesidad de mayoría calificada
se producen negociaciones realmente plurales. La mayoría simple se logra al
sumar los votos de ARENA y el PCN.
Según funciona hoy el tablero de las fracciones legislativas, dadas las erosiones
sufridas por el FMLN, es posible llegar a 56 votos sin necesidad de los votos
del partido de izquierda; pero tampoco es tan fácil, porque otras fuerzas, aunque
pequeñas, son indispensables para llegar al número mágico de 56, y ahí van apareciendo
las demandas respectivas para dar el apoyo. Es el caso del PDC, que juega con
un trueque entre la aprobación del Presupuesto y las observaciones por parte
del Presidente de la República al decreto legislativo que frena la participación
electoral de aquellos partidos o dirigentes que estén morosos en lo referente
a la llamada “deuda política”. Independientemente de que tengan lugar tales
negociaciones, dicho decreto es muy cuestionable, pues en vísperas de elecciones,
lejos de cerrar puertas hay que abrirlas, para que el electorado sea el que
decida cómo reparte sus simpatías.
Pero en lo estrictamente referido al Presupuesto General, no hay duda de que
lo que le conviene al país es su aprobación oportuna. La Asamblea tiene el derecho
legal de revisar minuciosamente el documento que se le presenta; pero lo que
ya no le sería legítimo es aprovechar el tema para ventilar diferencias de otra
índole. La Asamblea, en este asunto puntual, debería actuar con criterio más
técnico que político, aunque bien se sabe que dicho Órgano, por su naturaleza,
es eminentemente político. Sería este, entonces, uno de esos casos en que hay
que poner la alta política muy por encima de las usuales tentaciones de hacer
politiquería.
Cualquier atraso más allá de la fecha en que debe entrar en vigor el nuevo
Presupuesto, es decir, más allá del 31 de diciembre, crea impactos negativos
en la inversión pública, que se reflejan de inmediato en la economía nacional.
Y eso, en las actuales condiciones económicas del país, se vuelve aún más deprimente.
Si a la desaceleración le agregamos los procesos electorales al hilo, ya tenemos
una situación bastante compleja, que se agudizaría al sumarle cualquier demora
presupuestaria. Es de esperar que la “encerrona” programada para el próximo
lunes por la Comisión de Hacienda de la Asamblea desate los nudos.
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