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Las pandillas en El Salvador

Zoila Corina Palma
Jefa de la Dirección de Servicios Juveniles de la PNC
Comentarista invitada

Estadísticas de la Policía destacan que existen en el país 309 pandillas registradas, que son integradas por más de 5,200 individuos, quienes se convierten en presas fáciles para el crimen organizado y para ser contratados como sicarios, que es otro de los escalones dentro de estos grupos.

En los últimos tres años, más del 80% de los delitos fueron producto de la violencia social, y un alto porcentaje de éstos fue cometido por pandillas.

Los salvadoreños han estado sometidos en los últimos meses a escenas escalofriantes, como los crímenes en mujeres, cuyos cuerpos han sido desmembrados y abandonados en diferentes lugares. Esta situación plantea medidas urgentes que involucran a la sociedad en general, ya que el problema no es exclusivo de la Policía.

El problema de las pandillas es complejo y tiene su origen en la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar, la pérdida de valores, la pobreza y otras causas. Muchos jóvenes no reciben tiempo de sus padres, ni son escuchados, los que los convierten en presa fácil para ser reclutados por una pandilla.

Estudios realizados por expertos señalan que las pandillas, más conocidas en el país como “maras”, son expresión de un fenómeno de delincuencia influenciado por la cultura de las pandillas estadounidenses.

Unos 120 pandilleros salvadoreños ingresan al país mensualmente deportados de los Estados Unidos y vienen a incorporarse o dirigir una agrupación del mismo tipo, con nuevos ingredientes de violencia.

La Policía contabiliza más de 800 homicidios al año que tienen que ver con pandillas, por lo que no puede permanecer indiferente ante esto.

La Policía realiza desde hace años un esfuerzo por la reconversión de jóvenes pandilleros —el último en Soyapango—, pero el problema de pandillas debe tener un tratamiento en el que se involucren a todos los sectores del país.

El Gobierno creará una Comisión Nacional de Servicios Juveniles para que planifique estrategias para trabajar de lleno con este tipo de jóvenes y donde, además de la Policía, intervengan los ministerios de Educación, Salud Pública, Gobernación, Secretaría Nacional de la Familia, entre otras instancias.

La dirección de la institución contempla una legislación que regule la actividades delincuenciales de pandilleros, así como reformas a la Ley del Meanor Infractor.

Para la institución, la realidad delictiva en el país hace urgente una ley que cubra los vacíos en cuanto a la toma de decisiones para su aplicación a menores criminales que pertenecen a pandillas y que han venido cometiendo más de un asesinato en su corto historial de vida.

El problema de las pandillas es complejo y la misma naturaleza del caso

conlleva una diversidad de elementos sicológicos, pedagógicos, socioculturales, jurídicos, morales y religiosos, pero se coincide en que el principal aporte a la búsqueda de soluciones está en la educación y en la integración de la sociedad a la solución del problema.


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