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ENJUICIADO. José Narciso Ramírez Ventura, supuesto capo de coyotes en El Salvador.
[AHUACHAPÁN]
Jurado comienza a conocer caso “Chicho”
Omar Morán
departamentos@laprensa.com.sv

Después de cinco días de haberse instalado el juicio, por fin ayer los seis miembros del jurado comenzaron a escuchar las pruebas de cargo y descargo contra los cuatro acusados de tráfico ilegal de personas.

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Los procesados
El juicio podría extenderse hasta la próxima semana.

Los procesados, acusados del delito de tráfico ilegal de personas, son José Narciso Ventura Ramírez, Óscar Armando Mazariego, Juan Francisco Martínez Villegas y
Delmy Elizabeth Tobar Reyes.

De los tres solamente Mazariego guarda prisión, el resto goza de medidas cautelares. Al menos antes del juicio.

La PNC y la Fiscalía suponen que “Chicho” es un capo de coyotes que operaban en todo el país, especialmente en la zona occidental, donde el individuo tiene su residencia.

Las seis personas (cinco propietarias y un suplente) elegidas como jurado para impartir justicia en el caso que se ventila contra José Narciso Ramírez Ventura y otros tres procesados comenzaron ayer a conocer las pruebas que la Fiscalía ha recabado.

Los fiscales quisieron impactar al jurado con la exposición de las penurias que sufren los indocumentados, tras lanzarse al sueño americano guiados por gente conocida como coyotes.

Ellos externaron que muchas compatriotas son violadas en su travesía hacia Estados Unidos, y que otros mueren en el camino.

Los fiscales pidieron al jurado que vieran a los procesados no como las personas que cumplen el anhelado sueño de muchos salvadoreños, sino que a las personas que se lucran con la práctica del tráfico de personas.

Por su parte, la defensa pidió al jurado que declare inocente a estas personas.

Juan Francisco Martínez aseguró que su cliente es inocente, además cuestionó al jurado sobre si hubo una proposición de los imputados o una búsqueda por parte de las víctimas.

También cuestionó del porqué la gente quiere llegar a Estados Unidos. Según dijo, esto se debe a la falta de fuentes de trabajo en el país, a la miseria en que se vive y al deseo de progresar.

Los abogados aseguraron que en este caso se está ante un hecho social y no uno delictivo.

Añadieron que el mismo es de doble moral porque se quiere castigar a personas que han ayudado al país, ya que gracias a las remesas se mantiene la economía nacional.



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