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Dos jueces de Sentencia han sido suspendidos de su cargo por la Corte Suprema
de Justicia, como acto provisional mientras se investiga la fuga de información
y la concesión de una medida de arresto domiciliario al imputado
que se había fugado antes de la lectura de su condena en el caso
del BFA.
La concesión de la medida ha sido interpretada por algunos como una forma de torcerle el brazo a la justicia.
No obstante que existen problemas de credibilidad en el sistema de justicia; debemos hacer el esfuerzo de analizar lo sucedido con objetividad. En ese sentido lo cierto es que se trata de un imputado a quien la Policía no ha logrado capturar y a quien se le concede un arresto con policías en su casa por veinte días, mientras tramita el recurso, pasados los cuales el condenado ingresaría al sistema penitenciario. Tan desventajoso era este ofrecimiento que el imputado no se presentó, y al final las medidas no se ejecutaron, y siguen vigentes las órdenes de captura sin que la Policía haya podido localizar al fugado.
La ley faculta a los jueces para que concedan medidas sustitutivas de la cárcel, mientras la sentencia contra un imputado no es firme; es decir, no se ha agotado el plazo para recurrir o la sentencia de la Sala de lo Penal no se ha dictado.
Existen casos en diferentes tribunales del país en los que se han concedido medidas sustitutivas de la prisión, a imputados condenados y con menos restricciones de las impuestas en el caso del BFA.
En cuanto a la supuesta fuga de información no existen indicios contra los jueces.
Por otro lado cosas
verdaderamente insoportables pasan y han pasado en el sistema judicial sin
que existan acciones definidas contra los responsables. Parece que en este
caso se trata de sacrificar a dos jueces, para evitar más críticas
a la Corte y callar las poco serias amenazas de destitución de magistrados
venidas desde la Asamblea Legislativa. Desde que apareció el último
informe del Departamento de Estado de E.U.A. que calificó al sistema
judicial de ineficiente y corrupto por quinto año consecutivo, el
ambiente público se ha estado moviendo contra la Corte Suprema, y
quizás se ha pensado por esta, responder con medidas políticas
y no de fondo. Talvez el sacrificio de estos jueces será suficiente
para redimir los pecados del Órgano Judicial.
Lo preocupante de todo esto es que no se comienza a resolver el problema real, y se pone en grave peligro la independencia judicial. Algunos jueces sin carácter, por miedo a represalias de parte de la Corte, podrían someterse absolutamente a su voluntad y por esa vía colarse con mayor facilidad las decisiones alejadas de objetividad, desde los despachos de los políticos y de otros funcionarios, o desde las oficinas de los amigos o socios de los políticos, diputados o magistrados de la Corte.
Todo Estado moderno y con deseos de tener un futuro mejor aspira a tener jueces honestos, capaces y sobre todo independientes. La Corte debe dedicarse solo a juzgar, dejando el control de los abogados, notarios y jueces, en otra institución independiente, y que se cree un Tribunal Constitucional separado, que juzgue la constitucionalidad de los actos de los magistrados y demás autoridades. Además que el control sobre el estado de bienes e ingresos de todos los funcionarios y empleados públicos se cumpla, se amplíe y se fortalezca en lo institucional y legal.
Los políticos deben hacer el esfuerzo de moverse enérgica y responsablemente, pues si no, nuestro país quedará rezagado por siempre y en el submundo de la injusticia, el martirio y la oscuridad.
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