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La Corte de Cuentas tiene la facultad de informar a la Fiscalía y ésta deberá de actuar.”
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Son problemas latentes que ponen en riesgo las cuentas individuales de los trabajadores afiliados.”
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No es que las empresas lo estén agarrando indebidamente, sino que son estafadores, y no empresarios.”
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No pagadas
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$13.4
mora de empresas por declaración y no pago, según superintendencia.
Insuficiencia
$1.8
millones de mora
de empresas que no pueden pagar.
Monto
$11.6
millones debían 52 empresas a AFP, en 2002, según la Corte.
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Los señalamientos
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La mayoría de los puntos del informe hacen referencia a debilidades administrativas y de aplicación de ley.
No se cuenta con un reglamento para la incorporación de trabajadores agrícolas y domésticos.
Saldo de cotizaciones pendientes de acreditar a las cuentas individuales por un monto de $3.2 millones.
Más de $20 millones en rezagos por problemas para acreditar los montos a las cuentas individuales.
Pocos avances en la liquidación de PROFUTURO.
Deficiente vigilancia al Seguro Social y al INPEP.
No hay diversificación para la inversión de los fondos de pensión.
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La Corte de Cuentas de la República reveló ayer que a finales de 2002 existían 52 empresas que no remitieron las cotizaciones de sus empleados a las administradoras de fondos de pensiones.
La anomalía fue descubierta por el ente contralor tras realizar una auditoría integral a la Superintendencia de Pensiones, durante ese año.
Hernán Contreras, presidente de la Corte de Cuentas, explicó ayer, ante una comisión especial de diputados, que esa mora en las cotizaciones asciende a 11 millones 657 mil 781 dólares.
El funcionario detalló que de ese saldo, 161,426 dólares corresponden a cotizaciones no remitidas a la AFP Profuturo; 8 millones 545 mil 814 dólares, a Crecer y 2 millones 950 mil 541 dólares, a Confía.
“Las empresas morosas podrían haber incurrido en el ilícito penal de una apropiación indebida de fondos”, advierte el presidente del ente contralor.
Contreras aseguró que este caso ya está en juicio de cuentas en la Cámara Quinta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas. Aquí se señalarán las responsabilidades en que pudo haber incurrido la Superintendencia de Pensiones.
“Este juicio de cuentas ya entró a la fase jurisdiccional y se encuentra bien adelantado y ya prácticamente va a estar para sentencia de los jueces”, advirtió.
Agregó que se pueden deducir responsabilidades administrativas, por violaciones a la ley, patrimoniales, por pérdidas económicas causadas al Estado y penal, que sería para la superintendencia.
Además, la Corte también ya informó a la Fiscalía General para que la entidad haga sus propias indagaciones.
El funcionario aclaró que será la Fiscalía la que tendrá que intervenir si se encuentran responsabilidades penales para con las 52 empresas que han retenido las cotizaciones de sus empleados.
“La Fiscalía, siendo parte del juicio de cuentas, deberá determinar si existe o no existe responsabilidad penal de las empresas que han retenido las cotizaciones y no las han enviado a las AFP”, explicó el funcionario del ente contralor del Estado.
Por su parte, Enrique Sorto Campbell, superintendente de Pensiones, enfatizó que las observaciones ya fueron desvanecidas, por lo que no se mostró preocupado de que el caso pase a un juicio de
cuentas.
Señalamientos y defensa
El informe señala que la Superintendencia de Pensiones no ha cumplido totalmente con la recomendación que se le hizo de depurar la mora y que no ha impuesto sanciones a las AFP por no cobrarlas en el periodo señalado por la ley que las regula.
Sorto Campbell asegura que las AFP están haciendo su trabajo de cobranza y que de las empresas señaladas por la Corte de Cuentas algunas ya seguramente pagaron. Además, enfatiza que más de 100 empresas han sido demandadas por la AFP, triplicando el número que en 2002 señala el informe, y que 37 están siendo procesadas por la Fiscalía, para que paguen deudas y multas que suman más de 663 mil dólares.
La mora en el pago de las cotizaciones a las AFP de parte de las empresas pone en riesgo el saldo de las cuentas individual de los afiliados y el goce de beneficios como seguro de invalidez y sobrevivencia.
La Corte también encontró que algunas cotizaciones no son enviadas con los datos correctos del afiliado o tienen otros problemas que impiden su ingreso a sus respectivas cuentas. La contraloría detectó que 20 millones 324 mil 740 dólares no habían sido ingresados a las cuentas individuales en el año 2002, ocasionando lo que las AFP llaman “rezago”.
Según Sorto Campbell, los rezagos siempre se van a dar y no son algo negativo, sino algo que sucede en todos los sistemas de pensiones de capitalización individual.
Además, esos rezagos se van resolviendo “mes a mes”, de acuerdo con el superintendente, y a la fecha sólo suman $15 millones.
Mientras se resuelven estos señalamientos, la Corte de Cuentas ya inició la auditoría a la Superintendencia de Pensiones para el ejercicio de 2003.
Auditoría de contraloría sorprende a diputados
El informe de la auditoría realizada a la Superintendencia de Pensiones causó reacciones diversas en los diputados de una comisión especial que indaga sobre el nuevo sistema previsional.
El efemelenista Héctor Córdova criticó la pasividad con que la Superintendencia de Pensiones ha actuado en algunos casos.
“ Vemos una gravedad porque la Superintendencia de Pensiones está obligada a sancionar, pero no ha puesto sanciones”, dijo.
El arenero Mauricio Quinteros dice que algunas observaciones fueron desvanecidas, pero aboga por un fortalecimiento del mismo sistema.
“Estamos en la lógica de ir buscando cómo se mejora el sistema para hacerlo más viable y fortalecido”, explica.
El pecenista Dagoberto Marroquín censuró a aquellas empresas que han retenido las cotizaciones de sus trabajadores.
Los diputados llamarán al fiscal general, Belisario Artiga; al ministro de Trabajo, José Roberto Espinal; al superintendente de Pensiones, Enrique Sorto Cambell, y a los ejecutivos de las AFP
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