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Rubidia Flores llegó ayer a las oficinas del Ministerio de Trabajo a interponer su denuncia de despido por embarazo y porque su salario mensual apenas alcanzaba los $91, cuando el mínimo es de $147.
Ella tenía dos años de laborar en una cafetería, que se encuentra dentro de una empresa de la terminal de occidente, y asegura que su jefa le comunicó que en ese sitio no querían mujeres en su estado para trabajar.
Al igual que este caso, la institución de Gobierno recibió durante el año pasado 4,873 denuncias que incluyen despidos, salarios y términos de contratos.
Ayer el ministro de Trabajo, José Roberto Espinal, realizó un llamado especial a todos los empleados que no perciban ni el salario mínimo, para que se acerquen a la institución y establezcan su denuncia.
“He dado hasta el número de mi despacho para atender. Vamos a tratar de alinear estos casos. Yo invito a todos los trabajadores del país a que asistan al ministerio para que denuncien”, dijo.
Además, agregó que donde existen mayores problemas para ubicar a los empresarios que no cumplen con el pago de salario mínimo es el sector informal, porque cuesta ubicarlos.
Según Espinal, la mayoría de empresas del sector formal sí están cumpliendo con la legislación y con las prestaciones, pero existen pocas a las que se les aplicará “una mano dura” para que acaten los marcos legales.
Conciliaciones
De las denuncias registradas en 2003, sólo 1,581 llegaron a conciliación.
Por su parte, Rodolfo Piza Rocafort, director del proyecto regional para el fortalecimiento de los derechos laborales en Centroamérica, dijo que actualmente se concilia poco, con relación a las demandas existentes, por lo que deben revisarse los sistemas para que se logren mejores resultados
y se visite menos los tribunales, por estos casos.
Otro de los casos más frecuentes, entre las denuncias, es el problema de los descuentos de AFP y Seguro Social que no son abonados o cotizados por los empleadores.
En este sentido, “estamos tratando de fiscalizar a un más con un inspección integral”, añadió el titular de la cartera de Trabajo.
Piza Rocafort reconoció que en Centroamérica se tienen graves problemas con las personas que laboran para el sector informal, porque no tienen acceso a todos los derechos del Código de Trabajo.
Mientras se buscan los mecanismos para hacer cumplir las leyes laborales en Centroamérica, Magdalena Calderón hace fila para externar su preocupación porque su compañía no depositó los descuentos de ley que le han venido haciendo desde hace dos años.
Ayer buscaba conciliar, pero su patrono no se presentó. El ministerio, como ente mediador, dio una fecha nueva para el encuentro entre el patrono y la empleada.
$6.7 millones para plan “Cumple y gana”
Con o sin TLC, Centroamérica contará con un proyecto para hacer cumplir la ley.
El departamento de trabajo de Estados Unidos donó $6.7 millones a los países centroamericanos con el fin de fortalecer los ministerios para mejorar el cumplimiento de las legislaciones laborales.
Al plan, que ha sido denominado “Centroamérica cumple y gana”, podrían unirse Panamá y República Dominicana, según Rodolfo Piza Rocafort, director del proyecto. El ejecutivo reconoció que en la región existen problemas de incumplimiento
de las leyes laborales, de la misma manera que se dan en las sociedades ricas y desarrolladas. “Tenemos problemas de demandas por irrespetos de la legislación”, agregó.
Según el ministro de Trabajo, José Roberto Espinal, los ejes principales del proyecto para el país estarán enfocados en el fortalecimiento de la divulgación de la normativa laboral, de los métodos alternos de solución de conflictos y el robustecimiento
de la inspección general.
Se estima que de los 86 millones de habitantes de la región, 14 millones son trabajadores.
La sede del plan estará en Costa Rica y durará hasta el 2007. En cada país habrá un delegado.
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