94 de las licitaciones que fueron otorgadas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en el período de Carlos Perla son nulas.
Así lo refleja un informe entregado al Juzgado Noveno de Instrucción por un equipo de técnicos que analizó las licitaciones otorgadas a 44 sociedades, las que representaron una erogación de 44 millones 77 mil 736 dólares.
Los peritos determinaron que dentro de esa millonaria erogación no se encontró evidencias de en qué se invirtieron más de 24 millones de dólares, lo que podría representar un hoyo financiero adicional.
“En la mayoría de los procesos de adquisición de equipos, repuestos o accesorios no se menciona claramente el lugar y otros detalles que permitan identificar dónde serán utilizados o instalados los productos objeto de la adquisición”, detalla
parte del informe.
Las 94 licitaciones, otorgadas entre 1994-2002, son consideradas nulas por los peritos, debido a que se violentó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Otro de los hallazgos más importantes es que el presidente de ANDA, Carlos Perla, le otorgó “poderes” al ex generante general Mario Orellana para que actuara en calidad de “titular” de la autónoma.
Según la Ley de ANDA el presidente de la autónoma no podía otorgar esas funciones a Orellana.
Inicialmente se detalló la existencia de 167 licitaciones, pero el informe determinó al final que únicamente se trataba de 94 licitaciones, porque algunas habían sido fraccionadas.
El informe fortalece las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el millonario fraude en el que se vincula al ex presidente de ANDA Carlos Perla y a 21 personas más, entre ellos el “cerebro” de la operación
José Mario Orellana.
El “cerebro” de Orellana
El “cerebro” de la operación y ex gerente general de ANDA, José Mario Orellana, recibió poderes “especiales” para que actuara en calidad de presidente de la autónoma.
Esa adjudicación de poder otorgada por Carlos Perla provoca la nulidad de las licitaciones, según la ley de la institución, ya que sólo puede ser otorgado por la junta de gobierno de la autónoma.
Esas gestiones “constituyen infracciones sancionadas con nulidad”, establecen los técnicos en su informe final.
Además se encontró que las autoridades de ANDA realizaron licitaciones privadas cuando debieron hacerlo de forma pública.
Fiscales a Panamá a buscar evidencia de ANDA y Alviz
La comitiva de alto nivel indagará sobre los fondos e inversiones congelados por las autoridades panameñas.
El fiscal general, Belisario Artiga, y los jefes de las unidades anticorrupción y de lavado de dinero se encuentran en Panamá para recoger más pruebas que fortalezcan la acusación contra los principales implicados en una serie de actos de corrupción dentro de
ANDA.
El viaje de los altos jefes fiscales se produce unas semanas después de que la jueza del caso, Nora Montoya, dijera que el testigo José Mario Orellana, ex gerente de la ANDA, no había aportado elementos nuevos en el caso.
La Fiscalía respondió a Montoya que oportunamente se brindarían esos datos. Tal parece que el ofrecimiento está cerca de concretizarse. LA PRENSA GRÁFICA conoció de fuentes cercanas a la investigación que Artiga y sus auxiliares Nelson Mena y Aquiles
Parada recolectarán pruebas para solidificar el caso que ya se ventila en el tribunal de Montoya sobre una serie de licitaciones amañadas dentro de ANDA.
Por otra parte, el fiscal también buscará los documentos que le permitan confirmar los nexos entre Perla y Joaquín Alviz, los cuales planearon beneficiarse ilegalmente de proyectos como Río Lempa II y Reservorio de Nejapa. La acusación será presentada
pronto.
Devuelven licitaciones a la ANDA
Decenas de expedientes que desde marzo pasado permanecieron bajo vigilancia policial en las instalaciones del centro judicial fueron devueltas ayer a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Las licitaciones fueron recibidas por el señor Joaquín Roberto Beltrán, jurídico de ANDA.
Esa documentación fue analizada por un grupo de técnicos que concluyeron un informe en el que se refleja nueva información que no estaba agregada en el proceso judicial.
Los documentos no fueron agregados al expediente en el que se investiga la corrupción en ANDA, ya que sólo fueron requeridos para ser sometidas al análisis técnico.
[ENTREVISTA/Nora Montoya, jueza ]
“No se cumplió con la ley”
Buscar la penalización por esas irregularidades le corresponde a la Fiscalía General de la República; por supuesto, ellos tienen que ser garantes de la legalidad y con base en eso analizar cuál es la sanción.”
¿Cuál es el resultado del análisis de los técnicos hecho a las licitaciones de ANDA?
Ellos en uno de los apartados dicen que según la ley estaría dándose una nulidad porque no se dieron los parámetros que establece la Ley LACAP, la que rige las licitaciones a nivel del Estado.
Al establecer la nulidad de las licitaciones, ¿significa que las sociedades favorecidas deben devolver el dinero?
Yo no podría decir realmente cuál es el siguiente paso con la determinación que han arribado los peritos, porque sería ya del manejo la Fiscalía y la defensa al momento de la audiencia preliminar.
¿Entonces qué valor jurídico tiene este informe?
Tanto la Fiscalía como la defensa saben que las personas que han llevado a cabo este análisis son personas que cumplen con los requisitos de idoneidad, las que conocen las formas como debe realizarse una licitación.
¿Entonces todas las gestiones de Mario Orellana están fuera de la ley?
Lo están diciendo los peritos categóricamente, es que la ley establece que tiene que ser el titular y no una persona que no reúna los requisitos, y menos, encomendada por el titular.
Evidencias reflejan que se benefició a 44 empresas
Algunas de las adquisiciones donde se refleja una salida de cerca de 6 millones de dólares fueron firmadas por el ex presidente de ANDA Carlos Augusto Perla y el actual presidente de la autónoma, Manuel Enrique Arrieta.
Una de las sociedades más favorecidas es la que pertenece al llamado “testigo uno” —cuya identidad está protegida por el régimen de protección a testigos—, ya que fue favorecido con un criterio de oportunidad.
Debido a que ANDA no entregó la información completa de las licitaciones, los técnicos no concluyeron en su totalidad la investigación que les había encomendado el tribunal tendiente a determinar las irregularidades y fortalecer la investigación sobre
las asociaciones ilícitas por las que son procesados los imputados.
En algunos expedientes analizados por los técnicos se detectaron diferentes procesos de compra en un mismo expediente, así como evidencia con documentación incompleta.
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