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Todo está en la Fiscalía. Les hemos informado de todo para que se aplicaran los efectos correspondientes.”
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Hemos recibido algunos informes como del Banco Central de Reserva. No puedo dar detalles.”
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No hay acusación
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La Superintendencia del Sistema Financiero ya envió todos los informes que detallan ilegalidades a la Fiscalía, la cual, sin embargo, aún no individualiza responsabilidades por los manejos ilegales en el banco liquidado.
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Déficit
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27
agencias deficitarias de Credisa en noviembre de 1998.
Deudores
23
personas beneficiadas por créditos ilegales.
Pérdidas
$197
millones era la brecha entre los depósitos y los créditos.
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Asamblea se olvidó
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Aunque los diputados estudiaron el préstamo del BCR a Credisa, el debate se apagó hace ya dos años, cuando se aprobaron reformas a la ley de bancos.
Los diputados investigaron el crédito en la comisión especial que investigó los fraudes FOMIEXPORT, CREDICLUB y FINSEPRO-INSEPRO.
Para agosto de 2001, Credisa adeudaba al BCR aún 114.86 millones de dólares de los 141.7 que había recibido.
En agosto de 2002 la Asamblea dispuso que los bancos no asuman riesgos por más del 25% de su fondo patrimonial.
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Coloso con pies de barro
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El proceso que experimentó el banco desde su privatización hasta su anuncio de quiebra estuvo rodeado de un manejo poco responsable de los recursos que tenía de acuerdo con los informes legales.
Noviembre de 1998
Credisa es sometida a una vigilancia especial por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero después de una serie de auditorías integrales que revelaron que la institución había caído en graves problemas financieros; la SSF ordena al banco subir
su capital social en 50 millones de colones en 60 días.
Diciembre 1998
SSF interviene el banco y reparte su cartera de créditos entre cuatro instituciones para evitar una corrida de depósitos que afectara a todo el sistema financiero. Los accionistas no pudieron dar los aportes de capital que eran necesarios de acuerdo a la SSF.
27 enero 1999
Los accionistas deciden liquidar voluntariamente debido al grado de deterioro económico que presenta la institución. En la misma asamblea el interventor nombrado por la SSF en el caso, Marco Tulio Guandique, afirma que la quiebra se debió a malos manejos financieros
y administrativos por parte de la dirigencia del banco.
Julio 1999
El Banco Central de Reserva (BCR) otorga crédito a Credisa por 1,300 millones de colones, cerca de 148.6 millones de dólares, para que el banco en liquidación comience a cancelar sus deudas con la banca comercial, los bancos estatales, FONAVIPO y los poseedores de
certificados de inversión. El crédito está respaldado por 4 bancos.
Julio 2004
Credisa cancela un remante de 86 millones de dólares que adeudaba al BCR. La obligación se cubrió con una fianza otorgada por la banca y con los activos que tenía la comisión en su poder. Asimismo, la comisión anuncia que se comenzarán a
pagar los intereses pendientes para los otrora depositantes.
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Detrás de una de las quiebras más polémicas en la historia del sistema financiero nacional se esconde un grupo reducido de 23 accionistas, directores, familiares y amigos que tejieron su red personal de créditos relacionados y llevaron a pique al Banco de Crédito Inmobiliario (Credisa) en 1998.
Los informes de la Superintendencia del Sistema Financiero revelan, cinco años después de que la asamblea general del banco optó por una liquidación voluntaria, que ese grupo obtuvo 50 millones de dólares a través de préstamos relacionados que no están permitidos por la ley.
José Armando Montenegro, superintendente del Sistema Financiero (SSF), asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene en su poder todos los informes que revelan la ilegalidad. En la FGR, sin embargo, hay pocos avances en la investigación para procesar a los culpables del fraude (ver nota aparte).
El superintendente Montenegro detalla la información de los balances publicados por la comisión liquidadora de Credisa: “Lo que están diciendo es que le dieron crédito a 23 deudores que representaban, al cierre de 2003, 50.8 millones de dólares por los intereses adeudados. Estos deudores estaban directamente relacionados con el banco”.
Montenegro aclara que es a la Fiscalía a la que corresponde determinar si hay mérito para procesar a los 23 deudores. El superintendente descargó la responsabilidad de las acciones legales en el ente fiscal.
Actualmente el rol de la SSF es, según el funcionario, supervisar el tratamiento que se da a los bienes en el proceso final de liquidación de Credisa.
Sobre el límite legal
El funcionario confirma que el monto de créditos relacionados es ilegal y alcanzó el 221.9% del capital social pagado en 2003. La SSF impuso una sanción administrativa al banco antes de que se declara en liquidación.
“Para nosotros hay un límite legal y basado en eso se pidió que se ajustarán a lo establecido, que es del 5 por ciento del capital pagado y reservas de capital”, dijo.
Montenegro reiteró que una de las principales causas de la quiebra del banco fueron estos créditos.
“Lo que estoy diciendo es que hubo una ilegalidad en el contexto que se dieron créditos en exceso de lo que establece la ley”, dijo.
Luego de que la comisión liquidadora canceló el pago del crédito otorgado por el Banco Central de Reserva en 1999, que en su momento sirvió para cancelar obligaciones con ahorrantes y acreedores, aún no se aclara si los proyectos de los 23 deudores privilegiados de Credisa fueron trasladados a la cartera que recibió el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFI).
“No se puede saber si estos 23 deudores están en la cartera que se entregó al FOSAFI, éstos eran en su mayoría constructores”, reveló Montenegro.
Dinero congelado en el extranjero
La comisión liquidadora no puede hacer uso de un depósito que realizó Credisa en el Lafise Bank, en Miami.
Credisa realizó un depósito de 1.1 millones en un banco fuera de nuestras fronteras antes de entrar en liquidación y adquirió un préstamo en ese banco por un monto menor. Ambas operaciones son legales, pero la institución financiera “offshore”
mantiene congelado el dinero.
“Continúan sin ser aclaradas las condiciones en las que se encuentra el depósito a plazo en Lafise Bank Limited, Montserrat West Indies por $1,100 miles”, cita textualmente el informe del auditor independiente, que corresponde a los balances generales de los años
2000 y 2001.
Los liquidadores intentaron retirar este depósito; sin embargo, la institución “offshore” insiste en que se tiene que cancelar primero la obligación adquirida con ellos.
“La comisión liquidadora insiste que no están de acuerdo en ligar el depósito con el crédito porque son operaciones totalmente diferentes, pero el banco ha establecido sus condiciones”, aseguró el superintendente financiero Armando Montenegro.
El depósito se realizó de manera institucional y no lleva el nombre de ninguno de los accionistas o directores relacionados hasta 1998 con Credisa.
“Todo está en la Fiscalía”
El superintendente del Sistema Financiero (SSF), Armando Montenegro, fue claro en recalcar que la Fiscalía General de la República conoce todos los movimientos realizados en Credisa, incluso los que se hicieron antes del proceso voluntario de liquidación.
“Todo está en la Fiscalía. Es más le hemos informado de todo lo que veníamos haciendo, hemos hecho informes para que se aplicaran los efectos correspondientes”, dijo.
Montenegro agregó que ejercieron todas las facultades que le autoriza la ley. “No podíamos ir más allá”, agregó.
Actualmente, la superintendencia financiera también ha informado a la Fiscalía del proceso de liquidación que ha seguido el banco y de las observaciones hechas al liquidador.
Sin movimientos en la FGR
La Fiscalía aceptó que tiene los informes en los que se detallan las ilegalidades de los préstamos relacionados en Credisa. Se niega a confirmar, sin embargo, si a estas alturas tienen elementos para procesar a alguno de los 23 deudores.
“Hemos recibido algunos informes como del Banco Central de Reserva, pero en este momento no puedo dar detalles porque no manejo la información”, dijo el jefe de la unidad anticorrupción, Aquiles Parada. El fiscal se limitó a trasladar la responsabilidad del caso
y de la información al respecto al agente específico Marcos Aquino.
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