El propietario del bus que mató a 40 personas, hirió a 22 e hizo incurrir al Estado en un ingente gasto de dineros públicos, detraídos a la carente área de salud, debería purgar al menos 30 años de cárcel y resarcir económicamente a las víctimas y al país.
Agua Caliente, riqueza entre montañas
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