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Medicina defectuosa fue suministrada a pacientes

Ernesto Mejía/Milton Grimaldi
judicial@laprensa.com.sv

Las únicas dos acusadas en el caso fueron sobreseídas definitivamente ayer por el Juzgado Quinto de Paz.

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Medicamentos costaron 24 mil dólares
La compra de la medicina se hizo bajo licitación y el monto total de los 320 frascos fue de 24 mil 515 dólares. Las otras dos ofertas eran de 30 mil 528 y 33 mil 728 dólares. La oferta de la droguería era una ganga.

270 de los 320 frascos de medicina defectuosa que fueron vendidos a una droguería y posteriormente proporcionados al Hospital Nacional Zacamil, fueron suministrados en su totalidad a los pacientes de la sección de oncología que el mencionado hospital tuvo hasta 2003.

El director del nosocomio, René Arévalo Mata, afirmó además que los 50 frascos restantes fueron donados al Hospital Rosales.

“Aquí no consumimos productos oncológicos. Estos se habían comprado porque en esa época se le vendía el servicio a Bienestar Magisterial. Cuando se dejó de dar ese servicio, se le donó 50 frascos al Hospital Rosales”, dijo.

Aunque no sabe a cuántos pacientes se les suministró el medicamento, Arévalo Mata y la jefa de farmacia del nosocomio, Roxana de Quintanilla, coincidieron en que no fueron muchos.

“A un paciente se le pone por cada quimioterapia entre 12 a 15 frascos, dependiendo de la talla y el peso. Y se le ponen de 5 a 6 quimioterapias. Por eso no tuvieron que ser muchos, porque uno solo consume varios frascos”, señaló.

Hasta la fecha, no han recibido de los pacientes denuncias por efectos secundarios. Haciendo la aclaración de que no era su especialidad, supuso que el medicamento solo había “perdido parte de su potencial de efecto”. La Fiscalía tampoco reporta quejas.

Imputadas libres

Las implicadas en el caso, Lorys Celina Monterrosa Fernández y Ana Patricia Acevedo Ramírez de Corcio, quedaron libres de responsabilidad ayer por la tarde por resolución del Juzgado Quinto de Paz.

Según la Fiscalía, Acevedo de Corcio, abogada y notaria, elaboró en mayo de 2002, a pedido del importador Francisco Hasbún Vielsa, un acta notarial donde se hizo constar la destrucción de 795 frascos de anticancerígenos que habían perdido la debida cadena de frío.

Monterrosa Fernández fue testigo de la destrucción. Por tal motivo la Fiscalía las acusó de falsedad documental agravada y falsedad ideológica en grado de complicidad, respectivamente.

La jueza, sin embargo, consideró que un notario simplemente da fe de un acto y no le correspondía a ella verificar si era la medicina la que se destruía.



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