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Las voces de denuncias sobre los problemas administrativos y técnicos
del Viceministerio de Transporte (VMT) hicieron eco en la Corte de Cuentas
de la República que ratificó, con un informe de auditoría, los problemas
de corrupción que acarrea esta dependencia estatal.
Un examen del ente contralor realizado entre el 1.° de enero de 2003
y el 31 de diciembre del mismo año, pero concluido en diciembre de 2004,
consignó oficialmente la circulación ilegal de cinco microbuses que se
dedicaban al transporte público de pasajeros ilegalmente y gozando de
impunidad.
Las cifras manejadas por Transporte dan cuenta de unas 2 mil 800 unidades,
entre buses y microbuses, que circulan ilegalmente.
“Se encuentran circulando y no cuentan con el correspondiente permiso
de línea ni se encuentra en trámite”, señalan los investigadores
estatales.
Las pesquisas de los auditores se basaron en una muestra de 2003 y en
un número reducido de unidades de microbuses, detallan.
La muestra, sin embargo, bastó para que los auditores determinaran que
el VMT adolece de “una inconsistencia entre la base de datos de
las unidades de transporte colectivo que se encuentran circulando y las
unidades reales que prestan el servicio”.
Este tipo de acciones se amparan en el mercado negro de venta de permisos
de líneas sin respaldo legal, entre otros problemas.
Frente a este señalamiento, la actual gestión descarga la responsabilidad
en las administraciones anteriores en las que ha habido corrupción, según
el actual ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez (ver entrevista
aparte).
El funcionario reveló que actualmente la Fiscalía General de la República
está investigando “casos específicos” de corrupción al interior
de Transporte, adscrito al Ministerio de Obras Públicas.
De hecho, el ex viceministro de Transporte, Rogelio Tobar, admite que
durante su gestión existió un descontrol que aún persiste, según las declaraciones
de Gutiérrez.
Transporte ha tenido cuatro funcionarios titulares en los últimos dos
años. Actualmente, Benjamín Cestoni está sentado en la silla mayor del
VMT.
El ambiente
La oficialización de las irregularidades llega en momentos en que el
MOP se dispone a firmar contrato con el sector de los microbuseros, mismos
que han sido cuestionados por el informe de la Corte.
El gremio de buseros cohesionados en AEAS y ATP dicen que este informe
es una prueba más de la falta de garantías que ofrece el Gobierno de ordenar
y limpiar el sector, y de paso acusan a Transporte de ser negligente.
Los partidos de oposición advierten que activarán una comisión especial
para investigar los permisos ilegales de línea (ver nota en página aparte).
Otros hallazgos de la Corte
Además de la ilegalidad de las unidades pirata, la Corte se centra en
dos grandes problemas de la máxima autoridad del transporte.
Advierte que no existe ninguna política institucional para ventilar
las denuncias que vienen de los centenares de ciudadanos contra el servicio
de transporte colectivo.
En otras palabras, se da por sentado que el VMT no puede dar respuestas
efectivas y rápidas a las quejas por maltratos y música estridente, por
ejemplo.
Uno de los datos más recientes, de octubre de 2004, dice que entre el
21 y el 25 de ese mes se recibieron 846 denuncias por cobros indebidos,
pero a la fecha no se tiene una cifra de los casos resueltos.
“Solicitamos información relacionada con la forma de ingreso de
las denuncias, el trámite que estas siguen, la existencia de un expediente
de estas y de la unidad encargada de darle seguimiento, de lo cual no
obtuvimos respuesta”, consignan los auditores de la Corte de Cuentas
en el informe (ver recuadro aparte).
Discuten activar una comisión investigadora
Los partidos de oposición FMLN y PCN no descartaron dar paso a
la creación de una comisión especial que investigue las
irregularidades en la entrega de permisos de línea a microbuses.
Nelson García, del FMLN, y Elizardo González Lovo, del PCN,
plantearon reactivar esta discusión tras conocer el informe de
la Corte de Cuentas.
El 27 de febrero de 2003 se pidió de parte del PCN, ligado al
sector de autobuses, crear esta comisión, pero la moción
no tuvo mayor éxito, por lo que pasó a la comisión
de obras públicas del parlamento, donde actualmente se encuentra.
Según el texto de la petición, “el Viceministerio
de Transporte últimamente está autorizando la circulación
de flotas de microbuses sin haber realizado estudios de factibilidad,
por lo que se pide nombrar una comisión especial que investigue
estas irregularidades”.
Los diputados de la comisión solicitaron en esa ocasión
al entonces viceministro de Transporte, Rogelio Tobar, una explicación,
a lo que este respondió: “Era muy difícil comentar
sobre lo expuesto porque es un señalamiento general que no permite
precisar sobre un caso específico”.
Entrevista con el ministro David Gutiérrez
“La Fiscalía General está investigando casos”
La máxima autoridad en lo relacionado al transporte público,
el ministro de Obras Públicas, dice que no cejan en la buena voluntad
de reformar un sistema que acarrea un desorden desde hace cuatro décadas.
El ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, explicó
que la Fiscalía General de la República y la Policía
están investigando casos de corrupción en el Viceministerio
de Transporte (VMT). El titular de Obras Públicas se excusa de
lo ocurrido en las gestiones realizadas antes de su entrada en junio de
2004, por las cuales, considera, no tienen responsabilidad.
Ministro, dice que ha habido corrupción en el VMT. Hasta hoy,
¿ya no hay corrupción?
Lo que sí le puedo asegurar es que estamos trabajando en los
procedimientos de un nuevo Viceministerio de Transporte. Lo que sí
le puedo asegurar es que hay diligencias que está desarrollando
la Policía, cosas que pudieron estar ocurriendo.
¿Acaso no debe saber usted si hay o no corrupción en
el Viceministerio de Transporte?
¿Usted me pregunta si ha habido? Yo inicié esta conversación
diciendo que durante 40 años en Transporte ha habido de todo, ha
habido corrupción.
Hasta este día, ¿ha habido corrupción?
¿Si durante las operaciones de este día (ayer) hubo o
no corrupción?
No, no... hasta esta fecha (ayer), ¿el VMT ya no tiene corrupción?
¿Si todavía existe corrupción dentro del VMT desde
el 1.º de junio de 2004? Lo más seguro es que sí.
¿Sus palabras son una denuncia pública?
Lo que estoy diciendo es que existe la posibilidad de que existe corrupción,
todavía, en el VMT, porque no hemos terminado el proceso de modernización
del VMT. Cuando a nosotros se nos informa y nos damos cuenta de irregularidades,
hacemos las investigaciones correspondientes, y si tenemos pruebas, se
las pasamos a la Policía, y en su caso a la Fiscalía. Hay
temas en mi gestión que ocurrieron y que se están investigando.
¿Usted invitaría a la Fiscalía a aclarar si
hay problemas de corrupción?
Nosotros los hemos invitado. Les hemos pasado casos.
¿La Fiscalía investiga al Viceministerio de Transporte?
Es correcto. La Fiscalía General está investigando casos
específicos, que no puedo hacer públicos porque intervendría
en las investigaciones que está haciendo la Fiscalía.
Dijo que cuando tienen indicios los pasan a la PNC, y en todo caso
se los pasan a la Fiscalía, pero ese no es el proceso, porque el
ente investigador es la Fiscalía y no la Policía.
No, quizá, quizá no me exprese bien. Pasamos el caso a
quien corresponde. La Fiscalía está involucrada en todos
los temas.
¿El viceministro de Transporte, Benjamín Cestoni, debe
estar al tanto?
Sí.
¿Cuáles son los casos?
Son temas específicos.
La Corte de Cuentas dice que el VMT no tiene cuantificado el problema
de unidades ilegales
¿En qué año fue eso?
En 2003.
Bueno, desgraciadamente, yo no estaba en el gabinete de gobierno en
el año 2003. Lo que sí le puedo decir es que, con la voluntad
política del presidente de la República, Elías Antonio
Saca, vamos a hacer nuevo el Viceministerio de Transporte.
Rogelio Tobar reconoce falta de controles
Rogelio Tobar, ex viceministro de Transporte, reconoce que el VMT no
tenía la capacidad suficiente para combatir la ilegalidad y que
durante su gestión no se tuvo el control de ello. “Lo que
uno no puede decir como funcionario, en la parte administrativa, es que
tenga el control contra los actos delictivos, porque eso es un fraude.
Mucho más si es en el interior del país, incluso en la ciudad,
recordemos que en el interior del país a veces es más difícil.”
Parte de la responsabilidad, el ex viceministro la achaca a la entrada
en acción del decreto 1220, que permitió a muchos registrarse
con simples copias de permisos.
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