La privada Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) advirtió que la eventual promulgación de la nueva ley del sector provocará retroceso económico, que se traducirá en desempleo, parálisis de la inversión extranjera y caída de la producción petrolera.

En momentos en que el presidente Carlos Mesa estudia, junto a su gabinete de ministros, la conveniencia de promulgar o no la ley, la CBH advirtió en avisos pagados a página plena en todos los diarios del país que “si la ley es aprobada por el Poder Ejecutivo, lejos de traer bienestar al país, provocará un perjuicio para Bolivia”.

La CBH, que aglutina 20 petroleras de Europa, Asia, Estados Unidos, Brasil y Argentina, apuntó entre las seguras secuelas “la pérdida de miles de fuentes de trabajo directas e indirectas que hoy dependen de la actividad petrolera”.

Presagió “la disminución de la actividad económica” en el todo el país “con impacto directo en el comercio, la industria y los servicios”.

También la “caída de la producción (petrolera) y, por lo tanto, de la recaudación fiscal con el consiguiente deterioro de las actividades desarrolladas por el Estado”.

La puesta en vigor de la ley que restablece las competencias del Estado en la producción petrolera y que fuera votada el jueves último por el Legislativo boliviano anulará los proyectos para desarrollar pequeños campos petroleros y repercutirá, por tanto, en la producción de diésel (gasoil), carburante imprescindible para la pujante agroindustria del oriente del país.

Por último, en consonancia con el empresariado boliviano y el mismísimo Mesa, vaticinó una “fuerte disminución de la inversión privada en el sector de los hidrocarburos”, así como la “afectación de la seguridad jurídica y la pérdida general de la credibilidad de las instituciones de la nación”.

La CBH reúne, entre otras, a Repsol de España, British Petroleum de Gran Bretaña y Petrobras de Brasil, que operan en Bolivia desde 1997 sobre la base de una ley de corte privatista promulgada durante la primera administración del ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

Nueva ley

El proyecto de ley aprobado en el parlamento tras casi 10 meses de discusiones fija un impuesto del 32% a la producción que no podrá ser acreditado por las firmas extranjeras y mantiene en 18% el cobro de las regalías para este sector.

Conserva, además, el régimen de tributos contemplados por la ley, como el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a las utilidades de las empresas.

Distintos sectores sociales y dirigentes privados se han manifestado en contra de esta ley y piden al gobierno que vete su promulgación, al tiempo que amenazan con reanudar protestas.