Cuando la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, expresó su preocupación por el futuro de la democracia en Venezuela, Bolivia y Ecuador durante su gira por América Latina la semana pasada, podría haber añadido un cuarto país a la lista: Nicaragua.

A juzgar por lo que me dijo el presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, en una entrevista, Nicaragua ya ha sufrido un golpe de Estado, perpetrado por el congreso. Una coalición de la extrema izquierda y la extrema derecha, cuyos líderes tienen en común una larga historia de acusaciones de corrupción, ya controla el congreso y la Suprema Corte de Justicia, ha arrebatado la mayoría de los poderes presidenciales y está a punto de tomar el control de la radio y la televisión.

“Tenemos dictadura legislativa bicéfala”, me dijo Bolaños en una entrevista telefónica desde Managua, mientras un paro de transportes y violentas manifestaciones en la calles sacudían al país. “Las protestas las encabezan Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.”

Ortega es el ex presidente izquierdista que tras la revolución sandinista de 1979 confiscó la mansión de un acaudalado empresario en nombre de la justicia social e inmediatamente la convirtió en su casa. Y Arnoldo Alemán es el ex presidente derechista que actualmente está bajo arresto domiciliario, enfrentando cargos de que robó decenas de millones de dólares durante su período presidencial de 1997 a 2001.

Es un matrimonio de conveniencia: Ortega quiere acumular más poder y Alemán quiere un perdón presidencial. Y los dos quieren paralizar a un Gobierno que ha logrado alcanzar una tasa de crecimiento económico del 5.1% el año pasado, la más alta en Centroamérica , afirmó Bolaños.

Juntos, Ortega y Alemán, han hecho que sus incondicionales en la Asamblea aprueben leyes que le quitan al presidente el poder de nombrar ministros, así como su control efectivo sobre la agencia de telecomunicaciones del país, que controla las cadenas de radio y televisión. Si la Asamblea Nacional toma el control de las telecomunicaciones, se acabó la libertad de prensa, aseguró.

La Suprema Corte, controlada por los sandinistas, ha ratificado estas leyes. Bolaños ha citado una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia para aferrarse a lo poco que le queda de sus poderes presidenciales.

“¿Qué hará?”, le pregunté. Bolaños respondió que estaba considerando invocar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, por la cual se solicita una intervención diplomática regional cuando hay una interrupción de la democracia, aunque un acuerdo del Gobierno con los estudiantes que protestaban en las calles logró levantar temporalmente las protestas el viernes.

Hermanos discordantes

Sorprendentemente, una de las pocas voces sensatas en Nicaragua es la del general Humberto Ortega, ex jefe del ejército sandinista y hermano de Daniel Ortega.

Ahora, convertido en un próspero empresario, Humberto Ortega acaba de escribir un libro sobre la revolución sandinista, “La epopeya de la insurrección”. En él reconoce abiertamente pecados de juventud y asegura que los partidos de oposición deben moverse hacia el centro y permitir que Bolaños termine su mandato.

“El Frente Sandinista y las fuerzas de derecha tienen que entender que no hay espacio para ningún tipo de revolución, para ningún tipo de cambio radical”, me dijo Humberto Ortega en una entrevista telefónica. “Si no entendemos que aquí ya hubo una revolución y una contrarrevolución, y que ambas tuvieron una fuerte base popular, no vamos a llegar a ningún lado.”

Lo que es más importante aún, Humberto Ortega añadió: “Hay un abuso en la forma en que se está usando el poder político por parte de los partidos en la Asamblea. Hay un excesivo uso de ese poder. Aquí todos tenemos que hacer concesiones para que este Gobierno termine”.

Mi conclusión: no podría estar más de acuerdo. Nicaragua ya es una democracia híbrida, con un presidente con las manos atadas. Y a menos que haya presión internacional para que los líderes de oposición actúen más responsablemente, puede que pronto ya no pueda ser considerada como una democracia.

Post scríptum: Hay que sacarse el sombrero ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, por haber llevado a cabo el 12 de abril un seminario en Washington, D.C., sobre las amenazas a la prensa en Estados Unidos, y por emitir un comunicado la semana pasada criticando los fallos de la cortes de Estados Unidos que podrían mandar a prisión a periodistas del “The New York Times” y de la revista “Time” por rehusarse a revelar sus fuentes.

La SIP, que ha criticado desde hace mucho tiempo la censura absoluta que existe en Cuba, y las crecientes restricciones a la libertad de prensa en Venezuela, está condenando abusos a la libertad de expresión donde sea que estos ocurran. Aunque en Estados Unidos todavía hay muchísima más libertad de prensa que en países como Cuba, las denuncias de la SIP están más que justificadas.