Ellos no sufren la epidemia de homicidios que vive el resto de El Salvador. En dos de estos lugares no se habla de asesinatos desde hace más de una década. Las autoridades, sin embargo, aparentemente no se han percatado de esa situación excepcional y ya hablan de hacer 181 reformas penales nuevas, de crear granjas para rehabilitar a pandilleros, de aumentar el número de operativos policiales, pero nada de las prácticas que han librado a miles de salvadoreños del fantasma de la muerte intencional. Es “el capital social”, dicen los expertos, lo que hace posible esa convivencia pacífica en municipios asediados por la pobreza. En Chalatenango y Morazán hay franjas de tranquilidad que invitan a estudiar cómo lograron llegar a diferenciarse del resto del país.

Se mece suavemente en una hamaca en el interior del puesto policial y describe la fácil tarea que se le ha confiado. Cuando se le pregunta a Nicolás Raudo Borja, el jefe de la unidad, si sabe la fecha del último homicidio en San Francisco Lempa, en Chalatenango, se queda pensando por largo rato. Llama a uno de los agentes con más años de patrullar el pueblo para consultarle, pero ambos especulan como si estuvieran descifrando una adivinanza. “Quizás nunca ha habido”, responde.

La violencia de la que hoy todos hablan en el país dejó de rondar ahí un 27 de diciembre de 1993. El sol aún alumbraba las pálidas paredes del barrio Los Alas, cuando Luis Erazo, de 42 años, vio a Manuel Hernández y a Samuel Rivas disputarse un manojo de leña. Estaba ebrio; le surgió la necesidad de separarlos y recibió una puñalada por respuesta. Desde aquel día fatal nunca más se ha escrito una historia sangrienta en los libros del juzgado de Paz del lugar.

Esperanza Alas de Castillo ha vivido en San Francisco Lempa los 70 años que tiene de vida. Ella es una entre los 436 mil 877 salvadoreños que viven libres de la epidemia de homicidios, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud que fija en 10 muertes por cada 100 mil habitantes el límite de “lo sano”. Están concentrados en 65 municipios del país y constituyeron en 2004 el 6.5 por ciento de la población total de El Salvador.

La gente vive con tanta tranquilidad que incluso se sorprende de saber que hace tan poco como 12 años hubo un asesinato cerca de su hogar. “Yo pensé que había sido en el tiempo de la guerra”, dice Esperanza. Un total de 28 municipios más dan una bofetada a la violencia al mostrar que en los últimos tres años ahí no se ha perdido una sola vida por esa causa.

Atravesando las fronteras hacia el nordeste del país, Morazán destaca con nueve municipios en los que las autoridades policiales y judiciales no han tenido la necesidad de abrir un expediente por homicidio. Alcaldes y jueces de Paz explican con serenidad que sus oficinas no están saturadas de trabajo. Los casos que más se atienden son de carácter conciliatorio y de violencia intrafamiliar. En total, 65 municipios se encuentran libres de la epidemia de homicidios. Muchos de ellos padecen de pobreza extrema, según el mapa que hizo público el gobierno en marzo pasado.

En la contraparte está Nahulingo, en Sonsonate. Ahí ni siquiera la cabecera departamental supera la oprobiosa tasa de mortalidad de 124.9 por 100 mil habitantes al año. Es decir, una de cada 1 mil personas muere al año. Eso equivaldría a una persona de cada siete manzanas urbanas promedio de San Salavdor.

Las cifras más escalofriantes de muerte en todo el país se concentran en nueve municipios y abaten a 636 mil 508 salvadoreños. Cuestionado al respecto, el subdirector de Seguridad Pública de la PNC, Pablo Escobar Baños, dejó ver que la información manejada por la Policía no es más profunda que la de los medios de comunicación. “San Salvador es el municipio más violento”, señaló. Pese a estar trabajando en la prevención de la violencia en Nahulingo, Armando Jiménez, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ignoraba que este municipio fuera uno de los más afectados del país.

Los municipios libres de la violencia son islas inexploradas. Marcela Smutt, oficial de Naciones Unidas en el programa Sociedad sin Violencia, sugiere: “A partir de un buen diagnóstico se podrían identificar los principales problemas que El Salvador no debería dejar de mirar para reducir índices de violencia y delincuencia. Se vuelve necesario diseñar estrategias y distintos programas, monitorizarlos de manera que se puedan mejorar y sistematizar”.

En Morazán y Chalatenango se concentra la mayoría de los lugares con cero homicidios en los tres últimos años: 19 municipios en suma. Gran parte de ellos comparten el pasado funesto de la guerra. El presidente Antonio Saca cree que “una de las desgraciadas herencias de la guerra es precisamente el irrespeto a la vida humana”. Pero hay quienes sostienen que también se heredó la construcción de una cultura de paz, como lo explica el director del Instituto de Estudios Históricos, Arqueológicos y Antropológicos de la Universidad de El Salvador, Carlos Lara: “Se adquirieron niveles de conciencia social altos y eso da autocontrol de sí mismos y su entorno. Trabajan en función de un proyecto social, buscan una mejoría colectiva, adquieren el control social que impide niveles de violencia”.

El capital social

Mario Zetino, sociólogo de la UCA, habla de “capital social”, un concepto que ha venido evolucionando desde la década de los 90 y explica cómo la violencia se reduce en la medida en que se involucra a la comunidad. “Uno de los efectos de la guerra que no se resalta es que se creó un componente fuerte de solidaridad y de búsqueda de solución de problemas económicos y sociales”, agrega. Las personas están organizadas de manera que no hace falta que problemas leves tengan que pasar a los juzgados. Estos son discutidos en consejos integrados por alcaldía, PNC, jueces, Iglesia y comunidad.

La pobreza, incluso reflejada en los escasos recursos policiales, no ha impedido que se perciba en el ambiente la frescura de la seguridad.

Los espacios públicos, la limpieza en las calles y el respeto que ahí se aprecia, hacen soñar otro El Salvador, donde la correlación directa entre pobreza y delincuencia queda evidenciada al final como sólo un mito.

Luis Salguero, secretario del Juzgado de Paz en San Francisco Lempa, cree que la clave está en que la institucionalidad alcance a las personas. “La gente es participativa”, asegura desde la quietud de su oficina.

Por eso organizan torneos de fútbol junto a la Policía para los jóvenes e imparten charlas de prevención. Esperanza Alas considera que estas prácticas dan buenos resultados. “Hacen que los jóvenes pasen entretenidos”, comenta.

En San Francisco Lempa no hay pandillas, como sucede en la mayoría de los municipios donde no se registra homicidios desde 2001.

Hace un par de años, la jueza de Paz en Chilanga, en Morazán, Ana Elsy Mendoza, enfrentó uno de los principales retos en sus 11 años al frente del juzgado. “Comenzaban algunos muchachos a reunirse como intento de formar pandillas, pero yo me fui a buscarles uniformes y pelotas de fútbol para que se integraran al torneo de ese año. Todos al principio me decían que yo estaba con esos muchachos, pero mire, no hay maras aquí, unos mejor se fueron y otros se quedaron y allí andan trabajando”, comenta sonriendo. Los borrachos tampoco son un problema. Generalmente, las municipalidades no autorizan una sola licorería, como en Las Flores, y apenas dos de estos establecimientos hay en San Francisco Lempa. Ambos municipios llevan más de una década sin sufrir un homicidio. El escándalo más grande en estos dos lugares lo genera la música a todo volumen, que ni siquiera en la letra de corridos románticos luce agresividad.

La alarma viene nuevamente desde las instituciones que han asumido un compromiso con la erradicación de la violencia. “La violencia es un fenómeno que no está bien estudiado acá. Es importante saber qué tipo de violencia está asociada en cada lugar”, considera Carlos Briones, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. “El Estado tiene que tener mejor capacidad de hacer sentir que es capaz de hacer cumplir.” Y Salvador Samayoa, de Sociedad sin Violencia, remata con una sugerencia: “No podemos diluir la responsabilidad del sector de seguridad del Órgano Ejecutivo del gobierno y creo que no está siendo eficiente. Allí, el presidente Saca necesita dar un muy importante viraje de timón. Talvez hoy que se acerca el primer año de gobierno, que por tradición suele ser momento para evaluar el desempeño de los funcionarios, tocaría pensar en cambios importantes en la manera en cómo está organizando y gestionado la seguridad en el país”, considera.