Una tarde en Arambala, en la zona oriental de Morazán, cabe fácilmente en las siete letras de la quietud. En las calles asalta la ausencia de ruidos estridentes, los habitantes tienen la amigable costumbre de tener sus casas con las puertas abiertas, como esperando un visitante.

Tampoco hay pandilleros y ni un solo expendio de aguardiente.

¿Un paraíso? Más bien organización y respeto defienden las autoridades del lugar. René Gallardo garantiza, como juez de Paz de Arambala desde 1999, que en ese período nunca ha llegado a la oficina judicial un caso de homicidio.

A unos 100 metros de distancia, el alcalde José Adolfo Argueta explica con naturalidad que esa no es la principal dificultad que enfrenta. “Aquí los problemas son las ventas clandestinas de licor y algunos hurtos, que más que todo son raterismo, pero es bien poco.”

Sobre eso, Gallardo alega que la mayoría de los casos son resueltos por la vía conciliatoria y entre ellos incluye los problemas de violencia intrafamiliar, que son un elemento común en la mayoría de los nueve municipios de Morazán que registran cero asesinatos en los últimos tres años.

Problema y solución

En el parque central hay ocasionalmente un par de muchachos sentados junto a una de las mesas de cemento. En la casa de enfrente, el alcalde comenta que el último escándalo público ocurrió hace aproximadamente un mes y lo provocó un ebrio que quebró una de las bancas. Los testigos no faltaron y la denuncia llegó hasta el juzgado, donde se acordó que el castigo sería financiar y reparar el daño. “La municipalidad ya había invertido en arreglar el parque y él tenía que responder por el daño que hizo a algo que es de todos. ¡Que le dé pena!”, sentencia el alcalde.

Marcela Smutt, oficial de las Naciones Unidas para el programa Sociedad sin Violencia, observa la utilidad de una actitud reparadora: “Así, la persona se siente parte del problema y también de la solución”.

Pobres, pero en paz

El silencio de la tarde se rompió con las carcajadas de decenas de niños en una jornada de vacunación. Víctor Palma lleva cuatro años trabajando como médico de la unidad de salud y con seguridad dice que tres de cada cuatro niños sufren desnutrición. Según el Gobierno, una de cada tres familias en este municipio no alcanza ingresos suficientes ni para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

El nivel de la pobreza que hay allí ha sido calificado como de “extrema alta” en el mapa trabajado por FISDL y FLACSO. De acuerdo con la apreciación de los especialistas, esa condición no tiene una relación directa con la violencia y la llave podría estar en la organización comunitaria. En Arambala la comunidad tiene voz por medio de la asociación local de desarrollo comunal, integrada por 10 directivos que se reúnen por lo menos una vez al mes con el alcalde para solventar sus necesidades. “Ni siquiera hemos pedido puesto policial aquí y no damos permiso a que se abra un solo expendio”, se jacta el alcalde.

Al respecto, Salvador Samayoa, del programa Sociedad sin Violencia, apunta que el protagonismo de las municipalidades es otra de las deficiencias graves a escala nacional para poder construir una sociedad pacífica.

El PNUD propone, en su documento “Aportes para la convivencia y la seguridad ciudadana”, buscar la respuesta en la organización y en la acción vecinal.