La violencia siempre ha estado asociada donde hay más riqueza”, introduce tajantemente Salvador Samayoa, miembro del programa Sociedad sin Violencia y de la Comisión Nacional de Desarrollo. “Yo, esa ecuación de pobreza con delincuencia, nunca la he aceptado. En cambio hay otros conceptos que están más relacionados, como es la marginalidad”, dice cuando se le expone que la mayoría de municipios del país ubicados dentro de la categoría de pobreza extrema registran un bajo o nulo índice de homicidios.

Los analistas de la violencia coinciden en que no hay relación directa entre pobreza y delincuencia, y por tanto, entre pobreza y homicidios.

Samayoa subraya que San Salvador y La Libertad concentran el 80% de las empresas del país, tal vez más del 80% de la recaudación fiscal, y son los únicos que están por encima del promedio nacional en educación y escolaridad, pero a la vez son de los que tienen mayores tasas de homicidios. “Los desequilibrios son tan grandes que es normal que ahí haya más robo por los bolsones de marginalidad, y el efecto de mostrar que tiene que estar en contacto cotidiano con la riqueza. Es distinto en el campo.”

Marcela Smutt, oficial de Naciones Unidas del programa Sociedad sin Violencia, coincide en que una fuente de violencia es la desigualdad, y a partir de eso explica por qué hay municipios libres de epidemia de homicidios en El Salvador. “Hay un desarrollo humano bajo en esos municipios, pero son comunidades más homogéneas”, donde no conviven extrema pobreza junto con grandes oportunidades.

Desbordamiento

Carlos Briones, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ahonda en el análisis. Expone que la urbanización acelerada y carente de oportunidades que ocurre en la zona central del país es el escenario adecuado para contribuir a la exclusión. “Se produce una conciencia de marginación, y que posiblemente no es la misma en algunos de estos municipios pequeñitos en donde los indicadores de pobreza son muy altos.”

Esa conciencia tiende a generar una identidad de resistencia, como el fenómeno de las pandillas. “Importa mucho el hecho de tener percepción, conciencia de la exclusión, sentirse al margen es algo que lo vamos estructurando, interiorizando”, detalla. Y, por tanto, “la lógica es que en las economías urbanas, donde se comienza a generar este tipo de identidad, también empiezan a circular actividades económicas ilícitas que buscan conseguir acceso a los productos bombardeados por la publicidad de consumo o a los que están a la vista, pero con acceso vedado por la carencia de estudio, trabajo, oportunidades y diversión, por mencionar cuatro aspectos”.

La pobreza, no obstante, no es un factor a desestimar. El antropólogo Carlos Lara, sin embargo, cree que es secundario. “Hay que considerarla, pero el principal aspecto es la desigualdad porque crea niveles de frustración que la gente expulsa en manifestaciones violentas hacia los vecinos.”

Alcohol y armas: un coctel letal

En más del 73% de los homicidios cometidos durante 2004 estuvieron involucradas las armas de fuego, según reportó la Policía a finales del año pasado.

El riesgo social que implican las armas lleva a reflexionar a Salvador Samayoa, el ex director del Consejo de Seguridad Pública: “Las armas, el alcohol y las drogas agravan la situación. Probablemente, si en ese momento de descontrol no hubiera presencia del alcohol y de las armas, no se terminaría en un homicidio”.

Según el antropólogo Carlos Lara, “el alcohol es un símbolo. La bebida es utilizada para sacar, en algunos casos, las frustraciones de los individuos. Pero no es la causa principal de la violencia”. En el país se consumen 12 litros de cerveza por persona al año. Menos que en Costa Rica, que ronda los 30 litros por persona y con una tasa de muertes de seis puntos.

EFECTO DE IRRESPONSABILIDAD

El alto consumo de las bebidas embriagantes es una mezcla peligrosa, según los especialistas. Pero la cantidad de armas en manos de civiles, a lo que se agrega la innata agresividad de las personas, es aún más alarmante. Durante los primeros cuatro meses de 2005, la Policía ha decomisado 2 mil 248 armas de fuego.

El 62% han tenido una participación en algún delito, según datos de la PNC.

El 32% han sido decomisadas por faltas de permisos u otros, y el 6% restante

son armas halladas abandonadas. Para 2003, el PNUD estimó que había en El Salvador por lo menos 450 mil armas, legales e ilegales.

Las cifras indignan al subdirector de Seguridad Pública, Pablo Escobar Baños. “En nuestra legislación, portar armas es un delito menos grave. Y tenemos gente que ha sido capturada hasta cuatro veces por el mismo delito. Deberían hacer más rigurosa la ley. A diario encontramos en el transporte público a personas que van con sus pistolas y permisos de portación. Es difícil decir cuáles delitos han sido cometidos por armas legales. Las armas de fuego son un grave factor de riesgo.”

Carlos Briones, director de FLACSO, agrega: “Una sociedad armada en las condiciones que nosotros tenemos es definitivamente un catalizador”.