Es de mañana y Nahulingo ha amanecido apacible. Apenas hay gente en las bancas del parque central, ese que cerca la iglesia sin campanario, y los únicos que parecieran trabajar son los de la cuadrilla de obreros que reparan los adoquines maltrechos de la calle frente a la alcaldía. Al otro lado del parque, varios jóvenes juegan a rebotar un balón en una cancha, mientras dos policías de tránsito han salido de su puesto en la esquina para echar una mirada.

Calle abajo de la alcaldía, sin embargo, hay un grupo de personas, de andar lento y pañuelos en las cabezas, que rompen con el cuadro. Visten de luto y siguen el carro que transporta un ataúd. El sepelio es el de Reynaldo Orellana, de 66 años. Era poblador de Nahulingo, pero no murió en el municipio: fue asesinado el 27 de abril pasado en la vecina ciudad de Sonsonate.

Un crimen más. Un crimen que, empero, suma una cruz más a la hasta ahora secreta reputación de Nahulingo. El municipio tiene, en términos de homicidios, el promedio de mayor violencia del país de 2002 a 2004, y es el lugar donde hay más probabilidades de que quien ahí vive acabe asesinado y en el que, curiosamente, no hay un puesto de la PNC que vele por la seguridad de los habitantes.

Sin protección

En realidad en Nahulingo sí hay un puesto policial cuyas paredes están pintadas como las de cualquier otro cuartel. Blanco y azul, con la salvedad de que en el frente el rótulo dice: “Patrulleros de caminos”. Dentro, dos agentes reciben detrás de un escritorio adornado únicamente por un teléfono. El jefe está dormido, así que el otro relata: “Antes había un puesto de Policía, pero hace como tres años lo quitaron. Nosotros somos patrulleros, nos encargamos de las carreteras”.

Ninguno lo sabía, eso era obvio, aunque alguna idea tenían de lo violento que es Nahulingo. “Y sí, últimamente se ha puesto jodido acá. El problema es que si ocurre un asesinato hay que esperar a que vengan los del 911 o de la delegación de Sonsonate. Nosotros no podemos actuar.”

Los agentes, sin embargo, apuntan con los dedos al sur, a una de las colonias que ellos han escuchado que es la más peligrosa. “Lotificación Entre Ríos”, complementa minutos después Miguel Ángel García, secretario del juzgado de Paz. “De hecho, de ahí es que recibimos la mayor cantidad de denuncias, especialmente de violencia intrafamiliar”, agrega García.

La lotificación Entre Ríos puede agradecer porque su nombre al menos sea cierto. Pero excepto de los dos ríos que la flanquean, el resto del panorama no la ayuda para despojarse de su matiz sombrío. La entrada a la colonia está adornada por el cementerio municipal y sus calles con polvo y charcos de agua estancada. Adentrándose poco más, los postes y las paredes decoradas por los pandilleros se cuentan uno tras otro.

La calle principal luce casi desolada y los pocos que aparecen regalan tibias sonrisas no sin esconder su desconfianza. José detiene su marcha en bicicleta y con soltura cuenta su cotidianidad: “Da miedo porque aquí nunca te amagan y ya hace un mes mataron uno ahí”, dice el joven, mientras señala un terreno baldío al final de la calle. Luego, sin evitar lanzar miradas hacia atrás con un ligero toque de paranoia, sigue: “Te piden dinero y siempre anda reclutando a menores de edad”.

Reportada por los medios pareciera que la realidad de homicidios de Nahulingo, 124 por cada 100 mil habitantes al año, durante los últimos tres años, es otra. Pero ni José, ni otros habitantes de Entre Ríos, mucho menos Medicina Legal, comparte la visión. Los periódicos reportaron cuatro muertes violentas entre junio y diciembre de 2004; Medicina Legal, en cambio, dice que son 25.

Las pandillas en la mira

Miguel Ángel Mejía es el alcalde de Nahulingo. Aunque lo sospechaba por el repunte de los dos últimos años, ni él, ni su asesor, conocía lo que ahora vive el municipio que gobierna desde 1994. “La gente vive a pesar de la violencia. Es que no puede ser de otra manera, nos quejamos, pero todos tenemos que seguir trabajando”, se lamenta.

Nahulingo no tiene mercado, ni casa de créditos, restaurantes, grandes comercios, y su alcaldía apenas está pintada de blanco y sin rótulo. Mejía reconoce que el municipio que gobierna desde 1994 es pequeño, casi un apéndice de Sonsonate, pero no por eso indigno de un puesto fijo de Policía.

El alcalde aún no alcanza a entender, pero está seguro de que la migración de pandilleros de Sonsonate a Nahulingo, cuando entraron en vigor los planes gubernamentales antimaras, es la responsable de la epidemia. “Es que antes no había.”

Los dos policías que entran de vez en cuando en su vetusta patrulla a la colonia Entre Ríos culpan también a las pandillas. Sin embargo, ellos, los únicos que recorren el municipio, reconocen que les es difícil saber a ciencia cierta si la violencia proviene de otra parte. “Los pandilleros han hecho suyo el territorio. Nosotros los capturamos, más no podemos hacer”, dice uno de ellos.