Apopa. Era de madrugada y el pelotón de la Policía Nacional Civil avanzaba sigiloso en la oscuridad de los pasajes de la colonia Santa Teresa, iluminados únicamente por las luces de las cámaras de televisión. El jefe dio la orden. La casa tenía defensa y enrejado, que de poco sirvieron para evitar que los agentes de avanzada derribaran la puerta principal. Todo fue muy rápido.

Dentro, el inquilino aún dormía y pudo percatarse de la visita cuando los encapuchados lo rodeaban y le apuntaban con sus armas de asalto. Lo sacaron esposado y como se encontraba, únicamente en calzoncillos. Al descubierto quedó su tatuaje en el abdomen, con las letras grandes “La Mirada”. Era el inicio de una gran noche para la Policía, que terminaría con 36 pandilleros arrestados y la satisfacción de haberle mostrado a los agentes del FBI que visitaban El Salvador la forma en que la PNC combate a las maras.

Esa madrugada, el miércoles 23 de febrero de 2005, Óscar Andrés Díaz tomó su decisión. Estaba hastiado de las capturas, de los golpes, de las exhibiciones públicas ante los medios de comunicación (y esa madrugada no fue mostrado solo a los locales, sino también a Fox News de Los Ángeles), de que dijeran que era de la 18, cuando tiempo atrás dejó la vida de la pandilla, la suya, que no era la 18 sino “La Mirada Locos”. Estaba hastiado de la Policía. Así que decidió demandarla.

Una “mirada” hacia atrás

Óscar Díaz carga con 30 años y no hace ascos para aceptar que los últimos 12 su vida ha tenido todo menos paz. “Por eso decidí salirme”, dice ahora, con su español aderezado con el inglés, producto de las calles de Los Ángeles.

Su familia huyó a los Estados Unidos en 1984. La guerra, explica Díaz, fue la razón. A los 18 años, por razones que le cuesta explicar, “Angel” (se pronuncia “enyel”), como se lo conoce desde pequeño, se unió a una pandilla. “La Mirada es poco conocida acá, pero en Los Ángeles es rival de la 18”, menciona en un tono de molestia. Enfado que le ha nacido de todas las veces que ha visto publicado su nombre en los medios de comunicación del país junto con la ya calcada frase: “Líder de la mara 18”. “¿Te podés imaginar? No estudié la ‘high school’, pero no soy tonto, y sé lo que buscan: me pueden hasta matar por eso”, sigue, sobresaltado.

En Los Ángeles, el ex pandillero estuvo preso en dos ocasiones. La segunda, sin embargo, sería la que le diera el empujón final y el dinero para una nueva vida. Corría 1993 cuando fue detenido por la Policía angelina por la supuesta participación suya en un robo dentro de una casa. Aunque él niega su implicación, recibió una condena de un año en la prisión del Condado de Los Ángeles. La cumplió y regresó pronto a las calles.

Dos años más tarde, se enfrentaría a un panorama mucho más turbio. La División Rampart, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), lo capturó, y esta vez los cargos eran mayores y considerablemente dignos de una pena abultada: posesión y venta de drogas. Antes de ser liberado, tras haberse demostrado que tanto él como muchos pandilleros eran inocentes, pasó ocho años recluido. Ocho años que le sirvieron para convencerse y cambiar su vida. El estado de California lo terminó indemnizando con una cifra de cinco ceros (ver recuadro en página 13, “El caso Rampart”). Carta de libertad, miles de dólares y deportación inmediata a El Salvador.

La cadena de encierros

El Salvador lo recibió con una ley antimaras (declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2004) y un plan Mano Dura. Era marzo de 2003 y la Policía no tardó en capturarlo por el cargo de agrupaciones ilícitas. Esa vez todo ocurrió cuando viajaba en unos de sus carros junto con su amigo Roberto Alvarado, otro ex pandillero.

“Nos detuvieron, nos bajaron del carro y el policía nos acostó en el pavimento que, por supuesto, estaba caliente”, recuerda Alvarado. “Nos acusaron esa vez de robar un banco, pero al llegar al juzgado nos remitieron por agrupaciones ilícitas”, agrega Díaz. Pasaron unos días en las bartolinas y el veredicto del Juzgado Quinto de Paz de San Salvador fue sobreseimiento definitivo en la audiencia inicial.

Desde su regreso, Díaz asentó su vida en Apopa. Fue ahí donde lo arrestaron la segunda vez y las tres veces siguientes. Los expedientes del Juzgado de Paz del municipio (442-2003-2, 961-2003-2, 711-2004-2 y 1089-2004-3) dejan al descubierto que siempre ha salido libre de cargos en la audiencia inicial. Lo curioso es que en todos los casos, como consta en los expedientes, los sobreseimientos son pedidos dentro de los mismos requerimientos de la misma Fiscalía por falta de pruebas.

“En la calle, el policía es juez”

“Me cansé de esas mentiras. Que vayan a preguntar a la colonia si quieren y se darán cuenta”, desafía Díaz, en un afán por demostrar que está rehabilitado. Él, como muchos otros ex pandilleros, asiste a la sede de Hommies Unidos, una ONG que se dedica precisamente a rescatar jóvenes. Roberto Alvarado también asiste a los Hommies y fue ahí donde trabó amistad con Díaz. “Aquí no importa si vos fuiste de esta y yo de la otra”, explica el ex miembro de la 18.

Es que la rehabilitación, una palabra que sí existe dentro del léxico policial, es vista con recelo. El subcomisionado de la PNC Vladimir Cáceres lo dice claro: “Creo en la rehabilitación de pandilleros, pero también creo que un pandillero rehabilitado puede cometer delitos”. Cáceres es el encargado dentro de la Policía para el plan “Supermano Dura”, y el lidiar con pandilleros es, para él, cosa de todos los días.

“Si la persona está tatuada y viste como pandillero, se le puede retener para verificar su identidad. En otro caso, si yo los capturo es porque tengo los elementos suficientes, según las pruebas, para creer que puede cometer un ilícito. Luego el juez decidirá, pero en la calle, el policía es el juez”, dice Cáceres.

Una de las más férreas opositoras a los planes antimaras es la procuradora de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo. Desde un inicio, la abogada ha señalado que los planes son el reflejo de la inoperancia de la Fiscalía y PNC para el combate efectivo a la violencia en el país. “Lo que buscan es provocar en la opinión pública una sensación de protección. Es una política monstruosa del Estado”, se queja.

La funcionaria, a quien sus detractores la han etiquetado como “mamá de los pandilleros”, basa sus afirmaciones en los informes que la misma institución elabora cada año sobre los derechos humanos de la niñez y juventud. En el último, publicado en enero de 2004, la PDDH estima que en el 97% de los casos de capturas de pandilleros en 2003, los juzgados dictaminaron libertad definitiva.

“Es un buen caso”

Cuando Óscar Díaz llegó a las oficinas de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el abogado Nelson Flores se lo pensó poco. Sabía que era un caso atractivo, dadas las circunstancias que rodean al ex pandillero: su cuantiosa indemnización en los Estados Unidos y no haber tenido nunca antecedentes penales en el país lo hacían el sujeto perfecto para sentar un precedente que le diera la razón a la institución para criticar aún más las medidas punitivas del Gobierno.

FESPAD decidió representar a Díaz, y luego de varias semanas de trabajo presentaron juntos la denuncia ante el Juzgado de Paz de Apopa la tarde del pasado 15 de abril. El escrito, una petición para que el juzgado ordene a la Fiscalía comenzar una investigación para determinar la responsabilidad de “los actos arbitrarios” de la Policía en contra de Díaz. Una vez establecidas identidades y responsabilidades se puede demandar.

La pieza presentada enumera las detenciones que, según menciona, han sido realizadas sin justificación por la Policía. Para ello, cita el artículo 320 del Código Penal, que hace referencia a los actos arbitrarios de los funcionarios públicos. El que lo cometiere, señala el artículo, puede enfrentar una pena de dos a cuatro años de prisión.

Cáceres alega que la PNC solo hace su trabajo. “Si quiere demandarnos, que nos demande”, le reta.

Luego de que la PNC le botó la puerta, en febrero, Díaz optó por cambiarse de casa, aunque eligió siempre la colonia Santa Teresa, de Apopa. Vive solo, dice que el acoso es el mismo, y por las noches se refugia en la casa de su compañera de vida, unos pasajes después de la suya, con la que ha procreado una niña que ahora tiene cinco meses.

El dinero que le dieron es suficiente para resolver su vida sin trabajar por buen tiempo, pero él ha preferido poner su negocio. “No hago nada, soy solo el patrón, pero prefiero estar ahí y atender algunas cosas que estar acá para que me hostiguen”, asegura Díaz, en su nueva casa, al referirse al comedor que ha puesto. “Menos mal que la gente no sabe todo lo malo que dicen de mí”, completa “Angel”.

Eso último es lo que más le molesta: que lo condenen antes de ser juzgado. “Si a veces hasta pienso que sería bueno demandar a tu periódico”, señala Díaz, mientras hojea las páginas que reproducen su foto. Beatrice de Carrillo ataca también el punto y no duda en señalar la culpabilidad que, según ella, tienen los medios: “La presunción de inocencia es el derecho que más se viola en El Salvador”.

Díaz está confiado. Sabe que tiene el apoyo de FESPAD y se ha prometido a sí mismo actuar apegado a la ley, aun cuando asegura que la Policía no lo deja en paz. Para eso suelta una frase que suena a amenaza y a estribillo de canción de rap: “Si se llegan a topar con mi familia, no saben con quién se meten. No les tengo miedo, si me buscan, aquí estaré”.