Los abogados en el libre ejercicio de la profesión y los jueces se han pronunciado al seleccionar sus candidatos para sustituir a los representantes de sus gremios en el Consejo Nacional de la Judicatura. La decisión de los que tendrán la capacidad de formar y seleccionar a quienes van a impartir justicia, a quienes van a decidir sobre los derechos de los salvadoreños, serán responsables de la paz social y satisfacción con el régimen jurídico y político que exista en nuestro país o la falta de este, está en manos de la Asamblea Legislativa.

Al igual que todos los años en que hay elecciones de candidatos hacemos un llamado a la cordura y a la moralidad de los representantes del pueblo en el parlamento.

Tienen en sus manos una tarea importante y que va a decidir el destino de millares de personas, quizás el de ellos mismos y sus familias.

Deben escoger a quienes tengan las mejores cualidades para desempeñar el cargo a que han sido propuestos, a quienes sean una garantía de honradez y capacidad.

Algunas de las experiencias de años anteriores han sido alentadoras, pero las perspectivas para esta elección crean gran preocupación entre quienes quieren una eficaz administración de justicia.

La interferencia política en las elecciones gremiales no es ninguna novedad, aunque nunca antes se había dado una intervención tan directa y evidente.

No es la orientación política de los candidatos lo que importa, sino si son personas probas y pueden ejercer su labor con capacidad e independencia.

Algunos candidatos que apoyan abiertamente algunos sectores políticos distan mucho de poseer esas cualidades.

FESPAD solicitó a la Asamblea formar una comisión especial para investigar el manejo de las elecciones gremiales y no fue escuchada. Es una lástima porque el proceso contuvo irregularidades en las que estaba en juego el respeto a la voluntad del parlamento.

Hace menos de tres años, la Asamblea reformó la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura estableciendo que no podían ser candidatos quienes desempeñaran cargos públicos, y la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador no aceptó la inscripción de varios candidatos propuestos por algunas asociaciones por encontrarse en tal circunstancia, pero sí aceptó la de un funcionario público que se encuentra en la lista de candidatos. ¿Por qué se permitió esto, si esa misma persona publicaba su currículo en donde aparecía que desempeñaba el cargo? ¿Acaso se subsana la ilegalidad porque ha presentado su renuncia con posterioridad a la elección? No, debió haberla presentado antes de ser inscrito como candidato.

Es por casos como estos que resulta procedente y justificable un mayor control sobre FEDAES, al no poder o no querer esta hacer cumplir la ley.

¿Qué hay de los que son personas de conducta notoriamente viciada y han logrado acceder a las listas de candidatos moviendo al gremio con promesas como: “Si yo llego al Consejo, solo voy a proponer candidatos para magistrados de la Corte a los que se comprometan a eliminar el examen de notariado”. ¿Qué hay de personas que tienen título falso, que además presentaron a una oficina estatal documentación falsificada para disimular su situación y que han venido usando todo tipo de subterfugios para engañar a todos sobre la legitimidad de su grado académico? Es fácil imaginarse por qué pretenden estas personas ocupar un cargo en el Consejo y lo que harán en el mismo.

La próxima elección de miembros del Consejo Nacional de la Judicatura es otra prueba para los diputados. Deben demostrar que están comprometidos con la institucionalidad del país y el bienestar del pueblo salvadoreño al elegir a los mejores. Que los intereses particulares o partidistas no priven, sino el interés general.

Deben recordar que la población está a la expectativa de sus decisiones, especialmente en vísperas de un relevo legislativo.