La Fiscalía está inconforme por la resolución del juez Primero de Paz de San Miguel, Jorge González, en un caso de homicidio ocurrido en San Miguel en 2004.

Según el fiscal Emilio Medina, el juzgador no debió sustituir la detención provisional por una medida cautelar, ni debió revelar la identidad de los testigos, ya que se había solicitado régimen de protección.

El jefe de la unidad de vida de la FGR, German Arriaza, dijo que se ha apelado ante la Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente. Sin embargo, el juez expresó que no hay suficientes elementos, ni han sustentado la acusación.

Agregó que hasta la fecha no ha revelado los nombres de los imputados. A juicio de González, el régimen de protección a testigos se da cuando el caso involucra al crimen organizado y hay peligro para los testigos.

El caso

María Teresa Garay, de 24 años, fue asesinada con arma blanca el 5 de agosto de 2004 en el cantón Agua Zarca, de San Miguel.

La autopsia arrojó que sufrió 26 lesiones y la amputación de dos dedos.

Del hecho se acusa a Rudy Estelin Rivera, a quien el juez González le decretó instrucción con medidas sustitutivas a la detención, como el pago de una fianza de 4 mil dólares.