El Ministerio de Hacienda se adelantó a responder cuestionamientos de los diputados de oposición, principalmente del FMLN, que piden explicaciones sobre el destino de $90 millones que se obtuvieron como parte de la venta, el año pasado, del remanente de acciones de la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador (CTE), parte de FANTEL.

El presupuesto de 2004 calculaba ingresos por $204 millones para pago de pensiones, que era lo que a juicio del Gobierno se obtendría por la venta de las acciones CTE. Sin embargo, dichas acciones se apreciaron con la compra de la parte de Telecom por la mexicana América Móvil. Al final, el Gobierno obtuvo $294 millones. Como estaba previsto, $204 ingresaron a la “caja” del Ministerio de Hacienda a inicios de diciembre, fecha en que se concretó la compra.

Sin embargo, el FMLN cuestiona que en el informe de liquidación del presupuesto de 2004, no hay referencias a ese ingreso extra —los $90 millones—, y mucho menos a su destino.

“No pueden estar por encima de la ley. Tienen que acusar ingresos y solicitar autorización para gastos”, enfatizó Gerson Martínez, diputado del FMLN.

Por su parte, Guillermo López Suárez, ministro de Hacienda, explicó que los $90 millones ya se gastaron y que la gestión de la venta del remanente de las acciones de CTE se quiere trasladar hacia un punto “negativo”.

Entre los destinos que Hacienda detalla se encuentran: $24.5 millones para el pago de la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a los exportadores; $22.9 millones para pago de intereses de la deuda devengados a la fecha (diciembre 2004) y $8.1 millones se destinaron al incentivo fiscal a las exportaciones, conocido como “drawback”.

“Los pagos se hicieron en menos de 15 días porque ya íbamos atrasados con muchos de ellos”, afirmó por su parte Carmen Regina de Arévalo, viceministra de Hacienda.

En la lista de los rubros a los que se dirigieron los $90 millones también están $9.04 millones al pago del subsidio de la energía eléctrica, ya que se tenía una mora de tres meses con las distribuidoras del servicio.

Además, se ha incluido un desembolso por $11.7 millones destinado al subsidio de gas licuado; $50 mil para el Foro de Salvadoreños en el Exterior; $900 para alimentación de reos en los penales y $300 mil para la Secretaría Nacional de la Familia.

López Suárez afirmó que el criterio para los desembolsos había sido la urgencia de cubrir los gastos.

“No podíamos esperar a incluirlos en el próximo presupuesto (2005) porque entonces todo sufre un retraso”, reforzó De Arévalo.

Pero las explicaciones sobre el destino del excedente que se logró con la venta de CTE no convencen al FMLN.

“De ser así, se podría incluso caer en una figura legal que se llama pagos ilegales”, insiste el efemelenista Gerson Martínez.

El diputado, en su condición de parlamentario, ha interpuesto una petición para que la Corte de Cuentas audite el destino que tuvieron eso $90 millones. “Ningún funcionario está autorizado a hacer pagos si la ley no lo autoriza”, acotó Martínez, mientras Hacienda dice tener las puertas abiertas para la Corte de Cuentas.