Para hacer frente al aumento de 5 por ciento anual de la demanda de energía eléctrica, Panamá necesita inversiones por más de 1 mil millones de dólares en la próxima década, las que espera asegurar en los próximos dos años, informó ayer, martes, una fuente oficial.

El ministro panameño de Economía y Finanzas, Ricaurte Vásquez, presentó ayer la nueva política energética de su país ante los empresarios de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AMCHAM).

Vásquez dijo previamente a los periodistas que la política eléctrica de Panamá está planificada para “dejar claras las reglas del juego más allá del año 2020, con una inversión superior a los 1 mil millones de dólares”.

De acuerdo con el titular de Economía y Finanzas, antes de fin de año se tendrá lista una licitación para la construcción de dos centrales hidroeléctricas, con una inversión estimada en 600 millones de dólares, para aumentar la generación a 650 megavatios para 2009 (actualmente es de 413 megavatios).

Para mantener el balance entre generación hidroeléctrica (60 por ciento) y térmica (40 por ciento) también se licitará la construcción de una planta de ciclo combinado (uso de combustible o de gas) de 250 megavatios que se ubicará entre las ciudades de Panamá y Colón, que debe entrar en operación en 2007.

Además, el Gobierno planteará modificaciones a las regulaciones actuales para permitir que las empresas generadoras puedan producir a máxima capacidad con el menor riesgo posible, autorizando a las distribuidoras la compra de electricidad a más de 10 años, eliminando el mercado ocasional que encarece el producto.

Vásquez también dijo que el Gobierno establecerá los mecanismos para garantizar que, cuando hay bajos precios del crudo, esto se refleje en la generación termoeléctrica, y cuando hay alta capacidad hidráulica, sea ella la que determine el precio del kilovatio.

Esto permitirá acabar con la actual condición, en la que, aunque se produzca abundante lluvia, el precio del petróleo determina el del kilovatio.

No obstante, advirtió que el Gobierno no pretende fijar precios máximos a la electricidad, ni intervenir en el mercado con una política de estatización, sino garantizar que las fuerzas del mercado “funcionen con reglas claras”.

Añadió que el Gobierno propondrá a fin de año una ley de incentivos al sector que disminuirá los aranceles de importación de los electrodomésticos para que se demuestre son más eficientes en el consumo de electricidad.