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La Dirección de Protección al Consumidor (DPC) está trabajando en los
cambios que requerirá para convertirse en una nueva entidad, totalmente
autónoma y con una giro hacia la defensoría de los derechos del consumidor.
Evelyn Jacir de Lovo, comisionada presidencial para el tema, explicó,
en ese sentido, que se está trabajando en la adaptación de nuevos procesos,
entrenamiento del personal y en readecuaciones físicas. Sin embargo, uno
de los cambios más importantes es la creación de un sistema nacional de
protección al consumidor, además de afinar el reglamento de la nueva normativa.
“Se están discutiendo los principales puntos que deben aclararse,
y haciendo evaluaciones y reubicaciones de las personas”, explicó.
La proyección es que la nueva Defensoría del Consumidor inicie como tal
el mismo 8 de octubre, fecha en que entrará en vigor la nueva ley, aunque
quedará pendiente la unificación de los edificios que albergan a la DPC
y a la Defensoría para inicios de 2006.
Un aporte extra
En cuanto al presupuesto para la nueva institución, De Lovo confirmó
que se han solicitado, al Ministerio de Hacienda, 1.8 millones de dólares
adicionales a los 2.2 millones que en la actualidad reciben conjuntamente
la defensoría y la DPC. La idea es “lograr hacer una buena aplicación
de la ley”, justificó la funcionaria.
La comisionada afirmó que dentro del sistema nacional de protección al
consumidor se pretende incluir un mapa de competencias en el que se harán
convenios con diversas entidades para garantizar la recepción y canalización
de denuncias, según el sector.
Hasta el momento, la defensoría ya ha firmado este tipo de acuerdo con
la Superintendencia de General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET),
pero busca otras entidades en las áreas de salud, agricultura, transporte
y economía, entre otros.
Entrevista con Evelyn Jacir de Lovo
“La ley establece criterios de aplicación
imparcial”
La comisionada presidencial para la defensoría del consumidor
reiteró que la nueva ley involucra a todos los sectores, principalmente
por las definiciones de sus articulados.
Algunos empresarios consideran que la ley está dedicada a un
sector específico...
¿A qué sector?
Al sector empresarial grande, formal, y dicen que no involucra a los
informales...
La ley afecta a todos, por eso el artículo 3 define quién
es proveedor: (lee) “Toda persona natural o jurídica, de carácter
público o privado que desarrolle actividades de producción,
fabricación, importación, suministro, construcción,
distribución, alquiler, facilitación, comercialización
o contratación de bienes, transformación, almacenamiento,
transporte, así como de prestación de servicios a consumidores,
mediante el pago de precio, tasa o tarifa”... Digamos que es toda
transacción comercial no eventual.
¿Los empresarios creen que las multas no las podrán
pagar los informales y que allí se dará lugar a la no aplicación
de la ley?
Como no, por eso es que las multas no tienen límite inferior...
y según la gravedad es que se pueden poner multas hasta de 500
salarios mínimos sobre la base de los criterios de aplicación
de la multa.
¿Cuáles son esos criterios?
Por ejemplo, el tamaño de las empresas, el impacto en los derechos
del consumidor y otros aspectos que la ley establece de manera que se
permita una aplicación más imparcial y más objetiva
de la normativa.
¿Además se considera necesaria la educación
para el sector informal?
Lo hemos hecho con grandes y pequeños, pero no es algo que se
va a hacer de la noche a la mañana. Algunos de nuestros ejemplos
extranjeros, como el de Costa Rica, dice que los pequeños e informales
son los primeros que se vuelven respetuosos a la ley, por eso no podemos
decir que la ley va con dedicatoria.
¿Entonces no sería necesario ampliar las multas o establecer
un articulado con sanciones para los proveedores más pequeños
e informales, como lo propone la empresa privada?
Pero es que allí está ya, por eso no hay límite
inferior. Cuando usted dice “hasta 500” significa que puede
poner medio o un salario mínimo de multa, y es que eso fue precisamente
lo que se trató en el primer anteproyecto del consejo consultivo.
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