“Se va a arrepentir. Esto le va a traer consecuencias el resto de su vida militar”, amenazó el comandante de la Segunda Brigada Aérea, el teniente coronel Salvador Palacios Castillo. La advertencia, hecha en marzo de 2001, se materializó a lo largo de cuatro años, y está consignada en el expediente del Tribunal de Honor, correspondiente a la audiencia del 5 de noviembre de ese mismo año.

El mayor Adrián Meléndez Quijano no sospechaba, en aquel momento, el espinoso camino que se le estaba abriendo con la amenaza de un oficial superior. Llevaba 18 años de alta en la Fuerza Armada, y había desempeñado cargos importantes, como ser jefe del departamento jurídico del Estado Mayor, de 1993 a 1994, y luego el de jefe del departamento de derechos humanos en la institución militar hasta 1996.

Ese último año al frente de la unidad fue cuando su vida se cruzó con la de Palacios, y cuando su carrera militar se complicaría.

Un día vio cómo los arrestos se sucedían uno tras otro, cómo se le violó su presunción de inocencia repetidas veces, pero él no se quedó callado. Y eso le resultó en peores consecuencias.

Las entrañas de la guerra

A mediados de 1996, Gilberto Alfonso Hernández, un civil, informó a la Fuerza Armada que el entonces mayor Palacios había atacado a balazos a su familia en La Libertad, según el expediente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

La denuncia llegó a las manos de Meléndez, quien entonces tenía el grado de capitán y dirigía la oficina de derechos humanos de la Fuerza Armada. Meléndez logró que el incidente no trascendiera a instancias civiles, pero eso supuso que Palacios pidiera disculpas a Hernández, que recibiera 30 días de arresto (obligación de permanecer en las instalaciones militares y sin derecho a visitas) y que fuera trasladado al Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada. En la vida militar, que un oficial sea colocado en una área que no le compete es considerado un castigo.

Cuatro años después, en diciembre de 2000, Meléndez ya era mayor y fue trasladado a la Segunda Brigada Aérea y, para su mala suerte, el comandante era Palacios, quien había ascendido al grado de teniente coronel. “No se me ha olvidado lo que me hizo”, fue la bienvenida que el mayor Meléndez dice que escuchó de su superior.

Las amonestaciones no tardaron, y así lo muestran las declaraciones juradas del entonces teniente coronel Boris Gertberth Machado Duque, en el juicio de honor contra Meléndez de hoy hace cuatro años y ocho días, acusado de insubordinación. Machado reveló que Palacios le ordenó arrestar al mayor sin un motivo específico. Meléndez alegó ante Palacios que la acción era injusta y fue entonces cuando escuchó la sentencia: “Se va a arrepentir”.

En la Segunda Brigada, Meléndez era jefe de personal y le correspondía velar por la disciplina y el orden militar. El 19 de marzo elaboró un informe donde decía que uno de los oficiales no se presentó al cuartel en Comalapa, La Paz. El mayor ha declarado que era una persona cercana al jefe de la Brigada. Palacios señaló que el parte era falso y le impuso a Meléndez 72 horas de arresto.

El mayor, indignado, pidió al coronel Milton Andrade Cabrera, jefe del Estado Mayor Aéreo, que lo trasladara a la Primera Brigada Aérea, en Ilopango. La petición se cumplió, pero los problemas siguieron. Según Meléndez porque había una “recomendación” del mismo Palacios.

El ofendido, entonces, buscó un poco más arriba, y por eso el 17 de julio solicitó por escrito una audiencia con el entonces ministro de Defensa, el general Juan Antonio Martínez Varela, pero no hubo respuesta.

Entre el 18 y 19 de julio le recetaron otros dos arrestos: uno de 72 horas por no portar su nombre en el uniforme de vuelo y otro de 15 días por “falta de carácter”. Ninguna de las dos causas están tipificadas en el código de justicia militar.

Sus arrestos terminaban el 5 de agosto, pero ese día Andrade le impuso otro de 72 horas, argumentando que se había tomado atribuciones que no le correspondían al hacer despegar un avión C-47 sin autorización. Según Machado, la orden sí había sido dada por el capitán Nixon González, quien les había dicho que era una orden de Andrade. “El día que regresamos de las vacaciones (de agosto) dijeron que Meléndez estaba arrestado”, relata Machado.

El 7 del mismo mes, la familia de Meléndez tramitó ante la Corte Suprema un recurso de exhibición personal para sacar al mayor de la brigada. Éste, al salir, aprovechó para enviar por tercera ocasión en el año una petición de audiencia al ministro.

Andrade tuvo que justificar los arrestos a la Sala de lo Constitucional de la Corte, pero el informe de la jueza ejecutora nombrada para procesar la solicitud, Ligia Elizabeth Ventura, fue remitido a la Corte y afirma que los arrestos contra el mayor no eran “autorizables legalmente”. La Corte no se pronunció porque el mayor ya había recuperado su libertad.

Su retorno, sin embargo, fue al Destacamento Militar N.º 1, en Chalatenango, donde empezó a recibir 125.71 dólares menos de salario mensual. El 23 de octubre, de nuevo pidió audiencia al ministro (la ley militar lo obliga a intentarlo tres veces antes de acudir a una instancia extramilitar) y, finalmente, siete días después recibió una respuesta.

UNA BOFETADA LEGAL

La respuesta que Meléndez recibió no era lo que él esperaba. Ese lunes de noviembre entró acompañado de su hermano, Eurípides, y del abogado y ex diputado Arturo Argumedo. Eran sus dos representantes legales. Sabía que ser convocado al Tribunal de Honor de la Fuerza Armada no era una buena señal. En él se recomienda la baja de los oficiales, y ese 5 de noviembre presentía que ese sería su destino por haber acudido a la Corte Suprema.

El ministro Martínez Varela había respondido de esa forma a la petición de audiencia, para que el Tribunal de Honor investigara y analizara las “faltas contra la carrera, el honor y disciplina militar”.

Los testigos en contra del mayor desfilaron. El primero era Palacios, luego llegó Mauricio Videl Morán y, por último, el coronel Machado. Este declaró a favor del mayor. La defensa presentó una lista de testigos, como prueba de descargo. El Tribunal no la aceptó. Una violación a la Constitución, ya que todo individuo tiene derecho a defenderse.

Dos días después, en la segunda audiencia, Argumedo dio una carta al presidente del Tribunal, donde le decía: “A través de todos los incidentes que se han dado en lo que ustedes llaman procedimiento operativo normal, estoy convencido de que este llamado Tribunal de Honor ha actuado más y mejor como tribunal de inquisición”. De esa forma concluía su papel como abogado de Meléndez.

Veintitrés días después de terminar la audiencia, se hacía efectiva la baja por cinco años de Meléndez, acusado de faltas contra el honor militar, un concepto que no está definido en ninguna ley para tiempos de paz. “Si voy a salir de la Fuerza Armada, lo voy a hacer por la puerta ancha”, pensó Meléndez, un mes después de estar de baja. El 9 de abril de 2002 presentó su caso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El 16 del mismo mes se interpuso un recurso de amparo ante la CSJ. Había hecho dos tiros en el mismo mes, y solo era cuestión de tiempo para saber si habían dado en el blanco.

Pero las instancias civiles no son bien vistas por los militares. Así lo describe el juez del Tribunal de Primera Instancia de lo Militar, José Eduardo Marroquín. “A los civiles los ven como indisciplinados. A veces los jueces de instrucción militar me han enviado incluso recomendaciones de lo que debería hacer. ¡Pero eso nadie me lo tiene que decir!”

La respuesta que Meléndez quería tardó un año. Fue la PDDH la primera en pronunciarse, el 10 de abril de 2003, resolviendo que al mayor le habían violado sus derechos de estabilidad laboral, libertad personal, el derecho a la audiencia, a defensa y otros principios de legalidad. La CSJ lo amparó constitucionalmente siete meses después.

Regresó al Destacamento Militar N.º 1, en Chalatenango, vestido con el uniforme azul propio de la Fuerza Aérea. Era el 1.° de diciembre de 2003.

“LA DEMANDA ES SUI GÉNERIS”

Esta semana, el martes, entraron apresuradamente. A la derecha se sentó el ex ministro de Defensa Martínez Varela y al otro extremo, Meléndez. Era una audiencia por la demanda que el mayor interpuso contra el ex funcionario y los ex integrantes de los tribunales de ascenso que repetidas veces le han negado su promoción a un grado superior.

Incluso en esta cita hubo problemas. “Él debió saludarnos cuando entramos, es parte de la cortesía militar”, protestó el capitán de navío Marco Palacios Luna, quien formó parte en uno de los tres tribunales de ascenso que le negó al mayor Meléndez convertirse en teniente coronel.

La molestia de Palacios Luna tiene fundamento legal. Si un oficial no saluda a sus superiores, puede ser sancionado con arresto o suspensión de empleo hasta por 30 días, según el código de justicia militar. Meléndez se excusa: “Yo no los saludo porque en la primera audiencia lo hice y ellos no me devolvieron el saludo”.

Es que cuando Meléndez volvió al ejército, compitió para ascender a teniente coronel. Cumplía con requisitos: había hecho el curso para oficiales de los servicios y tenía ya cuatro años de ser mayor, ya que a su hoja de vida militar la Fuerza Armada sumó los dos años que estuvo de baja.

Pero el 22 de diciembre de 2003, el Tribunal de Ascensos para oficiales, compuesto por el coronel Ángel Sermeño Nieto, coronel Eduardo Mendoza Morales y coronel Jorge Molina Contreras, resolvió que el mayor no tenía méritos para ascender por conductas impropias, insubordinación e indisciplina.

Inconforme, el mayor pidió que se revisara la decisión. Cuando obtuvo una respuesta, el 2 de febrero de 2004, él ya había sido trasladado a la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel, bajo el cargo de comandante de sección, y el nuevo tribunal estaba formado por el coronel Rafael Larios, capitán de navío Abraham Jiménez Aguilera y el coronel Mendoza, quien repetía como juez en la misma causa.

La Constitución prohíbe que un juez conozca la misma causa dos veces en instancias distintas. Para el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Mario Solano “el proceso estuvo viciado”.

El segundo tribunal terminó confirmando la decisión del primero, y Martínez Varela la validó.

El mayor no desesperó. La Ley de la Carrera Militar le daba una segunda oportunidad, y la última, para intentar ascender. Los integrantes del tercer tribunal al que se sometió eran el capitán de navío Marco Palacios Luna, el coronel Eduardo Mendoza, quien conocía por tercera vez, y el coronel Jorge Molina, que había estado en el primer tribunal.

No fue ascendido el 31 de diciembre de 2004 por ser considerado “con poca proyección institucional”, otro de los requisitos para obtener un grado superior. Apeló el 6 de enero de este año, sin ninguna respuesta.

Agotó las instancias militares y decidió sentar en un tribunal civil a todos los que conformaron los tribunales de ascenso. Los acusa de calumnia, por atribuirle delitos militares como excusa para que no ascendiera. Palacios Luna comenta: “A él en ningún momento se le ha atribuido un delito militar. Si se le colocó que era insubordinado es porque forma parte de la jerga militar, pero no necesariamente es un delito”. Sostiene que el desacuerdo es militar y que ocurrió en un ámbito militar. “Por tanto, la jurisdicción es militar y no debería estarse ventilando el caso en un juzgado civil”, afirma.

Por tal razón ha presentado a la CSJ un amparo constitucional para que se invalide el proceso.

Es notorio que a los oficiales no les gusta estar en un tribunal civil. Se les escapan frases de reproche: “En la Fuerza Armada no podemos andar tolerando a gente aguada”, señaló uno de los acusados la mañana del martes 8 de noviembre. El director de asuntos jurídicos de la Fuerza Armada, Manuel Barquero, aún se siente extrañado porque el proceso judicial fue admitido en un tribunal civil. “Es una demanda sui géneris”, califica.

El ministro contraataca

Un día antes de que Meléndez supiera que no ascendería, el ministro de Defensa, Otto Alejandro Romero, mandó a arrestar al mayor porque su hermano, Eurípides, solicitó una audiencia con el presidente Antonio Saca. Quería plantearle a la máxima autoridad de la Fuerza Armada lo que ha acontecido en la vida de su pariente.

Ya antes Meléndez, en tres ocasiones, los días 5, 25 y 27 de octubre de 2004, había pedido hablar con Saca, pero la petición siempre fue rechazada por el ministro Romero, quien le hizo dos advertencias: que le negaría el ascenso en diciembre y que lo arrestaría por 30 días si volvía a publicar una dedicatoria a su padre, como lo hizo el 17 de febrero de 2004. El mayor le prometió a su padre, Eurípides Meléndez Guerra, en su lecho de muerte, que le informaría año con año sobre los acontecimientos en su vida militar con una publicación en el periódico.

En una forma provocadora, publicó una esquela el 14 de enero de 2005, que decía en uno de sus párrafos: “A partir de este día hago responsable de cualquier represalia a mi persona, a la de mi esposa e hijas y demás familia, al señor ministro de la Defensa”.

Romero lo acusó de insubordinación, delito castigado con reclusión de dos a cinco años. El ministro nombró como juez de instrucción militar para recolectar las pruebas a Mauricio Videl Morán, quien había sido testigo contra Meléndez en el Tribunal de Honor de 2001. El caso fue elevado al Juzgado de Primera Instancia de lo Militar y aún es analizado.

El ministro ordenó se abriera una investigación en el Tribunal de Honor, por supuestas faltas disciplinarias y violaciones a las leyes militares.

Mientras tanto, Meléndez demandó a Romero porque supuestamente el ministro le entregó al presidente de la República información falsa que el mandatario envió a la Corte, con la que comprobaba el cumplimiento de la sentencia de amparo de 2003 que obligaba a restituirlo en el cargo.

Meléndez y sus defensores sostienen que además de la restitución se le debe pagar lo que dejó de percibir en los dos años de baja, pero el secretario jurídico de la presidencia, Luis Mario Rodríguez, tiene otra opinión: “La Corte no obliga al gobierno, sino que deja abierto el camino para que lo demanden por una instancia común”.

El temor y las violaciones

A las 8:30 de la mañana del 24 de agosto de 2005, el ministro de Defensa mandó arrestar por 30 días al mayor Meléndez —quien ahora está en el Destacamento Militar de Ahuachapán— por no haber informado a sus superiores que demandaría en una instancia civil a los tribunales de ascensos de 2003 y 2004, y al ex ministro. La pena se cumplió en la Brigada Especial de Seguridad Militar, en San Salvador.

Se interpuso un segundo recurso de exhibición personal en la CSJ para sacarlo del cuartel. La Sala de lo Constitucional tardó 25 días en pronunciarse, y falló que el ministro Romero violó los artículos 2, 11 y 12 de la Constitución de la República, donde se establecen los derechos fundamentales de audiencia, defensa, debido proceso y libertad.

En la carrera de las armas, según la Ley de la Carrera Militar, la acusación más grave que se puede hacer a cualquier militar en ejercicio es la de no dar exacto cumplimiento a la Constitución.

Ahora, según el artículo 11 del Reglamento del Tribunal de Honor, este podría actuar de oficio contra el ministro, para evaluar si su conducta ha lesionado el prestigio y el honor de la Fuerza Armada.