La nacionalización del gas en Bolivia permitirá al Estado ejercer el control sobre las reservas, regular la producción, el comercio y los precios, así como firmar nuevos contratos con las petroleras hasta junio próximo, según fuentes oficiales.

Así lo señaló ayer el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, al confirmar que esta compañía dirigirá ese proceso gradual.

“YPFB va a constituirse en la empresa que va a lograr esa nacionalización que están pidiendo todos bolivianos. Esta es una definición política establecida por el gobierno del presidente, Evo Morales”, dijo Alvarado.

Remarcó que Bolivia “tendrá la propiedad de los hidrocarburos, el dominio y control a escala nacional”, y las nuevas reglas de juego serán fijadas por las autoridades sin la influencia de las empresas petroleras.

La fórmula de los nuevos contratos que serán firmados por el Estado con las multinacionales aún está siendo analizada por el Gobierno, que tiene de plazo hasta junio próximo para tomar esas definiciones.

El proceso de nacionalización comenzará con la recuperación inmediata de parte del Estado de medio centenar de gasolineras con concesiones a punto de culminar, con la distribución mayorista de los combustibles en el país.

Se aplicará un plan de conexiones domiciliarias de gas, con una ayuda de $50 millones, ofrecidos por Holanda, y otros $60 millones, de China.