Ellos no han podido escuchar los argumentos de ninguna de las partes. No saben por qué el proyecto para tener una mejor escuela está en peligro, a pesar de que ya hay fondos y un terreno.

Son más de 200 niños con problemas de audición del centro escolar Griselda Zeledón, que por ahora está ubicado en unos salones aledaños a la escuela República de Panamá y sin las óptimas condiciones para aprender, dadas sus limitantes.

Su nueva morada podría haberse comenzado a construir este semana, pero una disputa que los vecinos de la residencial Bosques de la Paz —la situada junto a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ilopango— mantiene con la comuna tiene paralizado el proyecto.

El espacio, de unos 3 mil 300 metros cuadrados, está localizado en medio de la colonia, y sus habitantes reclaman que la alcaldía haya decidido dar en comodato a Educación esas tierras, que ellos consideran su zona verde .

En medio está el silencio de los alumnos y del Ministerio de Educación, que ahora teme las consecuencias por el retraso de la construcción de esta obra que ya fue adjudicada. La primera etapa del centro le costará al Gobierno 305 mil dólares.

El terreno ya fue cedido en comodato a Educación, que ya tiene las escrituras, según la titular del ramo, Darlyn Meza.

“Nosotros siempre estuvimos anuentes a hacer la escuela, pero el problema era el terreno, y los padres de familia de estos niños, que son muy activos, consiguieron que la Alcaldía de Ilopango nos lo diera en comodato”, aseguró la ministra.

Los padres de familia de estos menores tienen más de cinco años. “La directiva está poniendo carteles, impide el ingreso de los materiales y hasta han tomado la actitud de que no quiere una escuela para niños sordos. Lo que menos esperábamos es que se opusieran. Les pido que no lo hagan, porque ha sido un esfuerzo de muchos años”, aseguró la ministra Meza.

Pero para la comunidad no se trata de un rechazo a la escuela. La administradora de la directiva de la colonia, Sandra Ramos, explicó que el reclamo es para una alcaldía que, según ella, por tercera vez les quita una zona verde sin haberlo consultado.

Sin embargo, también dijo que esas zonas deberían ser utilizadas para el bien de la comunidad, y que no entiende el beneficio de este centro de estudios, considerando que en esa residencial solo hay un menor con problemas auditivos.

Ramos aceptó que no han dejado ingresar a la empresa constructora, y dijo que lo seguirán haciendo hasta que la alcaldía firme un convenio con ellos en el que se comprometa a no quitarles más zona verde.

“Nos ponen de malos; sabemos que ya legalmente no podemos hacer nada, pero queremos asegurar primero que no habrá otro engaño”, dijo.

Ajenos a los argumentos de unos y de otros, están a la espera los menores que se beneficiarían del proyecto.