El Grupo Calvo, propietario de la planta atunera en La Unión, ha anunciado que si El Salvador no logra la extensión de los beneficios arancelarios que le otorga el Sistema Generalizado de Preferencias Ampliado (SGP Plus) se verá obligado a desmantelar la planta, en la que ha invertido más de $110 millones, e irse con la música a otra parte. Nicaragua y Costa Rica se han puesto su mejor maquillaje y están coqueteando, sin malicia, con la millonaria inversión española.

De acuerdo con CENTREX del Banco Central de Reserva, las exportaciones de El Salvador, amparadas al SGP Plus, durante 2005 ascendieron a $167 millones. El banco estima que para 2006, las exportaciones se mantendrán más o menos al mismo nivel, siempre que Calvo continúe exportando, agrego yo.

El 31 de diciembre se vence el plazo que la Unión Europea le dio al país para ratificar dos convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 87 y el 98, referentes a la libre sindicalización y a la contratación colectiva, respectivamente, so riesgo de perder beneficios arancelarios para las exportaciones.

El gobierno está cabildeando intensamente para lograr una prórroga de los beneficios y la semana pasada presentó en Bruselas una alternativa para obtener beneficios similares a los establecidos en el SGP Plus. Sin embargo, la decisión final está en manos de la Unión Europea.

¿Cómo se nos puede ocurrir que la Unión Europea le va a dar a El Salvador un tratamiento especial como premio por negarnos a ratificar los convenios de la OIT? Es como que Estados Unidos hiciera una excepción con los inmigrantes indocumentados salvadoreños y les concediera amnistía, solo porque tenemos tropas en Iraq.

El presidente Saca está convencido de que no se pueden ratificar los convenios de la OIT como exige la UE sin antes aprobar reformas a la Constitución, aunque la comisión integrada para este tema opinó que se podrían ratificar los documentos, vía reformas a las leyes secundarias.

Fragmentos nacionales y un periódico de importante circulación han mostrado abierta oposición a la ratificación de los convenios, porque permiten la sindicalización y la negociación de contratos colectivos en el sector gubernamental.

El Salvador sería el único país de Centroamérica que no ha ratificado los convenios de la OIT, mayormente por razones político-sociales.

El artículo 47 de la Constitución establece el derecho de libre asociación de patronos y trabajadores privados y para los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas. El artículo 221 prohíbe la huelga de los trabajadores públicos o municipales, lo mismo que el abandono colectivo de sus cargos; y el 222 hace extensivas las mismas prohibiciones a los funcionarios y empleados municipales.

La Unión Europea está en la mejor disposición de lograr no solo un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Centroamérica, sino también una “asociación”; sin embargo, esta iniciativa no se logrará si la región no demuestra ser un verdadero bloque, que demuestre la “integración”.

El pasado lunes, la empresa atunera de La Unión anunció el despido de 600 trabajadores de su planta y advirtió que hay más despidos en camino, hasta septiembre, cuando la planta se cerrará definitivamente. El efecto cascada del retiro de Calvo ya se está haciendo sentir; pero más grave es que cualquier inversión en el país que se hubiese proyectado o se proyectaría en el futuro, con miras en el mercado europeo, queda completamente descartada. Todo por la miopía y el terror injustificado de sectores de la gran empresa que ejercen una presión trascendental sobre el gobierno. A eso debemos agregar el muy importante perjuicio que la reticencia del gobierno tiene en la industria salvadoreña que exporta a la Unión Europea.

El martes, en una detallada entrevista con el Sr. Ramón Calvo, gerente general del Grupo Calvo, publicada en LA PRENSA GRÁFICA, que cita en su sugestivo título al ejecutivo de la empresa cuando dice: “Nosotros no nos vamos, nos echan”, es bien claro en sus declaraciones, que leyéndolas cuidadosamente, tienen un sentido de profundo resentimiento. Y que es de menos; según el entrevistado, se están “jugando su vida económica”. Claro, una inversión de más de $100 millones no es cosa deleznable.

La lucha actual contra el sindicalismo ya la hemos visto antes, cuando movimientos sindicales asomaron su cabeza en el país. Muchos predijeron una hecatombe social que nunca ocurrió, si bien hemos sufrido una buena cuota de trastornos causados por la inflexibilidad de una o de las dos partes. Pero la lucha sindical no es de exclusividad salvadoreña. Sin embargo, hay quienes la quieren ver así y hoy la historia se repite.

El Salvador por un lado está haciendo un esfuerzo concentrado para integrarse al mundo globalizado, pero por otro, al negarse a ratificar los convenios de la OIT, está excluyéndose de la globalización que Europa busca, incorporando a ella a los países menos desarrollados.

Por fin, a finales de la semana el gobierno mandó señales de que el problema podía solucionarse ratificando los convenios, aunque seguidamente se gestionarán las modificaciones constitucionales. Hubo necesidad de ver al Cipitío de cerca para que comprendiéramos que el asunto no era broma.