La principal cúpula privada del país insiste en que el problema de la delincuencia requiere de nueva legislación penal al más corto plazo. Y es que las reformas a leyes secundarias no se consideran suficientes para eliminar el “excesivo garantismo” que hay hacia los delincuentes, dice Federico Colorado, presidente de ANEP.

Consultados al respecto, dos de los jueces del sistema penal acogieron con reservas la posibilidad de que se revise de forma integral el cuerpo de leyes.

En todo caso, Aída Santos de Escobar, jueza de Ejecución de Medidas al Menor, y Roberto Arévalo Ortuño, juez Sexto de Instrucción, dijeron que las reformas deben ir acompañadas no solo de la depuración del Órgano Judicial y de la Policía. Santos de Escobar dice que se necesita la revisión incluso de la Constitución de la República, y en ese marco reformar el artículo 193, para quitarle a la Fiscalía el monopolio de la investigación como una forma de permitir que las víctimas también tengan derecho a acceder por sí mismas a la justicia en los tribunales.

Sobre la depuración, Arévalo Ortuño dijo: “Es preocupante que la misma sea basada en un solo parámetro”, como es que los imputados queden en libertad. “Si no hay una buena acusación y no hay elementos de prueba, al juez no le queda otra alternativa que liberar a los sospechosos; lo que significa que la responsabilidad también debe ser compartida por los fiscales y la Policía”, dijo el juez.