“Hace unos días venía un empresario interesado en invertir en El Salvador. No sabemos cómo, un grupo de delincuentes se enteraron de su llegada y con rótulo en mano fueron por él al aeropuerto fingiendo ser sus motoristas. Se lo llevaron y le quitaron todo. El hombre salió para no volver al país.”

Esa es solo una de las historias que cuentan los empresarios y por las cuales desde hace algunos meses se han visto obligados a cambiar su estructura de seguridad, e incluso sus rutas de viajey comercio.

La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), que mueve casi el 90% de los bienes y productos del país, tiene en su lista zonas a las que ya no llega por el nivel de delincuencia. Carlos Imberton, presidente de la gremial, afirma que las rutas más inseguras se ubican en el trayecto de ventas por ruteo o a pequeñas tiendas ubicadas en los municipios de Soyapango, Ilopango, Apopa y San Marcos. Aquí, afirma el empresario, se han disparado los robos de mercadería.

“La situación ha empeorado en este año, principalmente en los últimos tres meses. A veces teníamos que pagar la ‘renta’ de un primer individuo que se acercaba al camión, luego había que pagarle a un segundo para que al final de todas maneras le robaran el camión con mercadería a los vendedores”, relató Imberton.

La gremial afirma que la próxima semana tendrá un informe más detallado sobre las rutas que se han perdido y el impacto económico en el sector; pero, solo para ejemplificar, los empresarios dicen que llevar un custodio en cada camión de reparto tiene un costo mínimo de $300 mensuales, y ahora todos los camiones de reparto necesitan uno.

“Es que algunos sectores tienen la sensación de haber perdido la batalla y por eso han optado por retirarse de algunas zonas por la imposibilidad de comerciar”, ilustra Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

Dos semanas de plazo

“Estamos reclamando una pronta acción”, agrega Elena de Alfaro, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), al confirmar que el sector está inconforme con los resultados del combate contra la delincuencia. En palabras del sector, el problema, después de la implementación de varias políticas, lejos de disminuir “se ha agudizado”, agrega Colorado.

Los empresarios cuestionan la efectividad de planes como Mano Dura, “Supermano Dura” y otros (ver nota aparte). Aseguran que no fueron pensados para combatir de forma integral el problema, por lo que ahora “urgen” una reforma completa, que inicie con la creación de nuevos códigos Penal y Procesal Penal al “más corto plazo”.

“No es posible que haya un divorcio entre la realidad y los marcos jurídicos. No olvidemos que cuando fueron aprobadas estas leyes no se visualizó lo que en estos momentos el país está viviendo”, argumentó Colorado.

Y aunque este empresario intenta evitar hablar de ultimátum, Alfaro confirma que le dan solo dos semanas al Ejecutivo para que implemente acciones claras de combate a la delincuencia, y entre ellas enumera la depuración del sistema judicial y policial —una antigua deuda—, así como planes para contener el accionar de las pandillas y el crimen organizado.

De no tener respuesta, los empresarios advierten que comenzarán con pronunciamientos públicos, seguirán con campañas contra la violencia, marchas y concentraciones masivas. Hay quienes no descartan incluso “ir a paros”, aunque Colorado afirma que llegar a este nivel de acciones “sería un triste retroceso”.

Compromiso adelantado

Las quejas surgen en medio del trabajo que realizan los tres órganos del Estado y los empresarios, que desde hace más de un mes trabajan secretamente en la conformación de un nuevo plan nacional contra la delincuencia, según René Figueroa, ministro de Gobernación. “La confidencialidad de la mesa era para dedicarnos de lleno al trabajo, y, por decisión del presidente de la República, soy el responsable de coordinarla”, admitió Figueroa.

Aunque no niega la participación en las mesas, el sector privado no confirma avances. “En la cabeza de quienes dirigen las entidades hay comprensión, pero hay que pasar de las ideas a las acciones ya”, dice Colorado, al resumir cómo ve el trabajo en estas mesas.

Figueroa reacciona. “Comprendo la frustración, el enojo y el reclamo, tienen derecho a exigir; pero, cuando hacemos una revisión para una nueva legislación, se deben hacer las cosas bien y dentro del marco de la Constitución”, apunta, y anuncia que los frutos estarán en 15 días.