Revisar los gastos del Ejecutivo, sobre todo en el área de la publicidad, recortar el presupuesto en distintas carteras y una eficiente asignación de los fondos son algunas de las opciones que los empresarios identifican para dotar de más recursos y personal a las entidades encargadas de velar por la seguridad en el país.

Sin embargo, en el listado, los privados no contemplan la posibilidad de optar por un impuesto especial para financiar la seguridad del país, tal como lo planteó el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Barclay, quien habló de “la creación de un impuesto de emergencia” para fortalecer a la PNC, al sistema penitenciario y a las demás entidades.

De acuerdo con Elena de Alfaro, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, lo que se necesita es una revisión en las partidas de gastos de las entidades involucradas directamente en el tema de la seguridad, e incluso abogó por la solicitud de préstamos o cooperación de gobiernos amigos para contar con los recursospertinentes.

Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), asegura que el tema ni siquiera ha sido tocado en el seno de la cúpula privada.

“Me parece que una carga tributaria más en estos momentos no es congruente con los objetivos que se están planteando y consiguiendo porque la parte económica está demostrando dinamismo importante, pese al nivel de delincuencia”, afirmó el empresario.

De acuerdo con datos del sector privado, El Salvador ya gasta cerca de $2 mil millones anuales en seguridad, cuando el año pasado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cifraba en $1 mil 700 millones el gasto.

De los recortes

Pero mientras los representantes de las cúpulas empresariales hablan de reorientar recursos sin definir de dónde pueden salir, otros empresarios señalan que una opción es la reducción de gastos publicitarios por parte de la Presidencia de la República.

“Hay que dejar de gastar tanto en publicidad”, afirmó uno de los empresarios consultados.

Con los recursos extras se propone la compra de equipo especializado, capacitación de jueces y policías, así como la contratación de más personal policial para cubrir las áreas más conflictivas del país.