Después de estar durante algunos meses en el banquillo de los acusados sin que nadie diera veredicto absolutorio o condenatorio, los tan afamados planes de seguridad Mano Dura y “Supermano Dura” se ven, a los ojos del sector privado, como estrategias de combate a la delincuencia que fracasaron en sus objetivos.

“Yo no voy a evaluar ningún programa, solo basta ver los resultados. ¿Qué le dice a usted que los niveles de delincuencia hayan crecido en lugar de bajar?”, resume Napoleón Guerrero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

El plan Mano Dura fue lanzado por el ex presidente Francisco Flores durante su gestión, justo cuando los indicadores de violencia comenzaban la subida.

A eso se le sumó el plan “Supermano Dura”, parte del programa de gobierno impulsado por el mandatario Antonio Saca y que fue dejado de lado por el nuevo director de la PNC, Rodrigo Ávila.

Y es que a la mente de los empresarios se vienen cifras poco alentadoras: el promedio de homicidios por día se ha disparado a 12, las cárceles se identifican como los centros para la planificación del delito y Estados Unidos habla de cerca de 12 mil pandilleros en las calles y deporta a cerca de 2 mil con antecedentes cada año al país.

“Hemos visto los planes, no han sido planteados en un contexto integral. No se han dado los resultados esperados. Ahí tiene que haber una reflexión grande sobre cuáles son las políticas que necesita el país”, dice Federico Colorado, presidente de ANEP.

Los empresarios hablan de otros planes que no han funcionado y aseguran que las autoridades deben reconocer, aunque “las apreciaciones nuestras —matiza Colorado— pueden estar equivocadas, que el replanteamiento de estrategias y políticas es el tema del día”.

Para ir más allá, aunque piden no ser tan garantistas con los delincuentes, en las propuestas del sector se perfila un programa que aborde los problemas de desintegración familiar y de reinserción laboral.