La extorsión y el homicidio, los principales dolores de cabeza en materia de seguridad para el Gobierno, serán considerados delitos de crimen organizado, de acuerdo con un proyecto de ley en el que trabajan diversas instituciones para responder al problema de la delincuencia, cuyo tratamiento ha sido duramente criticado por el sector privado y por Estados Unidos esta semana.

La denominada Ley contra el Crimen Organizado permitirá la creación de jueces especiales que conocerán de los 17 delitos que más se cometen en el país (ver listado en recuadro).

La nueva disposición reduce a 20 días el período de instrucción del proceso penal para que la Fiscalía General de la República pueda mostrar las pruebas de los casos ante una audiencia preliminar. La legislación actual le concede seis meses y con la posibilidad de seis meses más de prórroga para probar un delito.

El documento, en poder de LA PRENSA GRÁFICA, contempla 21 artículos y forma parte de un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado, cuyos presidentes se reunieron el pasado 6 de octubre para lanzar un llamado a la lucha contra el crimen.

En el documento se define el crimen organizado como aquel que se caracteriza por provenir de un conjunto de personas con una estructura encaminada a planificar y ejecutar hechos delictivos para lucrarse.

El presidente de la República, Antonio Saca, junto a Rubén Orellana, de la Asamblea Legislativa, y Agustín García Calderón, de la Corte Suprema de Justicia, firmaron un pronunciamiento en el que anunciaron que era necesario “apostarle a una adecuada política criminal integral”. La elaboración del borrador de la Ley contra el Crimen Organizado se ha desarrollado en secreto.

“Ha habido reuniones con visión de país para proponer legislación que la población demanda”, confirmó el ministro de Gobernación, René Figueroa, quien no entró en detalles de la ley.

El magistrado Ulices del Dios Guzmán también confirmó su participación en el trabajo de la elaboración del anteproyecto de ley, mientras que Raúl Melara, director ejecutivo de Asociación Nacional de la Empresa Privada, calificó de “importante el esfuerzo contra el crimen organizado”. “Hay un compromiso de los tres órganos del Estado y esperamos que no tenga problemas en su aplicación”, dijo.

El Gobierno tiene previsto invitar a los partidos políticos y a la Iglesia católica para que se unan al trabajo final de la ley, que será presentada ante la Asamblea Legislativa para su aprobación.

El ministro de Gobernación confirmó que ya han tenido las primeras pláticas con el Frente Farabundo Martí, que analizó el proyecto.

El proyecto de ley aparece en medio de serias críticas lanzadas por el Gobierno de Estados Unidos y la empresa privada salvadoreña, que además han demandado una rápida solución al problema de la delincuencia en el país.

Extorsionados

Las extorsiones mantienen en vilo a decenas de empresarios del transporte y comerciantes que deben pagar “impuestos” a las pandillas del país para poder trabajar libremente.

Informes oficiales de la Policía Nacional Civil revelan que este año se han recibido 1 mil 400 denuncias por extorsión. El delito aumentó en 300%, según confirmó recientemente el director de la Policía, Rodrigo Ávila.

Por otra parte, la ola de homicidios adjudicados a los pandilleros también es un problema que mantiene preocupadas a las autoridades de seguridad del país, que no han encontrado el método para evitarlos.

Según un informe del Instituto de Medicina Legal, en el año 2005 se registraron 3 mil 747 homicidios, y en los primeros nueve meses de 2006 ya hay un total de 2 mil 820 homicidios. El 80% de los asesinatos se ha cometido con armas de fuego.