En un intento por establecer una tabla de posiciones que sirviera para esbozar el nivel de cada centro educativo, ENFOQUES tomó los datos que dan las mismas universidades, y los resultados obtenidos son sorprendentes.

Tal vez el reflejo de que, como dicen los expertos consultados, el sistema de calificación no está construido para permitir saber cuál universidad ofrece la mejor calidad académica.

No espere ayuda de nadie. Escoger en cuál de las 26 universidades del país podrían estudiar los 90 mil bachilleres que están por egresar es un riesgo que tomará cada quien bajo su propia responsabilidad. El Ministerio de Educación no cuenta con los instrumentos adecuados para ofrecerle a la población una guía sobre dónde se brinda la mejor educación universitaria en El Salvador.

Hace dos semanas, el periódico británico “London Times” publicó su guía de las mejores universidades del mundo, un informe anual y de prestigio en el que todos quieren aparecer. Entre las 200 mejores instituciones del mundo, solo una hay de Latinoamérica.

En El Salvador no hay nada parecido. Sin embargo, ENFOQUES elaboró un ranking a partir de uno de los informes que se utilizan para acreditar la calidad de las universidades salvadoreñas. Los resultados, que dejan entre los primeros puestos a algunos centros a menudo cuestionados por los bajos estándares de su servicio, se basan en las cifras que las mismas universidades entregan al Ministerio de Educación (MINED). Pero hacer ese ranking de las 26 universidades que existen es ingresar en un mundo lleno de imprecisiones y verdades a medias en donde hasta los números pueden ser subjetivos.

En términos del Resultado de Calificación de Instituciones de Educación Superior del año 2004, que recoge datos como número de estudiantes por profesor, o cantidad de estudiantes por computadora y la inversión en investigación científica, la mejor posicionada es la Universidad Luterana.

En números, la Luterana deja atrás a universidades de mucha más tradición como la de El Salvador (UES) o la Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Tiene buenos resultados, por ejemplo, en el ítem que se refiere a espacios de recreación por estudiante. Registra un área de 63.99 metros cuadrados por estudiante, cuando el promedio nacional es de 9.45. Al ver su campus, sin embargo, se repara en una quebrada a la que los estudiantes, por supuesto, no tienen acceso.

La vara para medir

El MINED ha instituido tres elementos de control que parten de los datos que las mismas universidades proporcionan. Uno es la calificación estadística que envían los mismos centros de estudios cada año.

El otro es una verificación de esas autoevaluaciones que van a hacer al campo los llamados “pares evaluadores” cada tres años. Por último está la acreditación, que es un proceso voluntario al que se someten las universidades que, tras haber alcanzado cierto nivel, creen que están en posición de “pasar la prueba” a cargo de una comisión de cinco personas. Este último aval se basa en el informe que elaboran los pares evaluadores. El más reciente no fue provisto por el MINED.

“Las bases están chuecas. No se puede medir nada con estas categorías porque se contradicen”, sentencia un especialista en el ramo de educación superior, que pidió el anonimato debido a que sus palabras pueden molestar a la gente con la que trabaja a diario.

Por ahora hay ocho universidades acreditadas, y cuatro institutos de educación superior. Sin embargo, los mismos integrantes de la comisión reconocen las debilidades o limitaciones del método.

El presidente de la comisión, Knut Walter, admite que no se está hablando de excelencia académica, sino más bien de instalaciones y equipamiento. “Lo que estamos evaluando o acreditando en una institución son los espacios dentro de los que se mueven los docentes, estudiantes y administrativos, eso que se ofrece a los estudiantes para realizar su estudio”, resume.

El subsistema de calificación, no obstante, se basa en la Ley de Educación Superior, cuyo artículo 39 establece que anualmente el MINED realizará una calificación de las instituciones de educación superior, “en cuanto a su calidad académica, costos, infraestructura y requisitos de ingreso”.

El analista educativo subraya: “El MINED no mide calidad. Y le cito un ejemplo, las clases del padre (Ignacio) Ellacuría podían ser de hasta 200 alumnos. Y eso no lo hacía un mal profesor, al contrario”, dice el especialista, en referencia a que la calificación mide el número de alumnos por docente con la lógica de que, entre menos, es mejor.

El promedio nacional de estudiantes por docente es de 14.77. Siguiendo con el ejemplo de la UCA, esta sobrepasa esa línea media al tener un indicador de 20 alumnos por docente. Deficiencias no cuantificables dejan todavía más en duda el papel de los números, como lo apunta el experto: “Las ausencias de los profesores no aparecen por ningún lado. En la UCA, por ejemplo, esa carencia es frecuente en la carrera de derecho, por mencionar una”. Mario, quien busca un título de abogado en esta universidad, confirma la denuncia al reconocer que en varias materias hay profesores que “no se ven en las clases”.

Y por el contrario, Eduardo, estudiante de la Universidad José Matías Delgado, sostiene que su experiencia ha sido que los profesores que sirven hora clase son los mejores. La lógica es que se desea una mayor proporción de catedráticos a tiempo completo.

Además, ninguna parte del proceso registra una práctica que habla del nivel de exigencia en las universidades: permitir cursar de nuevo una materia reprobada. En algunos lugares, como en la Matías Delgado, se permite hasta cuarta matrícula.

Los rectores universitarios, sin embargo, no necesariamente comparten las críticas. Para Reynaldo López Nuila, rector adjunto de la Universidad Tecnológica, los métodos de evaluación son correctos y atinados. Mientras que el rector de la Leonardo Da Vinci, Carlos Valiente, demuestra su confianza en los procesos asegurando que el próximo año buscará la acreditación. David Escobar Galindo, de la Matías Delgado, cree en el sistema. “El proceso, si se toma como un conjunto, es bueno. No se puede tomar solo un componente.”

La educación superior viene de recorrer un largo proceso de evolución que la ha llevado de 64 universidades en la década de los noventa, a 26 en la actualidad. Autoridades del MINED, de hecho, destacan como un logro la eliminación de las “universidades de garaje”, es decir, de aquellas que funcionaban en lugares no adecuados, con personal no capacitado y programas no autorizados. La pregunta es si las 26 que sobrevivieron lo hicieron siguiendo principios de calidad.

La respuesta que da Óscar Picardo —inspector de Educación y vicerrector del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas (ISEADE)— es negativa. “El proceso se empezó al revés. Se empezó por el todo”, lanza contra la forma en la que se otorga las acreditaciones. Señala que existe un problema de lógica al acreditar primero universidades, como instituciones, y hasta después a las carreras, como programas. “Es difícil que una institución tenga todas las carreras bien. La acreditación se ha desnaturalizado al ser entregada a universidades que no la merecían.”

José Simán, vicepresidente de la comisión de acreditación, reconoce la crítica, pero justifica la decisión. “Se han hecho consideraciones basadas en la realidad del país”, dice, al señalar que el nivel exigido para obtener el reconocimiento de la comisión es apenas local. “Es un proceso progresivo de mejora.”

Y ahora, cuando cumple cinco años, están pensando en cambiar el proceso. Marielos Alvarado, directora ejecutiva de la comisión, explica que se cambiará normativas para actualizar los métodos. Esta puesta en orden encuentra inspiración en el primer proceso de reacreditación de la primera universidad que recibió esa distinción: la Don Bosco. “Iniciamos el proceso de un año antes de que se venciera”, detalló el rector, Federico Huguet. Una fuente de la comisión dijo que el proceso concluyó con resultado favorable.

En cifras puras y duras, es decir, en el ranking, la Don Bosco alcanzó el segundo lugar. El inicio de la segunda ronda de acreditaciones, sin embargo, no acalla a los detractores. La Universidad de El Salvador, según el vicerrector académico, Joaquín Machuca, nunca pedirá la acreditación. Argumenta que el procedimiento está mal planteado y coincide con especialistas como Picardo en que la primera etapa debió ser la acreditación de las carreras, y no de las instituciones. “No vale lo que hacen porque no tiene lógica. Por eso mejor hemos buscado una acreditación regional por carreras.”

El caso Lutero

Un cuadro del reformador Martín Lutero cuelga del vestíbulo de la universidad salvadoreña que lleva el mismo nombre que la religión que fundó este personaje: Luterana. A un lado de la sala, está la oficina del administrador del centro, Luis Pérez. “No hemos pedido la acreditación, porque esa es una cuestión política para la que se necesita tener mucho cuello.”

El recorrido de la universidad pasa por una biblioteca, una sala con 20 computadoras, y un auditorio. “Esta es la única universidad en donde se imparte ingeniería agroecológica”, comenta. En el extenso patio de la casa hay dos glorietas de unos tres metros de diámetro cada una. “Son ecoaulas”, asegura Pérez, en referencia al reducido espacio techado y con solaires donde se apiñan 15 pupitres, 14 para estudiantes y uno para el docente.

Según Simán, los tres pilares sobre los que debe basarse y evaluarse el trabajo universitario son docencia, investigación y proyección social. Son los fundamentales para otorgar acreditaciones.

A escala nacional, el promedio presupuestario dedicado a investigación fue de 3.8% en 2004. La Luterana dice que dedicó un 14.58%.

Ni a Picardo, ni a ninguno de los miembros de la comisión evaluadora les quedan dudas de que la calidad de la educación superior incide en la competencia y desarrollo económico del país. Lo que queda en penumbra es el método por medio de cual se puede subir el siguiente escalón hacia esa meta. ENFOQUES intentó conocer la opinión del MINED, pero lo que se obtuvo fue silencio.