Las rejas de la prisión, la cama improvisada y los inquilinos desconocidos que eran el ambiente de Kevin Smith en su celda en la División Antincarcóticos de la PNC fueron cambiados ayer por las paredes de su lujosa residencia, en donde también funciona la oficina de su empresa Drillmasters.

Se sospecha que a nombre de esta empresa, Smith otorgó unos $6 millones al ex presidente de ANDA Carlos Perla y al ex gerente general de la misma Mario Orellana a cambio de que le adjudicaran licitaciones. La Fiscalía considera que las ganancias de Smith fueron de $18 millones.

En los últimos dos meses, cinco reos quedaron en arresto domiciliario o libertad condicional, favorecidos por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador. Smith fue el último de estos cinco en dejar la prisión.

El empresario permanecerá en su residencia, en San Salvador, mientras la cámara no resuelva una petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que el empresario vuelva a la cárcel.

Antes que Smith, las autoridades permitieron la salida del ex gerente de pozos de ANDA Jaime Trejo Pinel, quien ahora goza de libertad condicional.

La FGR sostiene que Trejo Pinel intercedió para que Drillmasters fuera aventajada por la comisión evaluadora de ofertas para que ganara varias licitaciones a cambio de dinero.

La cámara deberá resolver en las próximas horas la petición de la Fiscalía, la cual considera que Smith puede fugarse fácilmente de su actual residencia y que Trejo Pinel, además de fugarse, puede interferir en las investigaciones mediante la intimidación de testigos del caso.

Caso Silva

El pasado 24 de noviembre, la misma cámara ordenó que Nora Emely Parada, María del Carmen Ortiz y Óscar Mauricio Contreras, acusados de lavado de dinero y vinculados con el caso del diputado suplente Roberto Carlos Silva, también quedaran arrestados en sus residencias.

Para entonces, el argumento de la cámara fue que el artículo 294 del Código Procesal Penal, que no permite que se cambie la detención provisional por otras medidas en delitos como el de lavado de dinero, es inconstitucional y por ello no era aplicable al caso de los familiares de Silva.