Una lesión en la cabeza es casi una condena de muerte para alguien que no tenga a la mano $80. La red de establecimientos públicos de salud es incapaz de ofrecer a sus usuarios exámenes radiológicos que aporten luz al diagnóstico y, por consecuencia, al tratamiento. Con una necesidad a cuestas, los pacientes del sector público son encarrilados en un mecanismo que los lleva hasta las clínicas privadas, en donde van a poder obtener el servicio, a cambio de una cantidad de dinero. Entre las empresas que se nutren de clientes gracias a las carencias de los hospitales estatales están las que poseen o han poseído el ministro de Salud, Guillermo Maza, y su familia.

Una tomografía axial computarizada (TAC) no es una novedad digna de película de ficción. Es una tecnología al alcance de las masas desde la década de los setenta. Para la red de hospitales públicos en El Salvador, no obstante, sigue siendo un privilegio. De los 30 centros asistenciales, solo el de Niños Benjamín Bloom tiene el honor de contar con un aparato de estos en uso. A este se envía a algunos pacientes adultos desde otros centros públicos. No es raro que esté saturado. Por eso, cuando a Marina P. le dijeron en un hospital nacional del área metropolitana que su esposo necesitaba una TAC cerebral de forma urgente, solo le dieron una opción, que fue la de conseguir el dinero para hacérselo en una clínica privada.

“Si a mí me hubieran dicho que era tan importante, yo hubiera visto cómo hacer, hubiera prestado o algo así. Pero no, no supe nada y era bastante dinero el que pedían”, dice aún atribulada. En casos de traumas intracraneanos, la TAC sirve para dimensionar el daño y determinar el tratamiento. Ofrece casi tanta información como una cirugía, sin los gastos y sin el riesgo que implica esta última. Por eso en el Hospital Rosales se rechaza a quienes no puedan conseguir una TAC, aunque eso pueda significar condena a muerte.

Las estadísticas no son diplomáticas, y las de 2005 muestran con énfasis ese año los traumas en cráneo, tórax, cuello y sitios múltiples del cuerpo fueron la primera causa de muerte hospitalaria en personas de entre 10 y 59 años. “La vida del paciente. Esa es la verdadera razón por la cual los hospitales tienen que tener los TAC en sus instalaciones”, admite Maza, al ser cuestionado respecto a la importancia de la ausencia de estos aparatos en el Hospital Rosales, el principal centro de referencia para casos graves.

Hablar, sin embargo, siempre ha sido más fácil –y más barato– que actuar. El equipo de tomografías del Bloom es el único que tiene en uso la red pública, pero no el único que posee. En 2002, la Fundación Salvadoreña para la Salud (FUSAL) consiguió que una asociación de hospitales privados de la Florida donara a El Salvador dos unidades para tomografías y un equipo de resonancia magnética. Aparatos que llevan cinco años de espera y aún no han sido utilizados, no obstante la necesidad que tienen los médicos de contar con ese servicio.

El 9 de diciembre de 2006, cuando Ernesto P., de 47 años, llegó al Rosales inconsciente y con una herida en la cabeza, no había más remedio que recetar el examen para saber qué camino seguir. Los minutos son vitales en neurocirugía, según el médico del Hospital Rosales Camilo Villalta. Y bajo ese criterio, no sorprende que las tres horas que pasó Ernesto sin atención adecuada hayan sido mortales. “A él lo llevaron a las 2:30 de la tarde al hospital. A las 4 pude llegar yo. A las 5:30 ya me estaban diciendo que había muerto”, revela Marina, quien a más de dos meses de esa tragedia todavía no sabe qué fue lo que le pasó a su marido.

Desde su casa, ubicada en Soyapango, se aferra a la premisa de que él habría podido salvarse si hubiera recibido una mejor atención. Sentado tras el escritorio de su clínica privada, el médico Villalta le da razón: “Si yo espero, el deterioro neurológico va a ser mayor. En una hora el paciente puede estar muerto porque las patologías traumáticas no dan tiempo. Y no hablamos de horas, sino de minutos”. Ernesto era el sostén familiar y dejó en orfandad a una niña de siete años y a un joven de 22. El ministro Maza prácticamente parafrasea a Villalta en este punto (ver entrevista).

Como si el panorama no fuera ya oscuro, el único TAC que garantiza servicio gratis en el sector público, el del Bloom, se estropeó en julio de 2005. Entonces, todo ese mercado de personas desesperadas por un trauma o por una enfermedad cerebrovascular quedaron a merced del desembolso obligado de al menos $75 para ir a las clínicas privadas.

En esos días los hospitales nacionales estuvieron refiriendo a sus pacientes para TAC hacia los hospitales privados de Diagnóstico, Centro Scan y Climosal.

Cada centro ofreció sus descuentos a los clientes que obligadamente llegaban desde los hospitales públicos. El de Diagnóstico bajaba de $206 a $86; el Scan, $260 a $86; y Climosal, que fue el de la oferta que parecía más tentadora, $140 a $75. La clínica de radiología de este último centro asistencial se llama Clínicas Maza y en su interior exhibe grandes rótulos que la definen como parte del Grupo CIME.

Clínicas Maza tiene una página web que fue creada el 24 de febrero de 2006. En este sitio aparece destacada la foto del ministro de Salud, Guillermo Maza, al frente de un equipo de trabajo que está formado por un hermano y dos hijos del funcionario. A ellos se une la radióloga Norma Grace Díaz de Caceros, que, según el libro 2117 del registro de sociedades del Centro Nacional de Registros, es dueña del 49% de las acciones del Grupo CIME. Del otro 51% es dueña Gilma López, quien es secretaria y trabaja en Clínicas Radiológicas, un negocio ubicado en el Instituto de Ojos de la colonia Médica, en San Salvador.

El TAC del Bloom fue reparado en los primeros meses de 2006. La situación, sin embargo, no mejoró demasiado para los pacientes. Las referencias a los centros asistenciales mencionados siguen siendo el camino más transitado. Cuando un paciente necesita un TAC, una resonancia magnética o cualquier examen que la red pública no puede ofrecer, él o su familia solicita asesoría en las oficinas de trabajo social de los hospitales públicos. De ahí es de donde salen las referencias con nombre, dirección y teléfono. Y todas las del Hospital San Rafael, en Santa Tecla, salieron dirigidas a la clínica de la familia Maza. “Era más barato y era más cómodo para el paciente porque está más cerca”, reveló una trabajadora social del centro asistencial.

Esta situación solo se vio interrumpida cuando el tomógrafo de la Clínica Maza se arruinó, según relatan las trabajadoras sociales del San Rafael. El bache, sin embargo, está a punto de terminar. Las dependientes de la Clínica Maza han empezado a promocionar que el equipo volverá a funcionar este mes. Y los precios apenas registrarán cambios, “$140 precio normal y $80, si trae referencia de un hospital público”, anuncian las empleadas vía telefónica.

El gran favor

La Ley de Ética Gubernamental, vigente desde julio de 2006, fue creada con el afán de evitar que los funcionarios usen el puesto como un trampolín, como una manera de servirse con una cuchara más grande o que se pongan en conflicto de intereses. Como si se tratara de calzar situaciones, esta normativa dice en la sección de deberes de los servidores públicos: “Abstenerse de participar en la toma de decisiones en donde exista conflicto de interés para él o para sus familiares hasta en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

En junio de 2005, a Maza se le solicitó una opinión respecto a una actuación cuestionable del que por aquel tiempo era ministro de Turismo, Luis Cardenal, ya que su empresa era proveedora de un proyecto que involucraba al Gobierno. Las palabras de Maza hacia su compañero de gabinete fueron duras: “No se puede alegar ignorancia de la ley, nadie puede hacerlo, ministro o no. Si infringió la ley, no le quedaba más que renunciar”.

Maza asegura que, al asumir el cargo, se deshizo de las acciones que tenía en las clínicas, aunque admite que sigue siendo dueño de una. Reconoce, no obstante, que su familia sigue trabajando en ellas, y lejos de ver el riesgo de un conflicto de interés en el hecho de que los pacientes del sector público sean referidos a estas empresas porque el ministerio no responde con equipos, asegura que un favor se hace a la gente.

“¡Imagínese usted qué favor le estaban haciendo al paciente! ¡Imagínese qué favor! ¡Porque ahí no se le está ganando absolutamente nada al examen!”, fueron las palabras que usó al admitir que los hospitales de la red que él dirige remiten pacientes a las clínicas en las que trabaja su familia.

El recorte que las empresas aplican al precio no necesariamente produce en los pacientes un sentimiento de gratitud. Al menos no fue así en el caso de Salvador Oswaldo Alfaro, un mensajero que fue arrollado en diciembre de 2005. Fue atendido en un hospital público y pudo obtener una TAC en un centro privado solo gracias a que familiares y amigos hicieron una “cabuda” para reunir $85. “Yo pienso que eso de que le cobren a uno de pobre no está bien porque esos exámenes son demasiado carísimos”, dijo, antes de aclarar que el examen reveló que las lesiones que sufrió no le habían causado daños severos.

Maza insiste en que para las clínicas privadas no es negocio dar ese servicio. “No tiene ninguna ventaja financiera o económica hacerle exámenes al Ministerio de Salud”, subraya y admite de paso que las clínicas le dan el servicio al ministerio, aunque no medie ningún documento que lo formalice. Es difícil determinar el costo unitario de una TAC. En el Hospital Rosales y en el Hospital Zacamil se rehusaron a brindar información. El médico José Zanoni Yada estima que la inversión promedio en un tomógrafo es de $300,000, que debe recuperarse en un máximo de cinco años. Así, un dueño de tomógrafo debería facturar una media de $166.67 al día.

Otro médico, que pidió el anonimato por temor a represalias y que labora en un hospital público metropolitano, señala que la competencia por los pacientes es fuerte: “Mandan un montón de cartas y están va de llamar por teléfono. Si no hubiera negocio, ¿cree que se molestarían?” Él estuvo a cargo de analizar las ofertas de servicios radiológicos de las clínicas privadas. Y es que, aunque no haya convenio firmado, una empresa recibirá a los usuarios del sector público solo si recibe una autorización, y esta solo se obtiene cuando las clínicas presentan sus tarifas.

Reclamo de FUSAL

Las carencias de la red pública no se limitan a las TAC. Una resonancia magnética sirve para valorar varios padecimientos y alteraciones corporales del sistema nervioso central, del cerebro o de la columna vertebral. Es útil para examinar ojos, oídos, senos, boca y garganta. Su uso se extiende a lesiones óseas y de músculos. Los hospitales públicos cuentan con el que tiene el Bloom, aunque está fuera de servicio desde junio de 2006.

En el sector privado, ya con descuento, se cobra hasta $320 por un examen de estos. A la mayoría de pacientes de la red pública los refieren a CIRMA. Lo pagado por los usuarios de hospitales nacionales a las clínicas privadas es incalculable, pues no hay registros. Y mientras la gente sin dinero ha tenido que someterse a lo incierto, durante estos años un aparato de resonancia magnética ha permanecido guardado en un contenedor en el Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana. FUSAL donó ese equipo y dos tomógrafos –uno para el Zacamil y otro para el Rosales– y Salud aún no utiliza ninguno. Maza promete que los tomógrafos estarán en servicio poco después de Semana Santa. El equipo de resonancia, sin embargo, lo descarta al aducir que sería demasiado caro invertir en ensamblarlo y, dado es un equipo usado, no es seguro que funcione.

A los donantes no les hace gracia lo que consideran un desperdicio. “Da pesar, porque ese equipo es muy valioso y solo en el traslado se hizo una gran inversión. El contenedor, que es de FUSAL y que no nos han devuelto, costó $10,000. Y nada de eso ha sido eficientizado”, reclama la directora ejecutiva de la fundación, Celina de Choussy. Maza asegura que un estudio que hizo una concesionaria de General Electric determinó que Salud tendría que invertir más de $500,000 en poner a funcionar el equipo.

Choussy sostiene que la donación incluía instalación a cargo de General Electric y además, que el equipo venía completo.

El ministro insiste en que lo donado no ofrece garantía y derrama su duda sobre otras ocasiones en las que esta fundación ha intentado llevar equipo a la red pública, que él califica como “basura”: “A mí me ha tocado, en el mismo FUSAL, ir a ver equipo que me dicen que tienen en bodega y cuando llego, es basura, no sirve”.

Choussy declaró que ya le ha pedido al ministro que devuelva el equipo para concederlo a otra institución que sí lo utilice. Señala que ese desinterés echó a perder las posibilidades de obtener más aparatos: “Es una lástima, porque con eso se perdió la posibilidad de que los hospitales privados de la Florida siguieran dándonos el equipo que cada tres años ellos cambian”.

Los $320 de una resonancia, los $74 u $85 de una TAC o los $25 de una mamografía son una fracción del salario de $3,345 al mes que la Ley de Salarios otorga al ministro Maza. Los usuarios del sistema sanitario que dirige, no obstante, tendrán que seguir buscando ese dinero que los puede poner a salvo de la muerte, aún cuando pertenezcan a esos 1.3 millones de salvadoreños que viven con menos de $1 al día.