Unos carteles anunciaron el Programa de Nutrición Infantil que iniciaría en noviembre de 2006. Baterías de El Salvador, fabricante de los acumuladores Record, vendió a sus empleados de la planta de reciclaje la idea de que un equipo de médicos haría evaluaciones de desnutrición a parientes de los trabajadores de entre dos y 10 años. El disfraz fue el gancho. Pasadas las dos semanas de publicidad, el objetivo real del programa dependió solo de que el personal sanitario cumpliera una instrucción clara desde el diseño del plan: “No se hará mención en ningún momento sobre la prueba de plomo en sangre que se les va a tomar a los niños”.

Por eso Maribel Pérez creía que los médicos le sacaban sangre a sus dos hijos y a su sobrino para “medir la anemia”. A ella, hermana de un montacarguista de la empresa, nunca le dijeron que los resultados de la prueba de laboratorio practicada a Kevin, su hijo de seis años, y a Estiven, su sobrino de dos, salieron positivas a intoxicación por plomo. El primero con 33.5 microgramos por decilitro de sangre y el segundo con 36.3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija en 10 microgramos por decilitro el máximo para un menor de 16 años. En diciembre del año pasado, la empresa supo que Kevin, Estiven y otros 15 niños familiares de trabajadores de la planta estaban envenenados. Pero no les informó nada.

Maribel sabe que una intoxicación por plomo significa retrasos en el crecimiento y un daño al desarrollo intelectual de los niños. Está familiarizada con el término porque en febrero de 2005 su hijo mayor, Osmeri, de 10 años, salió positivo a plomo. En esa ocasión, Maribel sí conoció el resultado de las pruebas —que arrojaron 12.80— porque los análisis fueron parte de un estudio que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos hizo en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, lugar de residencia de los Pérez y de la planta de la Record.

El CDC y el Ministerio de Salud hicieron un muestreo con 33 niños de las comunidades aledañas a la planta entre finales de 2004 y principios de 2005. Además de Osmeri, Ángela Gómez, hoy de 11 años, y Marvin Cáceres, hoy de siete, salieron con niveles superiores al máximo establecido en normas internacionales. El CDC no solo encontró plomo en la sangre de los pequeños, sino también en el suelo, aire y agua que envuelve a la fábrica y a las viviendas. Los dedos apuntaron a Record como fuente contaminante, una empresa que se dedica a reciclar baterías de automóvil y que este año tiene una meta de producción de 800,000 unidades.

La Record ha designado al gerente de ventas y mercadeo, Samuel Martino, para que sea quien transmita la posición oficial. Y él intenta desembarazar a la empresa de cualquier responsabilidad por contaminar con plomo, asegurando que en la zona había presencia de este metal antes de que la planta se instalara. Para hacerlo, se ayuda de un estudio que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y del Fondo Iniciativa para las Américas (FIAES) realizaron durante todo 1996. La defensa, sin embargo, no toma en cuenta que en ese año la Record ya estaba en Sitio del Niño y que el objetivo del estudio era analizar la calidad de agua de ríos de diferentes zonas.

En 2005, el CDC, con el Ministerio de Salud como garante, dejó establecida una serie de recomendaciones que la empresa debía cumplir. Con el retiro de los funcionarios de Estados Unidos, el ministerio asumió el papel de vigilante de que los compromisos, que quedaron por escrito, se cumplieran.

Ese papel vigilante de las autoridades del ministerio, sin embargo, queda en duda, pues una fuente interna de la unidad de salud del cantón y dos médicos de la red pública de hospitales que han dado tratamiento a algunos de los habitantes intoxicados aseguraron que en la misma unidad han tenido instrucciones de no hablar de los resultados de las pruebas de plomo.

Cuando Enfoques habló con la directora, Griselda Bonilla, la primera vez esta dijo que no iba a dar información sobre el caso. En las instancias superiores tampoco brindaron información.

Bonilla, posteriormente, en una segunda entrevista, negó que haya orden de callar. Una autoridad de más alta jerarquía aseguró desde el anonimato: “Aunque existiera ese mandato, no lo cumpliría”. Las máximas autoridades de Salud se excusaron de hacer comentarios y argumentaron que el encargado de dar declaraciones estaba enfermo. La fiscalización que Salud ha hecho del cumplimiento de las recomendaciones dejadas por el CDC, sin embargo, sí habla, y no para bien.

Lo que la empresa debía hacer a favor de la comunidad quedó redactado así: “Llegar a mutuo acuerdo entre la empresa y la familia de los tres niños con resultados mayores de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, asegurando el retiro de los niños de la fuente de exposición y la empresa asumirá los costos de la atención clínica completa”.

Esa primera recomendación también señala que la fábrica debe “asumir costos de pruebas de plomo en sangre a todos los niños de dos a 10 años de las comunidades afectadas, así como la atención clínica si es requerida”. Bonilla estima que la unidad de salud a su cargo atiende a una población aproximada de 35,000 habitantes.

A la empresa también se le exigía hacer exámenes a los familiares de los trabajadores en un rango de edad de dos a 10 años. La Record —con la connivencia del personal sanitario, y gracias al supuesto Programa de Nutrición Infantil— logró hacer pruebas de plomo a 89 menores a escondidas de los padres. De esos análisis realizados en diciembre del año pasado, 17 revelaron niveles arriba de la norma establecida. Kevin y Estiven Pérez entre ellos. Se suman Ángela, Osmeri y Marvin —descubiertos por el CDC— para completar el grupo de 20 niños por cuyas venas corre sangre envenenada con plomo. Y seguro que hay muchos más contaminados debido a la fábrica, como estima Bonilla.

La deuda

A Baterías de El Salvador se le dijo que debía costear las pruebas y tratamiento de los vecinos de la planta. La empresa, de hecho, toma las recomendaciones que parió el estudio de 2005 como compromisos, al menos en papel. Porque en la práctica, cumplir con quienes residían en Sitio del Niño desde antes de que se instalara la planta ha sido, hasta la fecha, tarea pendiente.

De los tres pequeños que salieron con índices arriba de la norma en 2005, solo Osmeri y Marvin reciben algún tipo de tratamiento de parte de la empresa, ya que tienen familiares trabajando ahí. Ángela atraviesa una situación muy diferente. La única relación de ella con Record es que es vecina de la planta. Son 250 metros los que separan la vivienda de la familia Gómez Carrillo de la fundidora de plomo.

Cuando el CDC la encontró en 2005, Ángela presentó 11.76 microgramos por decilitro. En febrero de 2006 salió con 17, y en una prueba realizada el 2 de febrero de este año, llegó a 52.46. Con este nivel, la literatura médica asocia anemia, afecciones renales y alteraciones neurológicas, entre otros males. Tras el último análisis quedó ingresada en el Bloom, del que salió el 2 de abril y al que volverá mañana. “Me la prestaron, porque necesitaban la cama para Semana Santa y porque no le pueden hacer nada, porque no tienen la medicina que ella necesita”, resume Ángela Carrillo, madre de la niña. Los médicos que han visto el caso informan que solo se le pudo dar tres dosis de quelante, la sustancia que atrapa el plomo y ayuda a expulsarlo del organismo. La niña necesita cinco inyecciones.

Ángela, según el compromiso que Record aceptó, debía estar recibiendo un tratamiento patrocinado por la empresa. Contrario a esa disposición, la familia de la pequeña pasa dificultades hasta para pagar los pasajes de bus para ir al hospital. La madre de la menor vende tortillas y el padre es albañil, oficios que apenas aportan dinero para mantener a flote a una familia de nueve miembros.

Los Gómez Carrillo han podido financiar los exámenes que el Bloom no le puede hacer a la pequeña —entre ellos tomografías axiales computarizadas (TAC)— gracias a colaboraciones como las de los alumnos de la escuela de Sitio del Niño, quienes aportaron $0.25 cada uno para ayudar a su compañera. Igual han hecho iglesias y otras organizaciones de la zona.

Cerrar círculos

La tesis de que la fuente contaminante de plomo es la planta de Record la establecen documentos del Ministerio de Salud, e incluso una carta del ministro Guillermo Maza a la Asamblea Legislativa. “Los problemas ambientales que ha estado ocasionando la empresa Baterías Record”, dice el funcionario en referencia a la contaminación por plomo, en una nota del 5 de marzo de 2007, dirigida al diputado Donato Vaquerano, secretario de la comisión de salud.

LA PRENSA GRÁFICA encargó pruebas de sangre a cinco habitantes de los contornos de la fábrica.

Las pruebas mostraron que a medida que la distancia entre las viviendas y la planta se reduce, la concentración de plomo en sangre aumenta. El medio más común para que las partículas de este metal se transporten es el aire. “Si es una zona donde fluyen muchas corrientes de aire, como en el caso de un valle, el plomo se desplaza a mayor distancia en la dirección en la cual el aire fluye”, explica Sandra Peraza, de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. El cantón Sitio del Niño es parte del valle de San Andrés, donde el plomo no hallaría muchos obstáculos para viajar por el aire. Una fuente de la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en El Salvador estimó que en este caso las partículas de plomo podrían estar viajando hasta unos ocho kilómetros desde la fuente emisora.

Los niños son quienes absorben el plomo con mayor facilidad, dado que como se encuentran en desarrollo, el metal sustituye al calcio que demandan los huesos para su crecimiento. Los menores de edad pueden absorber hasta un 50% del plomo que reciben, mientras que los adultos entre 20% y 30%.

De las cinco pruebas tomadas el pasado 29 de marzo, la que marcó el nivel más alto fue la de Alexander Capacho, un niño de cinco años de edad que reside a 450 metros de distancia de la planta. Tras pasar toda su vida en este lugar, tiene nueve microgramos por decilitro de plomo en sangre. Aunque en ninguno de estos casos la cantidad de metal supera la norma, se sabe que niveles de plomo abajo de los 10 microgramos por decilitro pueden ocasionar un estancamiento en el crecimiento y una disminución del coeficiente intelectual. “Es un impacto que no se detecta en un niño en particular, pero sí puede ser significativo en toda una población infantil”, detalla un estudio de toxicología por plomo que respalda el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias (CEPIS).

En las calles polvosas de Sitio del Niño ya hay quien teme que esos síntomas a nivel colectivo se estén reflejando. En la escuela pública del cantón, ubicada a 460 metros de la planta, la directora María de los Ángeles de Pacheco da cuenta de que el rendimiento de los alumnos ha decrecido. De un 8.7 alcanzado en pruebas a las que se sometieron niños de primaria en 2003, el promedio bajó a 5.6 en 2006.

En su bicicleta, Marvin Gómez pasa rompiendo las nubes de polvo que se le atraviesan camino a su casa. Como toda su familia, quisiera que su hermana Ángela ya no regresara al hospital. El adolescente luce una característica especial y es que no aparenta los 14 años que ha cumplido. Apenas mide 1 metro con 43 centímetros. “Es una estatura tremendamente baja”, comenta el pediatra Ángel Duarte, del Hospital Bloom. El médico dice que se esperaría que a esa edad el niño llegara a una talla de 1.60 metros.

Hacia adentro

Entre las recomendaciones que recibió la empresa, también figuraban algunas dedicadas a proteger la salud de los trabajadores, y por consecuencia la de sus familias, ya que se sospecha que una de las formas más comunes de contaminación por plomo es el contacto que hay entre personas que manipulan el metal y sus seres queridos.

Se solicitó a la Record que hiciera pruebas de plomo a los trabajadores. La empresa acató y descubrió que de los 370 empleados de la planta, 242 (65%) tenían niveles arriba de 40 microgramos por decilitro. La OMS fija en este punto la máxima cantidad de plomo en sangre que puede tener una persona que trabaja en esta industria. Pero en total, el 80.7% de los trabajadores presentaron niveles de envenenamiento (arriba de 10 puntos).

A partir del hallazgo, la empresa implementó programas de tratamiento de las víctimas, de rotación de puestos y de incremento de medidas de seguridad. En la fiscalización de estos puntos se involucrarían Salud y Medio Ambiente. Esta última cartera de Estado, no obstante, tiene poco margen de acción, ya que carece de herramientas.

En aire, por ejemplo, el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) solo ha aprobado una norma de inmisiones atmosféricas. Con este instrumento, Ambiente dispone de métodos para medir y proteger a quienes están dentro de la planta, pero no a los que están afuera. Es que la norma de emisiones, que regularía lo que se lanza hacia afuera, no está aprobada. Ha cumplido seis años de puro debate.

De parte de Record, el gerente Martino asegura que las 28 libras de plomo, las dos libras de polipropileno y un galón de ácido que componen cada batería se quedan atrapados en los filtros y no salen al ambiente. No hay, sin embargo, una norma que oficialice el método para probarlo. El ministro del Ambiente, Carlos Guerrero, dijo conocer de las denuncias por contaminación en Sitio del Niño, pero asegura que todo está bajo control. “Lo importante es que esa contaminación esté dentro de los marcos de normativas nacionales y mundiales, y hasta ahora ellos (planta) han cumplido.” Pero no se controlan las emisiones.

Guerrero basó sus declaraciones en auditorías que dice que se realizan cada tres meses. Sin embargo, incluso ese proceso lo cuestiona un trabajador de la empresa que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias en la fábrica. Aseguró que cuando el Estado llega a hacer los controles, la planta dispone reducir la producción hasta en un 50%.

Los discursos de las víctimas de la intoxicación coinciden en un punto, y es que quieren que la planta se vaya de Sitio del Niño. Mientras ellos quieren que se vaya, las casas siguen proliferando en las cercanías. Como Ciudad Versalles, que ya tiene cientos de viviendas habitadas y anuncia un próximo crecimiento de 5,000 casas más.

De los miedos y quejas que circulan por el lugar, solo la familia de Ángela Gómez los tradujo en denuncia ante la Fiscalía. El caso está aún en averiguación. Los Gómez Carrillo, entre tanto, esperan entre plegarias que la salud de su hija y la de los demás habitantes del lugar no sucumba ante el peso del plomo.