El juez federal Dennis Smith tiene previsto iniciar formalmente hoy en Fairfax, Virginia, el juicio por doble asesinato agravado contra el salvadoreño Alfredo Prieto, de 41 años.

A Prieto se le acusa de haber asesinado en 1988 a dos estudiantes de la Universidad George Washington, ambos de 22 años. Según las investigaciones de la fiscalía, Prieto secuestró afuera de un bar en la capital estadounidense a Rachel Rave y a su novio Warren Fulton.

Según la fiscalía, Prieto los trasladó hasta Reston, Virginia, a unos 45 kilómetros de Washington, en donde violó a la muchacha y posteriormente asesinó a ambos estudiantes.

Prieto ya tiene sobre sus espaldas una sentencia a muerte dictada en California por la violación y asesinato de una adolescente en la ciudad de San Bernardino, en 1990. Por ese crimen fue condenado a muerte en 1991. Por ello, la fiscalía de Virginia solicitó en 2004 la extradición de Prieto desde California a este estado, contiguo a la capital estadounidense, para juzgarlo por los asesinatos supuestamente acontecidos en Virginia dos años antes del caso por el cual fue sentenciado en California.

En la audiencia inicial, el fiscal del caso, Robert F. Horan, pidió al juez dos días adicionales para completar la evaluación psicológica de Prieto y para actualizar los testimonios, tomando en cuenta que Prieto ha estado fuera de Virginia desde 1988.

Adicionalmente, desde el martes, los fiscales, el juez y los abogados defensores de Prieto se enfrascaron en la selección de jurados. Ambas partes eligieron de una lista de 96 candidatos a 12 ciudadanos que serán los encargados de decidir si Prieto es culpable o no.

Uno de los abogados de Prieto, John Shapiro, dijo: “Vamos a intentar demostrar que no hay pruebas contra el señor Prieto en estos casos, aunque teniendo una condena pendiente en California, eso hace este caso sumamente difícil”. El abogado dijo que, de encontrársele culpable, pedirán al juez una condena a cadena perpetua, en lugar de la pena capital que pide la fiscalía.

El principal argumento de la defensa es una evaluación psicológica que consigna que Prieto no es mentalmente estable y que eso podría afectar sus decisiones de juicio y que, por lo tanto, según las leyes estadounidense, no puede ser elegible para condena de muerte, sino solo a cadena perpetua sin opción de libertad condicional.

Sin embargo, el fiscal Horan adelantó otras evaluaciones psicológicas que certifican que Prieto no es un deficiente mental.