La novedad legal más reciente para luchar contra la delincuencia –la creación de jueces especiales para juzgar el crimen organizado– le costará al Estado un gasto inicial de $5 millones. El gasto anual de funcionamiento aún no ha sido determinado.

La Ley contra el Crimen Organizado ordena la creación de los juzgados de Instrucción, Sentencia y cámaras especializadas, los cuales conocerán delitos complejos de homicidios, secuestros y extorsiones. ¿Era necesario esto? ¿Están los jueces ordinarios bajo constante presión y amenaza de organizaciones criminales?

Los diputados, los miembros del gabinete de seguridad y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que muestran más entusiasmo con la próxima creación de esas judicaturas. Los jueces actuales, sin embargo, consideran que esta reforma legal es innecesaria, según una investigación realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

LPG Datos entrevistó al 71% de los jueces del país y, entre otras cosas, se les preguntó lo siguiente: Dentro de poco serán instaladas unas judicaturas especiales para juzgar el crimen organizado. En su opinión, ¿era necesario o no que se crearan estos tribunales? El 72.4% respondió que no y los más convencidos de ello son los jueces de instrucción.

¿Entonces qué hace falta? La información muestra que los jueces están convencidos de que el principal problema del país es la delincuencia, pero no creen que la solución esté en hacer más reformas legales, si no en mejorar el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) con la ejecución de más patrullajes y mejor trabajo de investigación.