Será el próximo martes 10 de julio cuando la Comisión Nacional para la Seguridad Ciudadana y la Paz Social presente al presidente de la República, Antonio Saca, un consolidado de 75 recomendaciones para combatir la violencia y la delincuencia en El Salvador.

El objetivo del documento es que sirva “como insumo para que las instituciones responsables formulen una política integral de seguridad ciudadana y convivencia en el país”, reza un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que apadrina la mesa creada por el Ejecutivo el año pasado.

El nombre con el que se ha bautizado el informe final es “Seguridad y paz, un reto de país: Recomendaciones para una política de seguridad ciudadana en El Salvador”.

Tal como lo publicó LA PRENSA GRÁFICA el lunes pasado, una de las principales líneas que sugiere la comisión es liderar “una reingeniería de su estructura organizativa, una redefinición de sus funciones, procesos y procedimientos”.

Siempre relacionado al tema policial, la comisión también recomienda que la Inspectoría General de la institución uniformada se separe de la estructura orgánica de la PNC. Desde inicios de año hubo un intento por separar la Inspectoría de la Policía y pasarla bajo la administración directa del Ministerio de Seguridad y Justicia, pero la medida no prosperó.

Además, la comisión recomendará que el Gobierno debe apostarle a la creación del instituto de ciencias forenses y así fortalecer que los procesos judiciales vayan basados más en prueba científica y no en prueba puramente testimonial.