El coordinador del programa de gobernabilidad democrática del PNUD, Manuel Sevilla, dimitió después de que el organismo afrontó una controversia debido a la publicación de uno de sus estudios sobre seguridad el pasado 8 de junio. “Renuncié hace un par de días”, se limitó a comentar el funcionario, quien seguirá en el cargo hasta el próximo 1.º de agosto, cuando deje la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sevilla es responsable directo de la creación de un informe sobre eficiencia del sistema judicial que elaboraron los abogados Sidney Blanco y Francisco Díaz. El coordinador se encuentra en el tercer nivel de jerarquía de la sede en El Salvador.

Blanco y Díaz aseguraron, en un principio, que el estudio —que mostraba datos como una tasa de impunidad del 96% en asesinatos— podría servir a escala nacional, aunque el mismo documento restringía su certidumbre a tres municipios del país: San Salvador, San Miguel y Santa Ana.

El vocero del PNUD, Miguel Huezo Mixco, citó a la representante de Naciones Unidas, Jéssica Faitea. “Manuel adujo razones personales para su salida y esperamos que continúe colaborando con nosotros”, recalcó.

Sevilla se rehusó a ahondar en las motivaciones de su salida. Aquel estudio, titulado “Deficiencias policiales, fiscales o judiciales en la investigación y juzgamiento causantes de impunidad”, llevó a Naciones Unidas a sostener una confrontación con el Ejecutivo. El 8 de junio, el día de la presentación, el ministro de Seguridad, René Figueroa, arremetió: “Es un estudio desfasado con cifras obsoletas, con algún sesgo por la tendencia ideológicas de los dos consultores”.

El 27 de junio, Faieta tomó distancia al mencionar que si bien el PNUD es propietario del trabajo, el informe era “documento de los consultores”. Aquello fue una especie de desacreditación del estudio.