El director de la Policía Nacional Civil (PNC) ya habla abiertamente de depurar la institución que dirige. Lo que a mediados del año pasado, se recetó únicamente para la Policía de Tránsito —cuando 120 agentes fueron trasladados hacia otros puestos—, ahora ya aspira a ser el antídoto para un mal que parece haber permeado una porción no determinada de la corporación policial: los comportamientos fuera de ley.

El director, Rodrigo Ávila, dice estar al tanto de la amenaza, aunque insiste que de los cerca de 17,000 miembros que conforman la Policía, la cantidad que presenta problemas de comportamiento es mínima. “No pasan de 200”, dice.

“Hay policías que se han salido totalmente del marco de la ley, de la doctrina. No vamos a tolerar esas conductas, y quien haya estado en esos malos pasos sabe que lo vamos a procesar. No es ningún tipo de cuento, ni nada”, dijo Ávila el jueves.

Ese día, por la madrugada, un agente dedicado a la seguridad en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) había sido arrestado por la muerte de un colega. Y aunque Ávila siga insistiendo en que ese homicidio es un caso aislado, ahora el funcionario parece estar consciente de que el mismo caso puede tener réplicas en todo el país: “Se lo digo. Lo que necesito es un instrumento para depurar a los que no tienen perfil ni las conductas adecuadas para ser policía”.

El 29 de agosto, el ministro de Seguridad y Justicia, René Figueroa, acompañado por buena parte de su gabinete, llegó a la Asamblea Legislativa y presentó la propuesta de reformas a la ley disciplinaria policial. Con ella, lo que se persigue es asignar a las diversas faltas en las que podría incurrir un policía su respectiva sanción, que irá desde la amonestación verbal hasta la destitución. La Policía ahora depende de la celeridad con la que los diputados discutan la propuesta.

El director habla de depuración justo en medio de una seguidilla de acontecimientos en los se ha evidenciado el mal comportamiento de algunos agentes.

La última vez que en los corrillos policiales se habló de depuración fue con el ex director Mauricio Sandoval (1999-2003). El antecedente, en 2001, no fue del todo feliz.

La sombra de Sandoval

Sandoval fue autorizado vía decreto transitorio para remover a los policías, de diversos rangos y cargos, que estuvieran envueltos en actos ilegales. Todo en apenas 120 días. Y lo hizo: 925 policías fueron destituidos.

Meses después, la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la aplicación el decreto 101 y obligó a la Policía a reubicar a los desplazados y pagarles el tiempo no devengado. A 2005, la institución había gastado $1 millón 490,000 en la reincorporación.

Ávila es consciente de que cuando dice “depuración” el referente obligado es Sandoval, y por ello, es rápido al zanjar que su propuesta “no es masiva, ni es un atarrayazo”. “Todo irá precedido de una investigación. Se irá caso por caso, respetando las garantías del debido proceso”, prometió.

Ávila, no obstante, ha dicho que podrá utilizar a su favor la figura de “pérdida de confianza”, la misma fórmula que Sandoval usó para remover a 925 elementos. “Pero lo que yo propongo es que se haga con base en pruebas, no en base a presunciones”, acota el ex viceministro de Seguridad.