La Corte Suprema de Justicia (CSJ) complicó la relación comercial preferencial que la Unión Europea otorga a El Salvador bajo el Sistema Generalizado de Preferencias especial, SGP Plus.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró el lunes ilegal la ratificación del convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), uno de los dos acuerdos laborales que la UE exigió para ingresar a El Salvador a la lista de países que podían gozar del SGP Plus. La Corte sentenció que dicho convenio, que permite la libre sindicación, contraviene la Constitución salvadoreña, que prohíbe sindicatos en instituciones estatales.

“No está cerrada la posibilidad para el sector público, pero tal como lo establece ahora la Corte habrá que ir a corregir en este caso a la Constitución”, afirmó Luis Mario Rodríguez, el asesor jurídico presidencial

De hecho, el funcionario reconoció que esta decisión de la Corte era algo que el Ejecutivo no había descartado, ya que para ratificar los convenios de la OIT era necesaria la participación de dos asambleas legislativas.

“Nosotros dijimos en su momento que existía la posibilidad de que en un control de constitucionalidad, que se diera por los antecedentes que había en unos amparos, la inconstitucionalidad de estos convenios”, destacó.

La resolución de la CSJ cayó como balde agua fría a los exportadores y las asociaciones de trabajadores públicos.

Los exportadores obtienen beneficios en la exportación al bloque de 27 países, con productos como atún, miel, plantas ornamentales, café tostado y otros. “(El fallo) es nefasto, con esto retrocedemos en las exportaciones en lugar de fomentarlas a uno de los mercados más potenciales que tenemos”, dijo Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), al calcular que cerca del 90% de las exportaciones hacia el Viejo Continente se verá impactado, ya que por hoy no pagan aranceles.

Cuéllar pidió al Gobierno iniciar una “negociación inmediata” con la UE para que la declaratoria de inconstitucionalidad del convenio 87 de la OIT no afecte el intercambio comercial.

Cuéllar también resaltó que si bien se pudieran mantener las preferencias arancelarias del SGP general, esto no es garantía para continuar exportando con arancel cero a Europa, de hechos, productos como el atún ni siquiera se contemplan en el SGP general. “De todas maneras nos vuelven anticompetitivos frente a otros países” que sí tendrían el SGP Plus.

“Preocupación”

En ese sentido, Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta de la República, reconoció que el fallo de inconstitucionalidad “sí preocupa porque Europa es un mercado importante que consideramos prioritario para esa apertura que estamos promoviendo como región y como país”.

La vicepresidenta se comprometió a buscar opciones para no perder competitividad en el mercado europeo: “Seguiremos viendo qué más se puede hacer para continuar gozando de esos beneficios”.

Europa, mientras tanto, reaccionó con cautela pero abierta a buscar una solución para no afectar el comercio del país.

“No hemos visto con alegría, es lo menos que se puede decir, la decisión de la Corte, pero estamos seguros de que todos los problemas se pueden solucionar y que los legisladores y el ejecutivo y el cuadro jurídico permitirá encontrar una solución al problema”, dijo el diputado europeo Raimon Obiols i Germá, quien preside una gira de parlamentarios europeos por el país.

Por su parte, Raúl Melara, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), fue más optimista: “La UE tiene que dar la misma lectura que nosotros damos sobre el respeto al Estado de Derecho y la decisión constitucional”.

Mientras, sindicatos y asociaciones de trabajadores en proceso de legalización al amparo de estos convenios reaccionaron indignados y anunciaron protestas.

“El sector laboral tiene que entender que hoy es cuestión de tiempo para que (la sindicación) se pueda volver constitucional”, afirmó Roberto Espinal, titular del Ministerio de Trabajo.