El Salvador pide nuevo juicio
La representación nacional presentó datos históricos y científicos, además de al menos 17 referencias a la jurisprudencia internacional, para cuestionar la prueba con que la Corte Internacional sustentó el fallo de 1992, referente al bolsón de Goascorán.

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martes 9

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La defensa
Este día, la representación de la República de Honduras hará su primera aparición frente a los cinco magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Los litigantes hondureños presentarán contraargumentos para hacer creer a los jueces que hubo negligencia de El Salvador en la búsqueda de pruebas relacionadas con Goascorán.

Lo que pasó Ayer
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Ayer fue el primer día para
la parte de El Salvador.
La canciller María Eugenia Brizuela de Ávila dijo a los jueces que El Salvador atiende un derecho y un deber que lo asiste al pedir una revisión parcial al sexto sector limítrofe.



Pruebas nacionales


1762
Documentos del siglo XVIII son la prueba histórica. Investigaciones de campo forman
la prueba técnica.


Diferendo limítrofe

76.2

km² es la extensión del bolsón de Goascorán, por el que litigan El Salvador y Honduras en la Corte Internacional.


ALGUNAS FECHAS

11 de septiembre de 1992, La Haya resuelve que más de 300 kilómetros cuadrados de 450 en disputa corresponden a Honduras,
entre ellos Goascorán. Una década después, el 10 de septiembre de 2002, El Salvador pide revisión a la Corte por Goascorán, argumentando que ha encontrado un hecho nuevo. 8 de septiembre de 2003, El Salvador arranca los alegatos en el juicio que durará una semana.

Septiembre 9. El Salvador inició ayer su participación en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, y reafirmó que la petición de revisión del fallo de 1992, relacionada con diferendos limítrofes, es legal.

Luego, con ayuda de pruebas históricas, argumentó que el mapa que presentó Honduras para agenciarse el bolsón del río Goascorán durante el juicio que inició en 1986 y que terminó en el 92 es inexacto, y que debe revisarse esta parte del fallo.

La representación nacional utilizó la primera parte de su exposición para desvirtuar los argumentos con los que Honduras pretende convencer a la CIJ de no proceder con la revisión.

Sabida con anterioridad la posición hondureña, la canciller María Eugenia Brizuela de Ávila la calificó de absurda, insincera y peligrosa.

Honduras consignó su postura en La Haya en abril de este año a fin de cuestionar la admisibilidad de la petición salvadoreña.


El desarrollo

Contundente. En inglés y en francés, Brizuela de Ávila contrarrestó los dos principales alegatos hondureños: que El Salvador hizo su petición fuera de tiempo y que, al pretender una revisión, no reconoce el fallo dictado por La Haya hace 11 años.

“El Salvador reconoció, reconoce y reconocerá el fallo, pero apela a su legítimo derecho de pedir revisión parcial de una porción que representa sólo el 4 por ciento de la tierra que estuvo en disputa. La revisión se refiere a una necesidad de justicia que Honduras ha tratado de deslegitimar”, sostuvo.

La ministra recordó en la sala de jurados que un día después del fallo, el 12 de septiembre de 1992, Tegucigalpa envió personal civil y militar a ocupar la frontera “sin saber qué se les había otorgado exactamente. El Salvador, sin embargo, tomó los pasos para demarcar, lo cual significa que hay aceptación del fallo”.

Luego, hizo una de sus primeras inflexiones: “¿Qué Estado es el que ha actuado con mala fe procesal?”, cuestionó Brizuela de Ávila, al tiempo que ella misma calificó esa idea hondureña como “absurda y peligrosa”.


Mapas inexactos

El estatuto de la CIJ, en el primer párrafo del artículo 61, establece que la aplicación de revisión debe estar sustentada en un hecho nuevo.

Según El Salvador, ese hecho está comprobado por una serie de pruebas científicas e históricas que establece que la frontera demarcada entre Honduras y El Salvador por el río Goascorán es distinta a la que la CIJ conoció antes de 1992.

El español Antonio Remiro Brotons, concejero de la representación nacional, expuso ayer que la prueba histórica no pretende demostrar que los mapas encontrados en Chicago y en Madrid son auténticos, sino establecer que tanto el de Chicago como otro presentado por Honduras como prueba en 1992 —que fue elaborado por la misma expedición en 1794 y se encuentra en el Museo Naval de Madrid— son inexactos y carecen de valor oficial, por lo que la CIJ debe conocer las nuevas pruebas conseguidas por El Salvador para determinar la ubicación real de la frontera antes de un temporal en Centroamérica en 1762.

Mauricio Gutiérrez Castro, agente salvadoreño, ha dicho: “Son hechos comprobados con pruebas nuevas”. Antes de eso, sin embargo, los salvadoreños debían demostrar que habían cumplido con todos los requisitos legales para pedir la revisión.

El mapa de Newberry, tal como adelantó LA PRENSA GRÁFICA en su edición de ayer, forma parte del cúmulo de pruebas que puede llegar a desencadenar un nuevo análisis del bolsón del río Goascorán.


Los plazos

En su reglamento, la Corte determina dos plazos procesales: el hecho nuevo debe ser descubierto antes de que se cumplan 10 años del fallo inicial y la petición de revisión debe ser presentada seis meses después del descubrimiento. Honduras duda de que El Salvador haya encontrado el mapa el 10 de junio de 2002; esto es tres meses antes de que caducara el primer plazo, y señala en su alegato escrito “la ausencia de diligencia en la obtención de pruebas durante el proceso inicial y la mala fe al introducir su petición tan tarde”.

La representación nacional contestó ambos alegatos. Según Brizuela, la guerra que vivió el país en la década de los 80 imposibilitó que El Salvador contara con los recursos necesarios para buscar más elementos; además, “los nuevos hechos no aparecen en una tabla del tiempo predeterminada”. La funcionaria recordó que ambas naciones supieron, durante el proceso inicial, que podía haber documentos referidos a la demarcación colonial de Centroamérica en la ciudad de Proc, República Checa, pero ninguno tenía suficientes recursos para buscarlas.

Maurice Mendelson, profesor de Derecho Internacional y asesor de la representación salvadoreña, recalcó que El Salvador también había cumplido con el plazo de seis meses para obtener las pruebas científicas e históricas derivadas del hallazgo del nuevo mapa. “Chicago certificó la existencia del mapa el 13 de julio de 2002; El Salvador hizo fotos ese mismo mes dentro del plazo establecido”, dijo.

El asesor inglés también recurrió a la jurisprudencia establecida por el español Santiago Torres Bernárdez, mismo que actúa en este juicio como juez ad hoc nombrado por Honduras, para refutar la acusación de negligencia presumida por los hondureños en la búsqueda de nuevos hechos.

Torres Bernárdez, en fallos anteriores, ha determinado que la negligencia depende de las circunstancias. “En los 80, el 47 por ciento del presupuesto salvadoreño estaba destinado a la guerra y, según un informe de Naciones Unidas, la guerrilla tenía una estrategia para hacer colapsar la economía. Ésas son circunstancias especiales”, apuntó, según dijo Mendelson.

Además de exigir que el hecho probatorio sea nuevo, que su hallazgo cumpla con los plazos procesales y que no haya existido negligencia, la CIJ establece que la nueva prueba deba resultar decisiva a la hora de revisar el fallo. Según Mendelson, El Salvador demuestra que el Goascorán tenía un curso diferente al actual. Recordó, además, que en 1992, la CIJ reconoció que la prueba presentada era insuficiente para demostrar el cambio de curso.

“Hoy, El Salvador ofrece elementos que darán nuevas luces, más pruebas de que la frontera no estaba donde está ahora. No se puede ser más decisivo que eso”, replicó.

Antonio Remiro Brotons cerró la exposición con referencias históricas (ver nota aparte).

Por su parte, Honduras reaccionó ayer mismo al considerar que las pruebas salvadoreñas eran argumentos y no tenían fundamento.